Autonomías: entre el crimen y la chapuza     
 
 El País.    24/10/1980.  Páginas: 1. Párrafos: 8. 

Autonomías: entre el crimen y la chapuza

EN MENOS de veinticuatro horas, el secuestro de un industrial y tres asesinatos políticos despiertan el mismo horror que los anteriores delitos de sangre perpetrados por las dos ramas de ETA a lo largo de los últimos años. Estos crímenes dan nuevo motivo para volcar la indignación y el desprecio sobre estos inicuos matones que se esfuerzan por hacer coincidir el fracaso de su proyecto político con el provocador desencadenamiento de una catástrofe histórica que sepulte entre las ruinas de las instituciones democráticas en toda España, y de tas instituciones de autogobierno en el País Vasco, tanto a estas bandas terroristas como al régimen de libertades. Pero también pueden servir, una vez más, para hacer el balance del inmediato pasado que ha hecho posible o ha provocado el sangriento presente y para adivinar los eventuales puntos de ruptura de este círculo vicioso de infamia, dolor y muerte.

No parece necesario insistir en el largo trecho recorrido en el camino de las soluciones políticas en el País Vasco desde hace cuatro años. Ahora mismo, pese a la sensatez demostrada por el general Sáenz de Santamaría durante su gestión, sigue arrastrándose el litigio en torno a la policía autónoma y al redimensionamiento, en efectivos y en localizaciones, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional dentro de ese territorio. Y, sin embargo, es un secreto a voces, cuyos deformados y manipulados ecos han llegado incluso al Sindicato Profesional de Policías, que sin la urgente solución de este demorado conflicto será imposible conseguir información fehaciente y completa sobre las redes terroristas y arrebatar a ETA sus eficaces consignas movilizadoras contra la actual política de orden público. La creación de una policía autónoma numerosa, bien pertrechada y con apoyo de una gran mayoría de la población permitiría aumentar la capacidad operativa contra el terrorismo.

Poco parece preocupar, sin embargo, esta gravísima situación a las fuerzas políticas con implantación estatal, que toman al País Vasco sólo como superficie para las condenas morales y las repulsas políticas, y no como objeto de análisis y materia de reflexión.

El menosprecio de la urgencia y la destreza que exigía la necesaria e inaplazable autonomía vasca, reivindicación profundamente sentida y espectacularmente expresada en un territorio en el que una significativa minoría vota a favor de la independencia y de la violencia, fue acompañado por la inflación y fomento de reivindicaciones estatutarias en regiones donde nunca habían existido.

El resultado ha sido que Andalucía pasó en menos de tres años de una generalizada indiferencia respecto al tema autonómico a la exasperación manifestada en el referéndum del 28 de febrero. Pero la cuestión vasca sigue ahí.

Ahora, las fuerzas políticas se han puesto de acuerdo para organizar la gran huida hacia adelante en Andalucía. Todo el mundo sabe que las diferencias de competencias posibles entre la vía del 143 y la vía del 151 son bastante menores que las dificultades de las instituciones de autogobierno —incluso en el País Vasco y en Cataluña— para asumirlas en el plazo de unos pocos años.

Por esa razón, la dramática opción andaluza en favor del artículo 151 ha descansado sobre un notable equívoco y entra más en el reino etéreo de la mitología y del fetichismo que en el mundo terrenal de la política y de la administración pública. Pero, en cualquier caso, es indiscutible que los resultados del 28 de febrero marcaron la clara voluntad de los andaluces de iniciar la marcha hacia las instituciones de autogobierno por ese camino, con independencia de los juicios que puedan formularse, tanto sobre su conveniencia como sobre las manipulaciones y ambiciones partidistas que lo motivaron.

Ahora bien, el procedimiento elegido por los grupos parlamentarios —con la exclusión de Manuel Clavero, vetado por el Gobierno y dejado en la estacada por la oposición— es una afrenta al sentido común y una falta de respeto a la Constitución, tanto más grave cuanto que nadie va a estar en condiciones de interponer el recurso de inconstitucionalidad pertinente.

Se puede discutir la procedencia jurídica de modificar ahora la ley de Modalidades para tratar de equipar en algunos aspectos los referendos de iniciativa con los referendos de aprobación. Así. el texto del artículo 151 no impide explícitamente que esa iniciativa pueda prosperar en aquellas provincias que la hayan aprobado por mayoría absoluta de los electores, aunque otras queden descolgadas por no haber alcanzado ese techo. Ni siquiera el plazo de cinco años para la reiteración de la iniciativa fracasada del artículo 143 figura expresamente en el artículo 151. Ambas restricciones fueron un invento de la ley de Modalidades del pasado enero. En esa perspectiva, tal vez se hubiera podido modificar en esos dos puntos la ley de Modalidades, a fin de convocar otro referéndum en toda Andalucía, que se celebrará con arreglo a las nuevas reglas de juego, referidas a la eventual constitución parcial de. la comunidad autónoma y a la supresión del plazo de cinco años.

Pero la inaudita pretensión de la proposición de ley presentada ayer en el Congreso de que se puedan leer, ocho meses después, los resultados del 28 de febrero con los lentes favorables de una ley posterior que aspira a tener efectos retroactivos sobre la interpretación de una consulta popular ya realizada y celebrada en el marco de la ley orgánica que ahora se quiere modificar es sencillamente insostenible.

Dicen que el Parlamento británico puede hacerlo todo menos cambiar de sexo a un ciudadano. Nuestras Cortes, desde luego, no le van a la zaga en sus ambiciones. Pero en nuestro caso existe el agravante de que una Constitución escrita impide, al menos en teoría, decisiones tan estrafalarias como la que nuestros legisladores se aprestan a perpetrar en nombre de la razón de Estado o de las conveniencias de partidos.

 

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