Autonomías y terrorismo     
 
 ABC.    19/04/1981.  Páginas: 1. Párrafos: 3. 

Autonomías y terrorismo

No se pueden identificar ni confundid, como ya hemos señalado en este espacio editorial, el problema autonómico y el problema del terrorismo. El que en ocasiones aparezcan mezclados no quieren decir que sean la misma cosa ni tampoco que compartan la misma causa. La distinción, importante de por sí, viene a serlo todavía más ahora por razón de las circunstancias, con motivo de la confusión creada por la propuesta —desestimada ya por el Gobierno— de quienes administran la autonomía de las provincias vascas, de asumir la dirección y el mando de las fuerzas del Estado que luchan allí contra el terrorismo de

ETA. Mientras parece indiscutiblemente positiva toda disposición colaboradora en la acción antiterrorista, se presta a perturbadoras confusiones, por el contrario, cualquier expresión de tal voluntad que se planteé sobre planos inadecuados y para supuestos que no se corresponden con lo específico de las propias competencias. No está ciertamente en las competencias que corresponden al Gobierno vasco, conforme su Estatuto, realizar la colaboración en la tarea antiterrorista a través de actuaciones que, única e intransferiblemente, corresponden al Estado. Los límites de lo que cabe hacer por vía autonómica y lo que sólo es competencia estatal son, para estos supuestos, claros y taxativos.

No hay en ellos sombra alguna de indeterminación o de imprecisión. Tampoco, por ello mismo, existe una razón, clara en su legitimidad, para que, a despecho de lo inconfundible y lo obvio, se vengan a crear situaciones en las que, por las ambigüedades y sombras políticas que generan, la lucha contra el terrorismo resulta, en cierto modo, entorpecida y desorientada en importante medida la opinión nacional que la debe prestar apoyo.

Hechas las precisiones que anteceden conviene apuntar, desde una óptica nacional de los intereses en juego allí, en las Vascongadas, que si la voluntad •cooperadora del Gabinete del señor Garaicoechea es rigurosamente legítima en sus propósitos, debe realizarse, tal voluntad, por cauces pura y estrictamente políticos, tanto desde las facultades que el Estatuto y la Constitución le reconocen, como desde la propia situación de hecho del Partido Nacionalista Vasco, situación que expresa su misma mayoría en el Parlamento como en los Ayuntamientos de allí.

Remontar el largo trecho de ambigüedades en que el PNV ha solido frente al hecho etarra en sí, igual que amortizar la inacabable teoría de inhibiciones ante el compromiso que ha demandado tantas veces la política de Estado, o que apoyar moralmente el sacrificio continuo de las Fuerzas de Orden Público, es un conjunto de aptitudes y de compromisos capaz de colmar, tanto objetiva como aparentemente, una voluntad cierta de cooperación en la lucha contra el terrorismo.

Como no disponemos de certeza de cuál haya sido el ánimo y la intención del Gobierno vasco al hacer la propuesta que comentamos, no negamos la posibilidad ni nos cerramos a la esperanza de que el PNV haya hecho, como otros tantos partidos españoles, una recapitulación seria Sobre cuáles son los límites de las posibilidades reales de que disponemos para construir una democracia que sea eficaz, suficiente y habitable, y para llevar a puerto el difícil y complejo proyecto autonómico.

Por ende, nos resistimos a pensar lo contrario: que el Gobierno vasco del PNV haya intentado explotar, para beneficio de una peculiarísima y no admisible política autonómica, el problema terrorista. Sería demasiado grave para ser verdad. El terrorismo etarra no sólo condiciona la autonomía vasca, sino que hipoteca gravemente el futuro de la entera democracia de España. Lo que pasa en las Vascongadas por causa de la violencia etarra puede tener en el Gobierno autónomo respuesta política; la otra respuesta, aparte la política, corresponde al Estado, por la letra particular del Estatuto y por el general interés de todos los españoles.

 

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