Autor: Martos, Rafael. 
   Las autonomías, coordenada de la democracia     
 
 Diario 16.    02/11/1979.  Página: 16. Páginas: 1. Párrafos: 20. 

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ECONOMÍA/LABORAL

2-noviembre-79/diario 16

En un Estado con la diversidad del español y tras un paréntesis de casi medio siglo de obstrucción al hecho diferencial, la autonomía de dichas entidades territoriales, es una coordenada fundamental de la democracia. Así se ha presentado la autonomía desde los primeros momentos de la transición hasta los que ahora vivimos y así lo recoge la Constitución, no en términos de necesidad sino de posibilidad.

Rafael Martos

Falta hoy perspectiva histórica para analizar el curso del fenómeno autonómico. Pero no obstante, es posible una aproximación a este problema, de la que se pueden obtener algunas conclusiones para situarse correctamente ante su curso futuro.

Si en el momento de arranque hacia el orden democrático, tuviéramos que situar la comprensión de la democracia en un espacio, de tres dimensiones, cabe poca duda de que ésta se entendió: como primacía de las urnas, como organización del régimen representativo para la canalización de la acción política, como autonomía, «in genere», es decir independencia y libertad para organizarse en todos los órdenes y, en especial, en el de la dirección local de los asuntos cotidianos. Puede hoy decirse que el trascurso del tiempo ha otorgado el protagonismo el eje autonómico, en tanto que los otros dos al asumirse con mayor rapidez han perdido actualidad.

Ello puede obedecer, entre otras causas, al hecho de que el marco democrático y el régimen de partidos, tiene quizá un componente formal mucho más acusado que las autonomías, y un menor peso del componente emocional e incluso utópico. Sea como fuera se ha dicho, que la autonomía es la manifestación del cambio político con más eco y que ha suscitado mayor debate.

Aunque este sentido autonómico sea en muchos casos espontáneo, desbordante y hasta indefinido, conviene preguntarse por qué ha simbolizado con más expresividad y fuerza el cambio democrático. Y si bien nos enfrentamos a un problema complejo, es conveniente adentrarse en algunas causas, aunque sólo sea porque ello obliga a una gimnasia de reflexiones, juicios e incluso intuiciones que enriquecen cualquier planteamiento.

El primado de las autonomías

Las autonomías, su consecución, se mantienen como elemento sobre el que pivota el juicio democrático de la actuación de los poderes públicos, frente a otras referencias, porque entre la configuración del Estado franquista y la configuración democrática de un Estado, era mayor la diferencia que entre el perfil social y económico del régimen anterior y el perfil social y económico de un país democrático.

Durante el régimen anterior, en especial a partir de 1970, fue creciendo el vacío entre la organización social y económica privada y las estructuras políticas creadas por el sistema.

El reverso de este distanciamiento era la existencia de requerimientos evidentes del mundo económico y social sobre el mundo político, que en un momento determinado, antes de la muerte de Franco, eran irresistibles.

El régimen pretendió responder a estos requerimientos; pero en su naturaleza estaba la causa de que sólo pudiera hacerlo a través del crecimiento industrial. El caso español ha confirmado otra vez que la única justificación política de una dictadura es la industrialización. Con ella se pretendió silenciar otras reivindicaciones que nada tienen que ver con las estadísticas.

En el caso vasco y en el catalán, las raíces del sentimiento autonómico eran tan profundas que soportaron el intento de calcinación a través de la promoción industrial. La autonomía no sólo ha encarnado con primacía la democracia por la razón anterior; como es sabido, la oposición democrática entendió la ruptura democrática del franquismo como la ruptura con el aparato de poder en el que éste se apoyaba. La no legitimación política del franquismo implicaba la crisis de la infraestructura que el sistema había creado para legitimarse.

Los líderes políticos en la primera etapa de reconversión del sistema de gobierno, pedían redefinición del poder y modificación del aparato; así se reclamaba el cambio de todas y cada una de las esferas posibles, se presentaba una larga y completa lista de reivindicaciones y entre ellas y en lugar preferente la autonomía de las comunidades territoriales.

El próximo futuro

Las razones anteriores entre otras, explican el primado de las autonomías. Si hemos planteado así el tema, es porque, en nuestro criterio, estamos en el punto en el que una reflexión sobre lo que ha sucedido es un cimiento necesario para mirar hacia adelante. Y hay que mirar hacia adelante, conscientes de que aquello que tenía vitalidad en el pasado y fue interrumpido, tiene derecho a reafirmarse hacia el futuro y de que sólo la voluntad de vida colectiva hacia el futuro tiene sustantividad.

Este futuro entra ahora en una fase nueva en la que si se acierta en tomar el pulso al problema y en controlar su aceleración pueden sentarse criterios sin que los acontecimientos impongan las decisiones y acechen con riesgos.

En la primera etapa del proceso autonómico parecía apreciarse en la pretensión de autogobierno más el afán de liquidar que el de construir. En esa etapa son pocos los que tomaron conciencia de que se pedía un nueva forma de Estado. En la petición de autonomías fue disminuyendo la carga reivindicativa, como reparación de agravios anteriores y ganando terreno en su consideración como organización territorial eficaz allí donde lo sea. Pero, salvo en contados casos, esa forma de Estado no se había intelectualizado, no se había perfilado ni aún al nivel de los bocetos previos.

Sólo paulatinamente se van sedimentando perfiles que dibujan el Estado futuro; éstos comienzan a expresarse con mayor claridad y se someten a debate con motivo de la preparación de la Constitución. Del debate constitucional surgieron, quizá con inmejorable criterio, unos marcos de distinta envergadura para tipos de autonomías diferenciales. Superada la fase constitucional, la oferta política se puso a la cabeza de las pretensiones sociales y lanzó una ofensiva autonómica que se aceleró en el proceso electoral de febrero último, y fue objeto de un tratamiento político-jurídico con motivo de la negociación de los Estatutos vasco y catalán.

La consolidación de la democracia hizo que un tema que se siente vivamente, se sometiera a la disciplina del tratamiento político para formalizarlo dentro de los límites que la realidad y la legalidad permiten.

La demanda autonómica es hoy una realidad política, resuelta parcialmente. La autonomía es un hecho en dos nacionalidades, y un punto de referencia que hará que el problema sé interiorice por los ciudadanos y sea posible un proceso futuro en el que la racionalidad gane terreno al sentido emocional, y en el que la oferta política se regule por la demanda real.

El análisis de la demanda

Esta nueva fase del proceso autonómico se puede afrontar desde la seguridad de que la oferta política es capaz de lograr las mejores formas sin «copiar» las realidades y desde el convencimiento de que la demanda social debe ser mejor conocida, para que la oferta discurra en paralelismo equilibrado con el sentir de una realidad social que sugerirá el tratamiento y el ritmo.

Tras el proceso de elaboración de los Estatutos de autonomía vasca y catalán, puede crearse una situación muy desajustada a las auténticas necesidades de otros territorios, si estos dos casos se convierten en un paradigma a imitar con independencia del respaldo social mayoritario.

El análisis de las relaciones y correspondencia entre el sentir y el entender popular real y sobre las autonomías, y las ofertas autonómicas que puedan desde ahora formularse, es ahora ineludible. En unos casos la demanda, muy indefinida y latente, puede encontrarse y dimensionarse así misma, hallar su plasmación, su identidad ahora sólo, intuida, en una oferta atenta a las necesidades y sentimientos reales e investigados de una comunidad. En otros casos, la oferta puede dar forma a la demanda; esto es: adecuarse a las necesidades y deseos de un pueblo.

En ambos supuestos el desconocimiento del saber popular puede originar el que se impongan los puntos de vista de un sector social poco representativo sobre una colectividad mucho más amplia. Para evitarlo, el proceso político futuro debe apoyarse no en las impresiones de quienes lo capitanean, sino en las expectativas de quienes sean sus destinatarios.

Hay ocasiones, sin embargo en que las pretensiones de la oferta por encontrar o crear su demanda fracasan. Lo peor es que el fracaso venga por la vía del desencanto. No pueden olvidarse estas posibilidades que sólo un estudio riguroso es capaz de evaluar. Hay que considerar que la sociedad española está ejercitada en esquivar lo político.

Ya antes del franquismo existía una tradición de alejamiento en muchas colectividades españolas de los comportamientos de los políticos profesionales. Hay que evitar que se produzca el mismo fenómeno. El desinterés y la desconfianza hacia la cosa pública puede perturbar un proceso clave para la consolidación de la democracia si en los supuestos autonómicos que se van a tratar próximamente no se parte de la aceptación de una realidad que puede expresarse desde actitudes reflexivas.

 

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