Autor: Guaita, Aurelio. 
   Acoso a provincias y diputaciones     
 
 ABC.    03/07/1979.  Páginas: 1. Párrafos: 9. 

TRIBUNA PUBLICA

Acoso a provincias y Diputaciones

Según el art. 141.1 de la Constitución, la provincia es una «división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado». En su esencia, inmutada desde principios del siglo pasado, la provincia es primariamente eso: una división del «territorio español» (art 161.1) para servicios, fines y actividades estatales. En suma, asunto estatal, que no tiene absolutamente nada que ver con el tema de las comunidades autónomas. Esos fines y actividades suelen ser de carácter administrativo, pero también pueden ser, y son en ocasiones, de indole judicial (por ejemplo, Audiencias Provinciales) y, por supuesto, políticos, lo que sucede cuando se «aprovecha» la provincia como circunscripción electoral, asi para el Congreso coma para el Senado. Bien se echa de ver que las provincias se pueden modificar, pero no suprimir. Y no se trata de un olvido: el borrador y el anteproyecto de Constitución habiaban de «las provincias o, en su caso, las circunscripciones que los estatutos de autonomía establezcan...», pero esos sucedáneos desaparecieron a partir del informe de la Ponencia, para subsistir sólo y siempre las provincias. Así como comunidades autónomas habrá «las que se constituyan», Municipios y provincias cubren por completo el mapa español, de modo que todo el territorio nacional forma parte necesariamente de un término municipal y de una provincia. Obsérvese de qué distinto modo alude a provincias y a comunidades autónomas el artículo 137: «El Estado se organiza territoríalmente en Municipios, en provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan.»

Pero al concepto anterior de provincia, que pervive exactamente en los términos expuestos, se sobrepuso con el tiempo una nueva acepción: la provincia como «entidad local con personalidad jurídica propia» (artículo 141.1), con intereses, patrimonio, objetivos, etc., propios y peculiares de la población que habita en su territorio: intereses al margen de los servicios estatales, distintos de los del Estado (en esta segunda acepción la provincia «no forma parte» del Estado) y también distintos de los municipales y de los comunitarios.

Pues bien, en esta segunda acepción las provincias son constitucionalmente tan «inevitables» como en la primera. Dejando a un lado algunas peculiaridades que no interesan a nuestro objeto, para la Constitución hay una coincidencia perfecta entre las provincias territorio estatal y las provincias

entidades locales: un mismo precepto consagra unas y otras, y exige ley orgánica para alterar sus limites.

Los advesarios de la institución, sorprendidos por el respaldo constitucional a las provincias, están dispuestos a toleradas, pero trasladan su enemiga al terreno de las Diputaciones provinciales: si no hay más remedio, se transigirá con las provincias, mas no con las Diputaciones. Pero eso no tiene sentido y, desde luego, es anticonstitucional.

A la provincia territorio estatal le corresponde su gobernador, y a la provincia-entidad local le corresponde generalmente su Diputación. En esta segunda acepción las provincias gozan de autonomía para la gestión de sus intereses (art. 137), pero precisamente en este punto los adversarios de las Diputaciones creen ver un apoyo para su tesis en el artículo 141.2:

«el gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo."

Por ejemplo, se puede pensar, y quizá se ha pensado, que se podría encomendar «el gobierno y la administración autónoma de las provincia» a organismos territorialmente infraprovinciales (por ejemplo, comarcales) o, a la inversa, supraprovinciales, de la comunidad autónoma. Para esto último puede aducirse el precedente —harto paradójico— de lo sucedido con los actuales «entes preautonómicos», respecto de los que se ha previsto no sólo la transferencia de competencias estatales («natural!», el regionalismo es descentralizador por esencia), sino también de competencias provinciales, de las Diputaciones, lo que es contradictorio con el regionalismo y la descentralización, y un caso claro de regionacentralismo, nada acorde con una Constitución que afirma, de las provincias, que «gozan de autonomías para la gestión de sus intereses» (art. 137) y que tienen «personalidad jurídica propia» y «administración autónoma» (art. 141). Pero por lo visto hay centralistas que porque no lo son «de Madrid» se quieren hacer pasar por regionalistas.

Las Diputaciones se resisten a transferir sus competencias, bien menguadas por lo común, a los respectivos entes preautonómicos. Y con razón, pues la letra de las disposiciones en las que se amparan esos entes no sintoniza en absoluto con la Constitución..., posterior y superior a aquéllas.

Las provincias no pueden regirse («gobierno y administración autónoma») por organismos infraprovinciales ni supraprovinciales. Sólo pueden ser regidas por organismos provinciales, de carácter representativo de la provincia, que cubren con su competencia exactamente el territorio provincial, como los organismos regionales cubren toda y sólo la región; o como el término municipal es el territorio «a que extende su jurisdicción un Ayuntamiento».

Normalmente esos organismos son las Diputaciones provinciales, y sólo en casos especiales pueden ser sustituidas por «otras Corporaciones de carácter representativo» de la provincia, que no pueden ser, en absoluto, de ámbito territorial distinto del provincial.

Esas «otras Corporaciones [provinciales] de carácter representativo» son: a) En las provincias insulares, «el órgano interinsular correspondiente»; esto es, las Mancomunidades provinciales interinsulares en Canarias, y el Consejo general interinsular en Baleares; b) En las regiones uniprovinciales, el propio organismo regional: es de esperar que para administrar un mismo territorio, atender unos mismos intereses, servir a unos mismos habitantes y población, etc., no se dará el espectáculo de dos organismos, uno «provincial» y otro «regional», y c) En Ceuta y Melilla, sus respectivos Ayuntamientos (disp. transitoria quinta).

Como se sabe, la Constitución italiana de 1947 (inspirada en este punto en la nuestra de 1931) estableció un Estado regional, pero no suprimió las provincias; al revés, prevé que las regiones las utilicen para cumplir sus propios cometidos, aprovechar las estructuras existentes, evitar burocracia y dispendios, etc.

En resumen: está muy claro lo que dispone la Constitución española sobre el tema provincial. Y se puede repetir, aunque ahora con el sentido que se deduce de cuanto antecede, aquello bien conocido: «¡Eh, las provincias, en pie!»

Aurelio GUAITA

Catedrático de la Universidad

Autónoma de Madrid

 

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