Autor: PUBLIUS. 
   El acelerador autonómico     
 
 ABC.    16/11/1979.  Página: 3. Páginas: 1. Párrafos: 17. 

EL ACELERADOR AUTONÓMICO

La transición a la democracia no hubiera sido creíble si los casos vasco y catalán no hubieran recibido un tratamiento que colmara las aspiraciones nacionalistas.

El tratamiento de éstas no se inició aisladamente; el Gobierno de UCD, con el beneplácito del PSOE, al tiempo que escuchaba las demandas de las dos nacionalidades con solera, generalizó las ofertas autonómicas con espíritu abierto.

En este empeño del Gobierno, los casos vasco y catalán no fueron tratados como problemas aparte, sino como supuestos especiales y prioritarios.

El Gobierno esgrimió todo tipo de razones para justificar la extensión sin limites de la oferta autonómica y la llevó a cabo sin regateos. Por cierto, que los nacionalistas catalanes y vascos expresaron su desacuerdo.

Se puso énfasis en argumentar la necesidad de evitar situaciones de agravio comparativo que podrían derivarse de una consideración aislada y diferencial de los casos vasco y catalán. Con la generalización del proceso se pretendía rebajar el tono de las pretensiones catalanas y vascas, envolviéndolas en un juego del que nadie escapaba y en el que todos recibían igual trato. El pasado día 25 de octubre se han refrendado dos textos más próximos a los intereses del Gobierno de Madrid que a la intención inicial de vascos y catalanes.

Ahora se perfilan en el horizonte otros procesos cuyo desarrollo pretenda llevarse por la vía rápida. Parece que se hacen realidad la pretensión de evitar los agravios comparativos y la hipótesis sobre el carácter paradigmático de las autonomías refrendadas.

Ante esta situación, que desgranarla un rosario de consultas y, en su caso, de aceleradas transferencias, el Gobierno ha decidido moderar el ritmo.

Se justifica esta posición con dos razones principales entre otras; la primera es evitar un posible descalabro en los próximos referéndum que se convoquen, lo cual perturbaría las cosas con efectos difíciles de anticipar; la segunda es el temor a las consecuencias de un proceso generalizado y rápido de descentralización política y administrativa, cuya complejidad podría plantear serios problemas funcionales y costes excesivos. La primera razón, a la que parece se da más peso, define la vanguardia de la argumentación para desacelerar. El segundo temor incluso está más justificado, pero resulta más difícil de explicar.

Parece ser que esta actitud de cautela es compartida por el PSOE, e incluso que ha sido tratada por el líder socialista con el presidente del Gobierno. Los comunistas han pedido que no se desacélere el ritmo, posición que en un partido de marcado signo centralizador sólo se explica si se supone que el PCE es consciente de que esto no va a suceder y de que el coste político de parar lo sufren el Gobierno, la UCD y el PSOE. Desde el centro hasta la derecha extrema se sigue explotando el argumento de la ruptura, y se ve en la actual posición del Gobierno una razón más para confirmar sus preocupaciones apocalípticas.

En los momentos actuales, el Gobierno entiende lo que antes no sabemos si entendía: que llegar rápidamente a la cima autonómica puede ser un descalabro. Esto ya se le advirtió, pues era tan claro antes como ahora

Con el problema encima, se decide entrar de frente porque, tanto la UCD como el PSOE, se ven ante la responsabilidad histórica de evitar el posible desastre de un proceso rápido y generalizado de transferencias de poder y funciones.

Pero ambos partidos no pueden pretender ahora que se diga que lo están haciendo bien. Pues aunque desacelerar es una necesidad que nadie discute, se habla tarde de racionalizar un lema que se alentó sin reflexionar sobre sus efectos.

El cambio de actitud del Gobierno, desacelerar, no está exento de dificultades y puede tener consecuencias imprevisibles, de las que no escaparía el curso de los casos catalán y vasco. Además, la oferta autonómica ha creada expectativas en las clases políticas y politizadas desde las que se han tomado posiciones, cuya reconsideración dejará heridas.

La UCD y el PSOE han conseguido hasta la fecha el certificado de garantía de los Estatutos ya aprobados con la firma del PNV y de Convergencia. Pero tienen que explicar ahora que todo el montaje autonómico es una herramienta para neutralizar y rebajar las aspiraciones iniciales de los nacionalismos de verdad.

Y aclarar por qué, sí ahora están dispuestos a utilizar toda su potencia para desacelerar el proceso, no lo estuvieron para impedir la aparición de los sentimientos de agravio comparativo. Porque los costes de desacelerar son inferiores a los que se hubieran producido de evitar el aceleren anterior.

Por último, añadir que no sólo se debe pensar en el ritmo futuro, pues hoy está clarísimo que el éxito en la construcción del Estado democrático depende básicamente del funcionamiento de los supuestos vasco y catalán. Y para que sea posible una eficaz administración autonómica de los asuntos públicos es necesario que las transferencias de funciones se operen ordenadamente sin acelerónos o parones que creen cuellos de botella o vacíos de poder.

Las incidencias en los traspasos de competencias a los Gobiernos catalán y vasco, y las lagunas de eficacia en la administración de estos territorios, cerrarán la posibilidad de argumentar en los casos pendientes la no necesariedad de ir por el artículo 151 para obtener de la Administración Central un paquete da competencias tan amplio que, de hecho, equipare los poderes de las distintas autonomías sin pasar por el calvario de un referéndum por mes.—PUBLIUS.

 

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