Autor: Azaola, José Miguel de. 
   La noria de las autonomías     
 
 El País.    09/01/1979.  Página: 9. Páginas: 1. Párrafos: 8. 

EL PAÍS, martes 9 de enero de 1979

OPINIÓN

La noria de las autonomías

JOSÉ MIGUEL DE AZAOLA

Los autores de la Constitución que estamos ahora estrenando han establecido para las autonomías un sistema que, difiriendo en algunas cosas —varias de las cuales podrían resultar importantes— del que estableció la Constitución de la Segunda República, coincide con él, desgraciadamente, en un punto esencial: el de que hace necesario elaborar, para cada comunidad autónoma, un estatuto distinto. El futuro dirá si, bajo la ley fundamental de 1978, el sistema dará parecidos, o mejores, o peores frutos que bajo la de 1931.

El futuro dirá también si los estatutos, además de ser distintos, son diferentes, por lo menos en lo esencial, que es la amplitud de la autonomía de cada comunidad. Pues, para configurar sus instituciones propias o resolver otros problemas internos, no hace falta ir a negociar a Madrid. Probablemente, las Cortes dejarán que cada comunidad autónoma zanje estas cuestiones como mejor lo entienda, con tal que en el estatuto correspondiente se esbocen las líneas generales de su solución (las cuales, por otra parte, están ya esbozadas en la Constitución). Lo que las Cortés examinarán con lupa, serán las competencias que el Estado va a ceder a la comunidad autónoma, la forma en que el estatuto disponga que ha de tener lugar su ejercicio, y la manera de financiar los servicios descentralizados. Por lo que a estos puntos respecta, la diferencia entre las distintas comunidades puede, teóricamente, ser muy

grande; pero ¿lo será también en la práctica?

Hace pocos días, un miembro muy destacado de la Junta de Andalucía me aseguraba, él sabrá con qué fundamento (pero no tengo motivos para poner en tela de juicio sus afirmaciones), que la comunidad andaluza no se contentará con una autonomía menos amplia que la catalana. Y hace apenas 48 horas, un militante no menos destacado (aunque, es cierto, con menos responsabilidades políticas que el anterior) del movimiento autonomista castellano-leonés venía a decirme algo muy parecido en lo que a su comunidad antañe. Llegado el momento de discutir los estatutos respectivos en las Cortes, ¿en qué podrán éstas basarse para recortar las autonomías andaluza o castellana, contra la voluntad de la comunidad interesada, con más rigor que la autonomía catalana? Se va, pues, a elaborar unos estatutos que, en lo esencial, serán probablemente bastante parecidos unos a otros.

En el año y medio que han necesitado para hacer la Constitución, las Cortes han tenido tiempo sobrado para fijar en ella un techo autonómico estable, común a España entera, y debajo del cual cada comunidad habría podido acomodarse sin necesidad de ir a negociar a Madrid, con lo cual se habría ahorrado, a la vez, tiempo y trabajo para el futuro. Pero no vale llorar sobre la leché derramada. Las comunidades aspirantes a la autonomía tendrán que hacer cola ante el caserón neoclásico de la carrera de San Jerónimo y aguardar allí, con sus respectivos proyectos bajo el brazo, a que sean despachados los traídos por quienes llegaron antes. Esperemos que no tarde demasiado en ponerse, a dar vueltas la noria de las autonomías.

Por de pronto, se han presentado ya dos proyectos de Estatuto: el vasco y el catalán. Hablando del que, como vasco, me afecta más directamente, y sin perjuicio de analizarlo con detalle en otro momento, diré que me parece gravemente defectuoso, en primer lugar porque, con él, el régimen foral no se actualiza, sino que se volatiliza, a pesar de que habría sido posible (difícil, pero posible: como lo he dicho varias veces, y todavía muy recientemente) actualizarlo sin violar la Constitución.

Desgraciadamente, era más cómodo y más rápido hace poco más que un mero apéndice de la Constitución, con la original particularidad de que. en varios puntos, ese apéndice se condena a sí mismo porque no se ajusta a la Constitución, lo cual lo hace —al menos en esos puntos— inviable.

La precipitación y la improvisación se transparentad en este proyecto, como no podía menos de ocurrir, dadas las prisas con que ha sido elaborado. No obstante, habría sido posible empezar a prepararlo en" el pasado mes de julio, recién aprobado por el Congreso un texto constitucional—que todos lo sabíamos— el Senado sólo iba a modificar en puntos de detalle. Pero las querellas entre los partidos impidieron hacer entonces, despacio y aceptablemente, lo que ahora se ha hecho apresuradamente y en forma un tanto desdichada.

Y así. ha resultado inevitable el que varias fuerzas políticas hayan logrado incluir (como era previsible) la reserva que figura en la disposición final. Reserva que, sin duda, no aceptarán las Cortes y que no se limita (como la que figuraba en el artículo primero del estatuto plebiscitado en 1933) a hacer constar la aspiración de las entidades históricas vascas «a la restauración foral íntegra de su régimen político-administrativo», sino que reivindica los derechos que «puedan corresponder» a! pueblo vasco «como tal» en virtud, entre otras cosas, «de su voluntad de autogobierno»; lo que, además de no ser constitucional, desborda por completo el marco foral (no es una reivindicación fuerista, sino nacionalista) e incluso lo contradice. Confieso que mi previsión no llegaba tan lejos; y pregunto: si las Cortes eliminan esta disposición (y es seguro que lo harán, como las Cortes republicanas eliminaron la salvedad que se hacía en el otro .proyecto), ¿cuál será la suerte del Estatuto vasco en el referéndum, que esta vez no será anterior, sino posterior a la discusión en el Parlamento?

La respuesta es tanto más incierta cuanto que, con las nuevas elecciones a Cortes, la noria de las autonomias tardará más de lo previsto en ponerse a dar vueltas y el futuro se carga de más incógnitas que las que ya llevaba encima, por si éstas eran pocas. La decisión de disolver las Cortes (que parece inoportuna, e incluso perjudicial, miradas las cosas atendiendo a las necesidades del Estado, no a las conveniencias de los partidos) marca un compás de espera en la tramitación de los estatutos.

Y nuevas preguntas llueven: ¿cuál será la futura mayoría parlamentaria? ¿Cuál será su criterio sobre el tema autonómico? Los nuevos parlamentarios vascos, ¿harán suyo este proyecto, o preferirán enmendarlo antes de defenderlo en Madrid? Bien osado será quien conteste ahora a todas ellas.

Entre tanto, no sólo el problema de las autonomías, sino todos los demás que el país tiene planteados, por graves que sean, seguirán sin resolverse. Porque no será en el ambiente de incertidumbre y demagogia de dos campañas electorales sucesivas (la de las elecciones a Cortes y la de las inmediatamente posteriores para los ayuntamientos) donde nuestros gobernantes encontrarán la valentía, la serenidad y la firmeza suficientes para enfrentarse con ellos y darles unas soluciones adecuadas.

 

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