Autor: Fernández, Vicente Javier. 
   Política regional y creación de empleo     
 
 Cinco Días.    27/05/1981.  Páginas: 1. Párrafos: 21. 

Política regional y creación de empleo

I A provisión en todo el territorio

nacional de un nivel de servicios públicos mínimos garantizados por la Constitución en su articulo 158.1 (LOFCA art. 15} supone en sí una nueva visión del papel de la política regional y una estrategia válida para incrementar el empleo.

Esta estrategia debe pretender dar solución, a la vez, al problema de los desequilibrios regionales, lo que es un problema de justicia social, y al problema acuciante del desempleo actual; ambos son problemas de redistribución.

La política regional se ha concebido en épocas de crecimiento económico como una política redistribuidora de recursos a nivel espacial, modificando la asignación de mercado, que implicaba fuertes concentraciones de la actividad en las zonas donde existían economías de aglomeración.

La política regional, concebida como política de Idealización industrial forzada o dirigida. Implica un coste en términos de eficacia, y por ello ha sido y es rechazada por toda la derecha económica. No obstante, hay que decir que los objetivos son conceptos relativos.

El enfoque que se dé a la política regional para la consecución de más equidad frente a más eficacia, o viceversa, depende del tipo de sociedad que se quiera construir. Hay dos líneas de conceptos, ambas totalmente válidas y defendibles; la primera es: eficacia, crecimiento, desigualdad creciente; la segunda: menor crecimiento y superior nivel de calidad de vida, distribución, desigualdad decreciente.

Las autoridades económicas en España, y también en otros países, a nivel político-justificativo, han dicho querer seguir la senda crecimiento, distribución, desigualdad decreciente. Pero la realidad de su política económica ha sido ser fiel a la primera senda. Esto se instrumenta a través de un crecimiento desequilibrado a nivel personal, regional y sectorial, cuyo fin era la maximización del nivel de producto a cualquier coste social.

Ni antes ni ahora existe una mínima posibilidad de distribución más racional de la actividad, que a la vez coincide con una distribución más equilibrada regionalmente, si no se dota de forma general a todo el territorio nacional con una mínima infraestructura social y técnica. Esto podía ser un prerrequisito que, al no cumplirse, hizo vana la política regional en España, pero hoy es el primer objetivo de la política regional.

En épocas pasadas no lo fue; más aún, se despreció su proyección en función de los objetivos de eficacia y maximización del producto a nivel nacional, dando lugar á la congestión y de economías de los grandes centros industriales saturados. Hoy lo es, no sólo por el hecho del expreso mandato constitucional, sino por razones de justicia social, cuando las posibilidades de emigración de las zonas infradotadas no existen, y lo es Incluso por su coherencia, en estrictos términos de racionalidad económica de mercado.

En la actualidad no parece estar vigente la afirmación de Richardson (1969) de que «no es muy sensato para un Gobierno dar demasiada importancia a las desigualdades regionales en condiciones de desempleo general, ya que el pleno empleo agregado figura más alto entre los objetivos gubernamentales». En el presente no existe esa contradicción que señala el autor.

Por el contrario, la crisis actual no reside sólo en problemas de demanda efectiva nacional, y sí en problemas de estructura productiva, y sobré la base de una política macro que estabilice el nivel de inflación, políticas de oferta como la sectorial y la regional, bien coordinadas, son las que pueden solucionar los problemas del desempleo y de balanza de pagos.

Tradicionalmente se ha puesto al político-económico ante el dilema del «trade-off» equidad-crecimiento.

En la actualidad la política regional, alcanzando objetivos de equidad, puede ayudar activamente a resolver el problema del desempleo. Ahora bien, desde una concepción distinta de la política regional de la que se deriva de las siguientes frases: «... Las metas de distribución de la renta es probable que reciban más atenciones solamente cuando se hayan alcanzado metas de empleo. De cualquier forma, las

medidas de política regional son seguramente ineficaces en situaciones por debajo del pleno empleo» (Richardson).

Se quiere resaltar con las anteriores líneas una mayor compatibilidad en el presente de los fines crecimiento y empleo con los de calidad de vida y distribución, y su alcance a través de un objetivo intermedio, como es el de la provisión a nivel regional de un nivel mínimo de servicios públicos.

La estrategia propuesta es compatible con los objetivos tradicionales crecimiento sostenido, pleno empleo y equilibrio de la balanza de pagos, por no mencionar una más equitativa distribución de la renta y un más armonioso desarrollo regional.

Por supuesto, ni el problema del desempleo ni la provisión de un nivel dado de servicios públicos son hoy objetivos, a corto plazo. Ahora bien, todas las medidas a corto plazo que se adopten han de estar insertas en un programa que garantice su coherencia y convergencia con el objetivo, final.

Pretendemos engarzar estas consideraciones y la política regional con el enfoque que acertadamente se está dando al diagnóstico y solución del problema del estancamiento y el empleo. Así como afirma Gámir (1980) podríamos decir nosotros respecto a la nueva estrategia de la política regional que «este enfoque implica, en definitiva, colocar a la lucha frente al paro como objetivo básico de la nueva política económica (nueva política regional), no sólo por consideraciones sociopoliticas y humanas (de equidad espacial y personal), sino además por razones técnico-económicas». (Las palabras entre paréntesis las incluye el que escribe.)

Algunas de las implicaciones que tiene la estrategia defendida son:

A Propugna la más homogénea utilización de los recursos situados en espacios diferentes. T16

A Se potencian sectores productivos trabajo-intensivo para la relación presente de precios de los factores (vivienda, obras civiles...).

Se potencian sectores con una dependencia exterior menor, en particular los menos energético intensivos.

Se incrementa el ernpleo de mano de obra, tanto cualificada (capital humano alto) como no cualificada.

Se le confiere un papel relevante al sector público, como agente que ayuda a la economía a buscar el equilibrio.

Con la creación y mejora de servicios públicos, proveídos o no por el Estado, no se trata de .sustituir al mercado, sino de ayudarle a que ajuste la economía. En definitiva, con esta estrategia, y desde el punto de vista técnico-económico, se potencian sectores donde la utilización de los factores de producción a sus nuevos precios es la más adecuada y factible, frente a otros en los que hay que cambiar sus funciones de producción y que, al menos a corto plazo Incrementarán el desempleo.

Ante situaciones no democráticas de gestación y gestión de la política regional, hoy, en base a la Constitución que el pueblo español se ha dado en 1978, la nueva política puede ser articulada en base a una organización descentralizada y participativa. Con la asignación por los entes regionales, provinciales y locales de los nuevos servicios públicos se incrementa la eficiencia, se evitan cuellos de botella y se hace operativa la estrategia.

En conclusión, en una fase de estancamiento como la actual, que en parte es causada por condicionantes externos a la economía nacional, parece posible cubrir a una tasa más rápida el déficit de infraestructura sin disminuir la tasa de crecimiento, sino, por el contrario, aumentándola. Es el momento de empezar a solucionar problemas que en épocas de fuerte crecimiento, por ser sólo solubles a medio plazo, se soslayaban. Hay que estar preparados sectorial y regionalménte para el momento en, que un tirón de la demanda mundial dé la salida a un nuevo periodo de crecimiento económico.

• Vicente-Javier FERNANDEZ

 

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