Autonomías y orden público     
 
 ABC.    16/09/1979.  Páginas: 1. Párrafos: 7. 

AUTONOMÍAS Y ORDEN PUBLICO

Con los Estatutos de Guernica y de Sau, a falta tan sólo del refrendo popular del 25 de octubre en el País Vasco y Cataluña, el problema del orden público, especialmente en la primera de las regiones citadas, se reviste en estos días de una gravedad y dificultad, no por circunstancíales menos específicas, potencialmente graves. Andan en San Sebastián a la orden del día las manifestaciones. Manifestaciones ciudadanas, o cuando menos con aspecto de tales, masivamente asistidas, que tienen como trasfondo una motivación política, estrechamente relacionada con la organización terrorista ÉTA y con la actitud que, para con los refugiados etarras, al otro lado de los Pirineos, ha tomado el Gobierno francés.

El pasado domingo las calles de la bella ciudad donostiarra se vieron invadidas por unos cuantos miles de personas que, entre gritos ciertamente subversivos, se manifestaron en franca oposición a la actitud de las autoridades galas, al fin menos transigentes con los supuestos «refugiados políticos». El orden de la citada manifestación corrió a cargo de la Policía Municipal.

El Ayuntamiento firmó su aceptación de la responsabilidad en esta materia y el gobernador civil consintió en hacer dejación de su competencia y permitir que la autoridad del municipio vigilara y protegiese, tanto a los manifestantes como al público y a las propiedades en general, pues sabido es que en el curso de otras manifestaciones han sido muy numerosos los escaparates destrozados, los coches volcados e incendiados, y otros «accidentes» similares.

El gobernador civil de Guipúzcoa ha sido materia de comentario y de encontradas opiniones por su actitud. Hay, por supuesto, quienes consideran su actuación francamente negativa, por cuanto la máxima autoridad de la provincia, específicamente al cuidado del orden público y de la preservación de la paz ciudadana, no habría debido —según su criterio— prestarse a ningún relevo de la responsabilidad de estas funciones, por muy propicias —por desfavorables, naturalmente— que las .circunstancias hubieran podido ser. Y hay también quien alaba la actitud pragmática del mismo, dado que el orden, el pasado sábado, fue perfecto y no se registró un sólo incidente.

Pero ocurre que, para este fin de semana, estaban convocadas otras manifestaciones con idéntico objetivo. En un clima nuevamente tenso, pues al atentado contra la Policía en el monte Ulía, el asesinato del director de la sucursal bancaria de Baracaldo y el atentado contra un etarra en Biarritz., se han sumado, como factores negativos, al hecho, lamentable y desgraciadamente frecuente, de la quema de banderas españolas, francesas y norteamericanas por bandas de jóvenes, en San Sebastián.

Y de nuevo solicitan sus organizadores —en la práctica todos los partidos vascos que no tienen representación fuera de las Vascongadas— que sea la Policía Municipal quien se ocupe de guardar el orden y no la Policía Nacional, a quien lógicamente corresponde tal cometido.

Si de las algaradas registradas el pasado jueves no se hubiesen derivado actos criminales, cuales son la quema de banderas nacionales y de países amigos, acaso hubiésemos considerado la oportunidad de solicitar una cierta flexibilidad por parte de la autoridad del gobernador civil.

Pero estos últimos acontecimientos nos impiden preconizar tal actitud. Cada vez se hace más evidente la necesidad de que el Gobierno —y representante del mismo es el gobernador civil de Guipúzcoa— adopte una postura realmente coherente en sus distintos niveles de responsabilidad y negociación. Resulta doloroso y humillante que, en el trance -de una operación tan delicada como es la del Estatuto de Guernica, haya de ser la representación oficial de la autoridad, el Gobierno que resultó elegido mayoritariamente en las urnas el pasado marzo, y con él las instituciones a las que debe servir y que constituyen la espina dorsal de nuestra ordenación legal, quienes cedan siempre a las imposiciones de la otra parte negociadora, quienes sacrifiquen normas y dignidad con tal de no echar a pique la negociación, la posibilidad de que los vascos tengan un Estatuto pacificador que satisfaga sus anhelos y necesidades de autonomía.

Se ha especulado, en estas últimas semanas, con la posibilidad de que, previamente a la aprobación popular y, por supuesto, a la puesta en práctica de los Estatutos de autonomía, el Gobierno cediese parcialmente las funciones y responsabilidades del orden público a las actuales representaciones de los futuros entes autonómicos. Pero lo cierto es que tal decisión no ha sido tomada, y que en los próximos días el pulso al Gobierno y a sus Delegaciones va a tomar, otra vez, características previsiblemeníe dramáticas.

Por ello, en la seguridad de interpretar ¡os sentimientos y las convicciones de la gran mayoría de los españoles, con independencia incluso de su respectiva posición política, nos vemos en la precisión de subrayar al Gobierno Suárez la urgente necesidad de una línea de actuación coherente y congruente en todos sus puntos.

 

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