Autor: Ramírez del Pino, Andrés. 
   Democracia, o autonomías     
 
 Diario 16.    09/03/1981.  Páginas: 1. Párrafos: 19. 

PEDRO J. RAMÍREZ.

O democracia, o autonomías

COMENTABA no hace mucho Miguel Boyer que si un general inglés considera intolerable la persistente derrama terrorista en el Ulster y el dañino efecto de un índice de desempleo que inmoviliza a casi dos millones y medio de personas, puede llegar en su arrojo inconformista a hurtar su voto a los conservadores en el próximo envite electoral. Lo que se le plantea enseguida a su colega español, ante manifestaciones menos extremas de esos mismos procesos cancerígenos, es, sin embargo, la posibilidad de coaccionar al poder político; bien sacando los tanques a la calle, bien amenazando simplemente con hacerlo.

El hecho de que la cadena de mando de las Fuerzas Armadas reaccionara contra la intentona del pasado día 23, de acuerdo con las órdenes de Su Majestad el Rey, no puede inducirnos al espejismo de que, rompiendo una tradición de casi dos siglos de activo tutelaje, nuestros Ejércitos se hayan hecho súbitamente constitucionalistas.

Que nadie interprete, por cierto, esta alusión a la proclividad histórica de nuestros militares al pronunciamiento como un alegato contra el estamento castrense. La escasa duración de todas nuestras experiencias democráticas y esa intima convicción de que alguien debe suplir al orden politico cuando este flagrantemente falla, que los hombres de armas se transmiten de generación en generación como si de un ancestral legado se tratara, han terminado formando un círculo vicioso en cuyo interior quedan atrapadas todas las insuficiencias de las demás instituciones del Estado.

Los golpistas han «aprendido» mucho.

El historiador Juan Pablo Fusi lo explica diáfanamente en la página contigua, desde la perspectiva de los años treinta. Aunque, es cierto, que la mayor homogeneidad de la sociedad española constituye una garantía frente a la repetición del golpe, también se impone reconocer que la iniciativa de Tejero, Milans y Armada ha tenido mayor envergadura que la de Sanjurjo en el 32 y que de momento, aun fracasando, arroja un balance bastante aceptable para la trama golpista.

Los sucesos del mes pasado pusieron de relieve que si bien la democracia española cuenta con un firme apoyo exterior, este apoyo no es tan entusiasta y beligerante como podía pensarse; que si bien la opinión pública interior se siente mayoritariamente identificada con el orden constitucional, esta identificación sólo moviliza activamente a la burguesía industrial de las grandes ciudades; que si bien existen unos dispositivos de seguridad relativamente eficaces en previsión de cualquier supuesto sedicioso, esta eficacia quedará muy disminuida desde el momento en que se rebelen determinadas unidades de élite, y que si bien una afrenta como la sufrida por la Nación entera va a desembocar en el castigo de los culpables, resulta poco menos que imposible neutralizar los canales de intoxicación informativa con que cuenta la conspiración e impedir la siembra de nuevos estímulos golpistas.

Todos estos factores han empujado a determinados analistas extranjeros hacia la conclusión de que los enemigos de la democracia española han «aprendido» mucho con lo ocurrido y de que eso va en detrimento de nuestras perspectivas de estabilidad. Tal línea de análisis, poco autocomplaciente, más bien realista y cruda, no puede conducir tampoco al desalentado derrotismo, pero en cualquier caso debe servir de antídoto a la tentación avestrucesca de enterrar la mollera en la arena y continuar adelante como si nada hubiera ocurrido.

En nuestras manos está evitar que a la nueva «sanjurjada» suceda un nuevo «18 de julio» (de características obviamente diferentes), pero para ello hay que partir del reconocimiento de que el riesgo existe. En contra de lo apuntado por CalvoSotelo, con el encomiable propósito de levantar el ánimo ciudadano, la nuestra es ya efectivamente una «democracia vigilada». Poco importa que algunos de quienes la «vigilan» no sean ni siquiera plenamente conscientes de ello. El hecho irreversible es que el fallido «putsch» de Tejero ha demostrado que el golpe es verosímil y técnicamente posible.

De nada sirve rasgarse las vestiduras de demócrata nuevo para encasillarse en una angelical reivindicación de la pureza del sistema. Alguien (los gobernantes, desde luego) tiene que tener la cabeza lo suficientemente fría como para darse cuenta de que, junto a una implacable represión de los actos cometidos contra la legalidad y junto a una gélida política de nombramientos intencionados, se imponen una serie de rectificaciones que deben afectar a aspectos esenciales del proyecto democrático que estamos desarrollando.

«Que cambien ellos, que sean los golpistas en potencia los que se autocontrolen», podría alegarse. «Nosotros no aceptamos imposiciones externas al proceso electoral.» Pero razonar así tendría tan poco valor práctico como aludir al Código de la Circulación en el momento en que se te echa encima un camión con los frenos •estropeados. Ojalá nunca tengamos que lamentarnos (apurando tan ramplona metáfora) en el sanatorio del exilio o desde la UVI del totalitarismo: «¡Ah, si hubiéramos dado un volantazo a tiempo!»

Hasta el año 2000

Tras esbozar la revisión de cuatro opiniones sobre otros tantos temas puntuales, la semana pasada anunciaba mi propósito de llevar la autocrítica hasta aspectos más profundos de mi discurso periodístico de los últimos años. Reflexionando con detenimiento sobre la historia del tránsito democrático, he llegado a la incómoda intuición —y estamos ya en la médula de la crónica de hoy— de que el actual ritmo de construcción del Estado de las autonomías genera indefectiblemente una dialéctica política que nuestras Fuerzas Armadas no están en condiciones de asimilar.

Hace tiempo que las «Memorias de un federalista», escritas por Salvador de Madariaga, aparecen entre mis libros de cabecera y a menudo he intervenido en polémica, reivindicando el autogobierno a todas las escalas como una de las manifestaciones más tangibles de la democracia. Ahora, sin embargo, se impone darle la razón a aquel Felipe González que hace unos años advirtió en el Club Siglo XXI —en flagrante contradicción con el comportamiento posterior de su partido— que

convenía situar el horizonte de la plenitud autonómica más "allá del año 2000.

Algo parecido apuntaba ahora el líder socialista, especulando sobre los imperativos programáticos del nonato Gobierno de coalición, la víspera de que Alfonso Guerra celebrara frivolamente las altas cotas alcanzadas por el Estatuto de Andalucía, fronterizas, en su opinión, con el techo constitucional.

Pues bien, se impone comenzar a decir en público lo que los políticos reconocen en privado, pero no se atreven a gritar ante sus electores por miedo a quedar engullidos en la infernal trituradora del agravio comparativo: o ralentizamos sustantivamente el proceso autonómico, o la olla a presión de la democracia terminará por estallar.

La promesa de Calvo-Sotelo de completar en dos años la parte constituyente del diseño esbozado por el Título Octavo, de forma que las elecciones del 83 puedan servir también para escoger unos Parlamentos regionales de similares atribuciones al catalán y al vasco, debe ser suspendida cuanto antes.

No es difícil imaginar al Parlamento andaluz tratando de intervenir en la política norteafricana, al Parlamento canario impugnando determinados aspectos de nuestras previsiones defensivas y al Parlamento aragonés guerreando con sus vecinos catalanes. Tal vez dentro de veinte años el Estado pueda resistir, estas tensiones, pero hoy en día no está en condiciones de hacerlo. Si Tejero se comportó como lo hizo en el Congreso de los Diputados, cualquiera puede suponer el respeto que inspirarán esas Asambleas, imbuidas sin duda de toda la mezquindad y ramplonería de los politiqueos locales, al jefe de puesto o unidad más próxima.

Puede ser desagradable y hasta doloroso, pero va siendo hora de decirles a los gallegos, andaluces, valencianos y extremeños que antes de profundizar en su autonomía hay que consolidar la democracia de todos. Y si para congelar este proceso se impone reformar algún aspecto de la Constitución —puede no ser imprescindible—, pues téngase la valentía de encarar esa tarea, no vaya a suceder que por no transigir en una pequeña parte, lo perdamos absolutamente todo.

Esta actitud ante las autonomías por constituir, es precisamente la que puede cargar de razón a los gobernantes de Madrid para poner coto a los delirantes excesos que en la interpretación de sus Estatutos están exhibiendo la Generalidad de Cataluña y en menor medida el Gobierno vasco.

Vamos a hablar claro y empecemos a explicar que Pujol y Roca practican con maestría sin par el arte del doble lenguaje y que mientras en Madrid hacen votos de moderación y solidaridad, en Barcelona practican una política agresivamente antiespañola, al servicio del nuevo centralismo que pretenden imponer.

Reforma electoral

¿Por qué el nuevo Gobierno no ha tenido el coraje de denunciar la oferta de esa minoría catalana que, hasta el último momento, pretendió vender sus sufragios en la primera votación de investidura, a cambio de bloquear el recurso de inconstitucionalidad que pesa sobre la abolición de las Diputaciones? ¿Por qué se le permite al honorable Pujol, cuya habilidad política merece toda mi admiración, el acceso a la televisión del Estado, cuando sólo se flanquea de una enseña que, al no ir acompañada de la bandera de España, hace chirriar los resortes afectivos de las Fuerzas Armadas?

Todavía estamos a tiempo de poner los pies en la pared y comenzar a distinguir entre el modelo ideal al que nos llevaría la automática aplicación de nuestras convicciones y el esquema posibilista que (nos guste poco, mucho o nada) viene impuesto por la realidad de la situación española. Pieza clave en todo este replanteamiento debe ser una seria reforma de la ley electoral que impida el acceso a las Cortes de la caterva de grupúsculos nacionalistas que, sumándose a los ya existentes, proliferan a troche y moche. Ni Clavero, ni Rojas Marcos, ni los gallegos, ni los émulos de Sagaseta, Aizpún y compañía deben tener otra presencia parlamentaria que no sea la meramente testimonial dentro de un grupo mixto que incluso requiera franquear un listón relativamente alto e implique escasas posibilidades de incidencia en los trabajos de la Cámara.

Se trataría, en suma, de hacer gobernable España, de apuntalar el sistema con objeto de salvar la democracia, aunque por ahora sea dentro de la modalidad de «democracia vigilada». Este es el gran reto que toca afrontar desde el poder y para el que, evidentemente, habría estado más capacitado ese Gobierno de coalición, de momento descartado, que este Gabinete monocolor que con tanta dignidad y esperanzador acierto ha iniciado su andadura bajo la templada dirección del señor Calvo-Sotelo.

" El actual ritmo de construcción del

Estado de las autonomías genera indefectiblemente una dialéctica política que nuestras Fuerzas

Armadas no están en condiciones de asimilar"

 

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