Autor: Azaola, José Miguel de. 
 La UCD y las autonomías (I). 
 Las reglas del juego     
 
 Diario 16.    04/02/1980.  Páginas: 1. Párrafos: 6. 

Diario 16/4-febrero-80

OPINION

Una vez en el BOE los estatutos de autonomía del País Vasco y Cataluña, quedan por redactar y aprobar las otras leyes que devolverán el autogobierno al resto de las regiones y nacionalidades. Aunque las autonomías que esperan se enfocan desde planteamientos más sosegados no por ello resultan problemáticas al Gobierno.

Aquí se analiza el comportamiento de UCD en relación con las autonomías.

Las reglas del juego

José Miguel de Azaola

Tuve la oportunidad de asistir, en el mediodía del 15 de enero, a la primera parte de la sesión del Senado en la que se debatió y votó (aprobándose, finalmente, sin enmiendas el texto remitido por el Congreso) la ley que reglamenta los referendums; y me parece estar oyendo todavía las muy doloridas y muy justificadas quejas de los senadores de todas las tendencias, y no solamente de la oposición, por el apresuramiento rayano en el atropellamiento que el Gobierno, y de acuerdo con él, el partido socialista querían —y lograron— imprimir al paso del proyecto por aquella Cámara, retirando sus enmiendas y dando al país la impresión de que el sistema bicameral no consiste, en realidad, sino en la obligación del Senado de rubricar con un «amén» de acólito aquello que previamente haya dicho el Congreso.

«Razón de Estado»

Pero había una «razón de Estado» —decíase y repetíase en el salón de sesiones y en los pasillos y las antecámaras— que, por una vez, sólo por una, y sin que sirviese de precedente, movía a los senadores a pasar por el aro de la conformidad y resignarse (aunque protestando) a la humillación. Esta razón era la necesidad de que el referéndum de iniciativa autonómica para Andalucía tenga lugar el 28 de febrero. Para no defraudar a la región (o nacionalidad, que aún no se sabe esto de fijo, y quizá no se sepa en mucho tiempo) andaluza, para permitirle encaminarse hacia la autonomía, según el deseo expresado por la aplastante mayoría de sus corporaciones locales, por la vía (escogida por éstas) del artículo 151 de la Constitución, no había más remedio que aprobar el texto de la ley tal y como el Congreso lo había elaborado; pues, de no ser así, se haría tarde y el referéndum no podría celebrarse en la fecha prevista. Y los senadores, protestando y todo, retiraron o eliminaron las enmiendas y votaron apresuradamente (muchos de ellos a regañadientes) el texto que se les remitía para su análisis y mejora (y que no se les permitía mejorar, ni apenas analizar), tan sólo en atención a esa «razón de Estado».

Al día siguiente, 16 de enero, el comité ejecutivo de la UCD daba a conocer su criterio contrario a la utilización del procedimiento previsto en dicho artículo 151, para todos los procesos conducentes a la constitución de nuevas comunidades autónomas, y anunciaba que propiciaría, en los referendums respectivos, bien la abstención, o bien el voto en blanco. Con lo cual, y si el referéndum andaluz se celebra, es prácticamente seguro que no servirá para nada (pues no se obtendrá el voto favorable de la mayoría absoluta del censo que la Consititución requiere, por lo menos en tres de las ocho provincias, y quizá no se obtenga en ninguna, o casi ninguna, de ellas).

Así, se habrán atropellado los derechos del Senado y ofendido la dignidad de los senadores, se habrá convocado un referéndum en la más extensa de las regiones (o nacionalidades) españolas y se habrán movilizado millones de electores y despilfarrado centenares de millones de pesetas, rigurosamente en vano. Siendo de notar, para mayor escarnio, que una de las razones de más peso que las altas instancias de la UCD han aducido para fundamentar su decisión, es la de que resulta psicológicamente pernicioso y económicamente muy caro eso de estar consultando a cada paso al cuerpo electoral acerca de las autonomías y de los correspondientes estatutos, como lo dispone el artículo 151.

Inútil y costosa consulta

Cuando escribo las presentes líneas, no se sabe todavía si el Gobierno se decidirá a convocar para el 28 de febrero esa inútil y costosa consulta popular contradiciendo así los argumentos manejados por sus propios ministros, o si

renunciará a convocarla y dejará en esa forma sin valor alguno la razón que adujo para que el Senado renunciase a enmendar el texto de la ley de los referendums. En cualquiera de ambos casos, está claro que, por lo menos, ha conseguido dos cosas: humillar a Andalucía y humillar al Senado. Si hubiera anunciado antes su decisión, esto no se habría producido. Pero, claro, en tal caso tampoco habría conseguido sacar adelante, sin enmiendas, el texto legal que tanto le interesaba...

Optar sistemáticamente —como acaba de optar la UCD— por la vía del artículo 143 en lugar de la del 151, es perfectamente lícito y, a la vista de los argumentos expuestos, resulta razonable. El ministro ucedista Antonio Fontán y el diputado socialista Gregorio Peces-Barba acaban, precisamente, de exponer las amplias posibilidades que brinda el primero de dichos artículos, en sendas series de trabajos periodísticos publicados, por curiosa, muy curiosa, coincidencia, casi en las mismas fechas en que se producían los acontecimientos a que acabo de referirme (véanse los números del diario madrileño «El País» de los días 11, 12, 17 y 18 de enero). Por eso no tiene razón Felipe González cuando dice que si a la UCD no le parece bien el artículo 151 lo que debe hacer es proponer la reforma de la Constitución.

La UCD, como todo el mundo, tiene derecho a escoger entre el 143 y el 151. Y no se diga que quienes han de escoger no son los partidos, sino las provincias afectadas en cada caso, pues todos sabemos que, en nombre de las provincias, escogen los ayuntamientos y las diputaciones, y que los miembros de tales corporaciones están en su inmensa mayoría afiliados a los partidos; por lo que es natural y lógico que estos últimos tomen posición ante el dilema. Lo que quizá sea natural y lógico en otro régimen, pero no lo es ya en una democracia, es que un partido (en este caso la UCD) opte en Andalucía, en Canarias, en Aragón y en el antiguo Reino de Valencia por el camino del artículo 151, y que, a continuación, su comité ejecutivo trate de imponer a sus propios órganos de Andalucía, de Canarias, de Aragón y del Antiguo Reino de Valencia la opción del artículo 143.

Porque, una de dos, o la decisión sobre el particular corresponde a los órganos regionales, y entonces el comité ejecutivo no puede contradecirla, o bien la decisión corresponde al comité ejecutivo, y entonces éste debiera haber llamado al orden a quienes se inmiscuían indebidamente en la esfera de sus competencias y debiera haber desautorizado a tiempo las decisiones prematuramente tomadas por esos órganos regionales.

 

< Volver