Autor: Rodríguez Adrados, Francisco. 
   Los nacionalistas votamos no     
 
 El País.    17/12/1980.  Páginas: 1. Párrafos: 10. 

Los nacionalistas votamos no

FRANCISCO RODRÍGUEZ

Las fuerzas políticas nacionalistas gallegas, aquellas que están por la soberanía nacional de nuestro país, van a votar no a la autonomía. Obsérvese que no denominamos nacionalismo al autonomismo, aunque sea de fachada galleguista, y que no hablamos de este Estatuto, sino de una alternativa política general: el autonomismo, como modelo de descentralización y regionalización administrativa del Estado.

Quizá también convenga señalar, debido a la total desinformación o manipulación de la opinión pública española, que de las fuerzas políticas gallegas, esto es, de ámbito nacional gallego, son aquellas que están por la soberanía nacional las que tienen alcanzado mayor número de votos en las consultas electorales, así como las que tienen mayor representación institucional. Concretamente el Bloque Nacional Popular Galego (BNPG), en el que está integrada la Unión del Pueblo Gallego (UPO) conjuntamente con la Asamblea Nacional Popular Gallega (ANPG), cuenta con 260 concejales, nueve alcaldes y tres diputados provinciales.

En el caso concreto de nuestra patria, la maniobra autonómica tuvo y tiene aires zarzueleros, grotescos y bien indicativos de la función obsoleta, perturbadora de la conciencia popular, confusionista, que cumple la izquierda española. Desde el principio del proceso, ya en el año 1978, toda su preocupación fue combatir a las fuerzas patrióticas que nos opusimos al fraude autonómico, tratando de situarnos en el testimonialismo de hacer creer que no existíamos e identificándonos con el fantasma del terrorismo

.

Así, conjuntamente con la reacción españolista (UCD y CD), participaron en manifestaciones que recordaban los mejores tiempos del franquismo por su oficialidad o se asentaban en la manipulación de los buenos, aunque ingenuos, deseos de que la autonomía significaba el autogobierno. Los nacionalistas empezamos a conseguir desenmascarar en la práctica la operación.

Nuestros ataques a la autonomía, por caciquil y colonialista, se comprobaban como correctos por amplios sectores de las clases populares, que se movilizaron, dejando en ridículo las concentraciones oficialistas por la autonomía.

Cinismo y demagogia.

Mientras, ni la cuota de la Seguridad Social Agraria, ni la política represiva derivada de la aplicación del decreto de bilingüismo, arma legal gravemente atentatoria contra nuestros derechos individuales y colectivos irrenunciables al uso del gallego; ni la política de comercialización de productos agropecuarios (carne, leche, vino.

etcétera), claramente esquilmadora y empobrecedora de nuestros campesinos; ni los planes de comunicaciones —construcción de una autopista irracional en muchos aspectos y antipopular en sus consecuencias económicas— encontraron la más mínima contestación o desaprobación de las fuerzas o instituciones para autonómicas.

Una de las cosas más graves que está aconteciendo, cuando menos, en el panorama político del Estado español es el cinismo, la desfachatez con que se recurre a combatir al enemigo político, popular y nacionalista manipulando y vaciando de contenido demagógicamente sus presupuestos.

Política de fraude

La política de fraude, como arma confusionista, está siendo utilizada por la derecha y la izquierda españolistas con una profusión que desnorta a amplios sectores de la opinión pública. Hablan de autogobierno, hablan de lengua propia, hablan de nacionalidad histórica, hablan —¡oh colmo de los descaros!— del derecho a vivir y trabajar la propia tierra, hablar de competencias exclusivas, como hace el Estatuto gallego, no deja de ser una alarmante operación destinada a combatir al nacionalismo, a confundir a la opinión pública gallega.

Son las compensaciones inservibles, que se demuestran con este carácter si uno las lee con referencia a una ley de rango superior como la Constitución, si tiene en cuenta la superioridad de todas las leyes orgánicas del Estado, si sabe que legalmente la soberanía reside en el pueblo español (evidentemente, en la práctica tampoco reside en él), que sólo existe legalmente la nación española; si descubre que hay obsesión por «la patria común indivisible de todos los españoles» (obsesión que no se demuestra nada efectiva para defender la soberanía del Estado español frente al campo imperialista: EE UU o Europa Occidental), si constata que todos tenemos el derecho a usar el español, el deber de conocerlo y que es el único idioma realmente oficial del Estado; en fin, si llegamos a comprender que no hay más competencias autonómicas que aquellas que significan una aplicación o desarrollo de la legislación del Estado, de las decisiones del Gobierno o del Parlamento español, todas estas cosas se saben leyendo correctamente los textos y contrastando con la realidad práctica diaria.

Nosotros no jugamos en el campo de la reacción ni estamos dispuestos a fortalecer sus objetivos

por más chantaje que se nos haga o más amenazas golpistas con que se nos intente amedrentar. Sabemos que la alternativa autonómica, a la altura de 1980, no es la candida, ingenua y bienintencionada, aunque tampoco fuese solución, autonomía del año 1936.

Ni el Estado español es el mismo, ni la Europa Occidental es la misma, ni la postura de las fuerzas españolas de derechas e izquierdas es la misma respecto de dicha alternativa, ni, por supuesto, hoy es la misma la necesidad material, económica y política de naciones como Galicia, Países Catalanes, Euskadi y Canarias respecto de aquella época.

La opinión popular en Galicia participa masivamente de una tesis que es totalmente correcta: la connivencia y convivencia de la Administración central con una Administración autonómica en nuestro país sólo servirá para aumentar el número de enchufes, gastos superfinos, poderes paralelos confusionistas.

Hablando en términos más políticos, sabemos que el Estado español necesita formalizar los compromisos de ciertos sectores de nuestra sociedad con sus objetivos, dándoles un protagonismo político como intermediarios, de manera que aparezca como un problema entre gallegos lo que no es más que una consecuencia de los se»vicios a unos intereses y disposiciones ajenos a nuestro país.

Francisco Rodríguez es miembro de la secretaría política de Unión del Pueblo Gallego (UPG) y dirigente del Bloque Nacional Popular Gallego (BNPG).

 

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