Autor: Azaola, José Miguel de. 
 La UCD y las autonomías (II). 
 Razones de Estado, de Gobierno, de partido     
 
 Diario 16.    06/02/1980.  Página: 9. Páginas: 1. Párrafos: 7. 

Diario 16/6-febrero-8O__________________________________OPINIÓN 9

Un partido puede legítimamente definir su política en cualquier materia y eso es lo que ha hecho UCD y ha comunicado con su nota del 16 de enero.

Ahora bien, a partir de ese momento, las decisiones que tome el Gobierno pueden ser variadas y distintas. Para evitar riesgos, para asegurar el proceso de las autonomías, se hace preciso un amplio acuerdo entre las distintas fuerzas políticas.

La UCD y las autonomías (y II)

Razones de Estado, de Gobierno, de partido

José Miguel de Azaola

El comunicado hecho público por la ejecutiva de la UCD el día 16 de enero y que anunciaba lo que se ha llamado «frenazo a las autonomías», era el comunicado de la dirección de un partido político. El ¡Gobierno, en cuanto tal, carece de títulos para promover la iniciativa de las autonomías: esta función corresponde, según la Constitución, a las corporaciones locales (ayuntamientos y diputaciones). Un partido, en cambio, cuyos afiliados ocupan numerosos puestos en esas corporaciones, puede legítimamente definir su política en la materia y escoger el artículo 143 o el 151 de la Constitución para encauzar legalmente sus gestiones conducentes a la meta de la autonomía; puede incluso (pues la Constitución ofrece diversas soluciones y no obliga a que ninguna de éstas sea aplicada en todos los casos) escoger la vía del 143 para unas comunidades, y la del 151 para otras. Ahora bien: cuando el que escoge es un partido que está en el Gobierno, su decisión ¿se inspirará en razones de partido, o en razones de Gobierno? Trataré de explicarme.

En el momento actual, un solo partido ocupa en España los puestos de mando del ejecutivo central. Nuestro Gobierno no está en manos de una coalición, sino de una sola formación partidista: la UCD. En estas condiciones, es posible, es fácil y hasta suele ser frecuente, que el Gobierno decida y actúe en función de los intereses del partido gobernante. Por supuesto que un Gobierno tiene obligación de decidir y de actuar atendiendo primordialmente a los legítimos intereses del Estado (y digo legítimos porque el Estado puede tener también ilegítimos, que ni el Gobierno ni los ciudadanos están ni moral ni jurídicamente obligados a defender, por más que otra cosa sostengan los discípulos de Maquiavelo que, reconociéndose o no como tales, tanto abundan, hoy como antaño). Pero todos sabemos que, en la práctica, no siempre ocurre así, ni mucho menos. Dejando a un lado los intereses privados o sectoriales, y también los extranjeros, a cuyas presiones suelen ceder los. Gobiernos tan frecuentemente, fijémonos ahora en estos dos polos de interés: el del Estado y el del partido. Y tratemos de ver si la línea que la UCD se ha trazado en materia de autonomías y que la actual situación política española define la política autonómica del Gobierno, obedece primordialmente a razones de Estado o a razones de partido (sin perjuicio de que pueda obedecer simultáneamente a unas y otras, ya que pueden muy bien coincidir).

Lo que se dice

La razón de Estado se manifiesta en el siguiente pasaje del documento del 16 de enero: «No se puede, sin altos costes económicos y sociales, realizar aceleradamente la complejísima transformación de un Estado fuertemente centralizado en otro autonómico»; motivo por el cual, se prefiere la vía lenta del artículo 143 a la rápida del 151. Razón muy válida, que se reitera elocuentemente pocos párrafos más adelante: «Nada constituirla un mayor obstáculo al progreso económico que un sistema de autonomías improvisado, incoherente y de imposible asimilación.».

El resto del documento puede dividirse en tres partes. Una de ellas comprende los argumentos de buena ley que se aducen en esa razón: por ejemplo, que «la autonomía (...) no puede concebirse como una pura carrera o competición entre las distintas fuerzas políticas);, así como las reiteradas afirmaciones de que la vía del artículo 143 es «adecuada para alcanzar un sistema autonómico racional», «permite garantizar el principio de igualdad y de solidaridad entre todas las regiones y nacionalidades» y no lleva a una «simple descentralización administrativa» con menos contenido que la que se alcance por el camino del artículo 151: cosas todas ellas bien sabidas, pero que no era inoportuno recordar.

La segunda parte es polémica: ataca a quienes conciben la autonomía «como un asalto al Estado»; a los que, «tendiendo a radicalizar demagógicamente el proceso autonómico, hacen imposible cualquier tipo de acuerdo». Los autores del documento sabrán a quien aluden con estas acusaciones, formuladas en forma tan vaga e imprecisa y que nada añaden al valor de la argumentación antes resumida.

La tercera parte es la comprensiva de afirmaciones y decisiones discutibles. Se dice que no se quiere «sumir al país en una situación electoral permanente, con numerosos referendums y elecciones». Pues bien, en cuanto a las elecciones, si el artículo 143 va a dar los .mismos resultados que el 151, habrá que hacer en uno y otro caso las mismas elecciones para designar los órganos de gobierno de las comunidades autónomas. Y lo razonable sería que tales elecciones tuvieran lugar en la misma forma en todas partes, lo que evitaría esa «situación electoral permanente»; pese a lo cual, el propio Gobierno ha procurado que las elecciones a los Parlamentos de las comunidades catalana y vascongada tengan lugar en fechas distintas. ¿Dónde está la lógica?

En cuanto a los referendums, es verdad que los del artículo 151 son muy numerosos, y que su reiteración puede plantear problemas graves, pero, al menos en el caso andaluz, es aún peor celebrar un referéndum inútil, como será —si tiene lugar— el del 28 de febrero, debido justamente a la decisión de la UCD de recomendar en él la abstención- o el voto en blanco. Por último la consigna de abstención en los referendums de iniciativa autonómica sería —si es que llegase a darse— algo tan antidemocrático, que resultaría indigno de un partido y de un Gobierno que están propiciando y dirigiendo la restauración de la democracia en España.

Lo que se calla_________

Esto, por lo que al texto del documento respecta. Pero es inevitable referirse también a lo que el documento calla. Sólo citaré unos hechos de todos conocidos: Cataluña tandrá probablemente un Gobierno autónomo de izquierdas; Galicia, en las circunstancias actuales, podría también tenerlo; en Andalucía, las fuerzas de la izquierda, unidas, son por ahora mayoritarias; y esta observación vale también para el antiguo Reino de Valencia. En las Vascongadas, un entendimiento PNV-UCD (que

daría como resultado una mayoría de centro-derecha) es actualmente improbable. Ante tales hechos, la UCD Gobierno atiende no ya a la razón de Estado, sino a la razón de partido.

No hay forzosamente contradicción entre una y otra; pero esa contradicción podría surgir en cualquier momento.

Sabido es que la UCD, gracias al sistema electoral que ella misma ha establecido, controla firmemente la mayor parte de las diputaciones provinciales, incluso en ciertas regiones donde la mayoría del cuerpo electoral vota a favor de la izquierda.

La vía del artículo 143 atribuye a las diputaciones provinciales un papel importante en la elaboración de los estatutos de autonomía, mientras que la del 151 las excluye de esta labor. La opción, en este caso, es claramente partidista. Cualquier intento de la UCD de abusar de su preeminencia en las diputaciones provinciales para crear unas comunidades autonómicas, a cuyos gobiernos la izquierda no pudiese tener acceso más que a costa de vencer mil dificultades, haría entrar en conflicto la razón de partido y la razón de Estado.

Convendría, pues, que un amplio acuerdo entre las distintas fuerzas políticas —pero un acuerdo claro, bien explicado a la opinión pública; no un pacto secreto estipulado a escondidas— presida e inspire el proceso de las autonomías, en el que España se juega demasiadas cosas, y demasiado importantes, para que sea admisible el riesgo de subordinarlo todo a los intereses de un solo partido, por muy mayoritario que éste sea... por ahora.

 

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