Financiación de las autonomías     
 
 ABC.    10/07/1979.  Páginas: 2. Párrafos: 1. 

FINANCIACIÓN DE LAS AUTONOMÍAS

A ritmo muy vivo se ha llevado a cabo la primera lectura de! proyecto de Estatuto de autonomía para el País Vasco, sin que en el seno de la Ponencia designada para informarlo se decantaran claramente las posiciones de los diferentes grupos parlamentarios. El debate se suscitará sin duda con mayor intensidad en el curso de un segundo y más pormenorizado análisis del texto.

Posiblemente uno de los aspectos más controvertidos sea el de la financiación de estas comunidades, que estará regulado por una ley orgánica, cuyo contenido se ha anticipado ya al conocimiento del público. En este tema todas las cautelas son pocas, porque una vertebración económica inadecuada puede derivar en agravios comparativos entre unas y otras regiones y terminar en una auténtica desmembración del territorio nacional. En un artículo publicado en una revista especializada, José María Ollora, del PNV, escribía recientemente:

«Con una Hacienda autónoma ejemplificada en ´los conciertos económicos, con unas posibilidades de elaboración de un sistema financiero vasco, con una participación de las comunidades autónomas en las instancias centrales, con una aproximación de los administrados hacia su Gobierno que permita una atención y resolución rápida de los innumerables procesos que la dinámica económica comporta, todo ello contemplado en el Estatuto de autonomía, no cabe la menor duda de que los graves problemas económicos de este país podrán ser reconducidos.»

Tal planteamiento genérico, admisible desde un punto de vista dialéctico, va, sin embargo, mucho más allá de lo que la Constitución prescribe.

Parece lógico que las comunidades no puedan interferir en determinadas competencias económicas, atribuibles en exclusiva al Estado, sino convertirse en gestoras o ejecutoras, siguiendo unas directrices válidas para todo el territorio nacional. Como señala acertadamente el profesor García de Enterría, «la reserva al Estado de loa instrumentos básicos de la política económica, incluyendo financiación, ahorro, materias primas, energía, política laboral y de seguridad social, etc., es una necesidad básica de funcionamiento y hasta de supervivencia de !a sociedad española y del nivel de vida de su población».

Por otra parte, el artículo 2." de la Constitución proclama el principio de solidaridad entre todas las regiones, lo que atribuye al Estado «una misión equilibradora, que se vería seriamente comprometida por iniciativas encaminadas al mayor beneficio del territorio autonómico que las aplicara, en detrimento, incluso, de los demás. Este criterio se traduce en la creación de un Fondo de Compensación Interterritorial, destinado a gastos de inversión en zonas o comarcas deprimidas, pertenezcan o no a una comunidad autonómica.

Las fuentes de financiación habituales no serán otras que las transferencias del Estado y algunos tributos, que en ningún caso incidirán sobre hechos imponibles ya gravados por el Estado. Las autonomías podrán participar en determinados ingresos estatales para atender al mantenimiento de servicios públicos que hayan asumido del Estado, previa evaluación de su coste. Asimismo, en algunos casos se podrán establecer por éstas recargos sobre impuestos estatales.

El hecho de qué haya funciones económicas ¡Pronunciables por e! Estado condiciona evidentemente la actividad de las comunidades y forzará a un recortamiento de los derechos que en los proyectos de Estatuto se atribuyen inicialmente el País Vasco y Cataluña, regiones, por otra parte, ricas y que podrían atentar estatutariamente contra ese mecanismo de solidaridad entre las regiones que consagra el texto constitucional.

 

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