Autor: Azaola, José Miguel de. 
   "Nación y "nacionalidades"     
 
 Diario 16.    12/06/1981.  Páginas: 1. Párrafos: 17. 

OPINIÓN

12-junio-81/Diario 16

JOSÉ MIGUEL DE AZAOLA

«Nación» y «nacionalidades»

Azaola analiza algunos elementos del proyecto de ley de Armonización de las Autonomías —que ha creado una amplia polémica, especialmente en los Gobiernos autónomos— y que considera que el proyecto, en algunos de sus artículos, «responde a una necesidad de clarificación que, por mi parte, vengo reclamando desde los días en que se elaboró el vigente texto constitucional».

Encontramos en este último un artículo desdichadísimo de la Constitución —el que lleva el número dos que, como ya dije cuando se discutía en el Congreso, viene a ser un modus vivendi entre dos tipos de nacionalismo : el centrífugo y el centrípeto, el desintegrador y absorbente, el que exalta la personalidad de éste o el otro pueblo de España hasta negar su carácter español y el que exalta la personalidad de España hasta negarse a admitir que cualquiera de esos pueblos pueda poseer voluntad autónoma propia.

La Constitución republicana de 1931 había dicho que la integridad del Estado era compatible con la autonomía de las regiones, y, por haberlo declarado así y haber establecido las normas con arreglo a las cuales las regiones podrían constituirse en entidades autónomas en el interior de la República, había sido tildada, por los «ultras» del nacionalismo español, de desgarradora de la unidad de la Patria (generalmente, así, con mayúscula).

Un mal paso

Pues bien, la Constitución monárquica de 1978 ha dado un paso importantísimo en la dirección marcada por los nacionalismos desintegradores, al reconocer y garantizar «el derecho á la autonomía de las nacionalidades y regiones» que integran España.

En ningún sitio dice su texto cual es o cual podría ser, ni jurídica, ni política, ni sociológicamente, la diferencia entre regiones y nacionalidades. Y asi, cualquier porción de España, por poco diferenciada que esté o que se sienta (¿y cuál de ellas, por pequeña que sea, 110 estará o no se sentirá mas o menos diferenciada de su contorno respectivo?) puede proclamarse no sólo región autónoma, sino nacionalidad autónoma.

De aquí, a proclamarse nación autónoma o, pura y simplemente, «nación», no hay más que un paso: un paso de mero vocabulario; porque, en el terreno conceptual, el vocablo «nación» y el vocablo «nacionalidad» (en la medida en que uno y otro designan una colectividad humana) han sido siempre sinónimos. El empleo de esta terminología fue, pues, un gran triunfo de los «centrífugos».

Y para que el nacionalismo centrípeto pudiera tragar pildora tan amarga, el artículo dos fue enriquecido con estas altisonantes palabras: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles», añadiendo más adelante que las regiones y nacionalidades «integran» esa Nación indisoluble. (Escribo «Nación» con mayúscula, porque así consta en la Constitución.)

Contradicciones

En esta" forma, nuestro Código fundamental, en vez de superar las contradicciones nacionalistas (pues los nacionalismos son, por naturaleza, mutuamente excluyentes), corre el riesgo de ser víctima de ellas; ya que, al asumirlas, las ha convertido en sus propias contradicciones.

la terminología de 1931 estaba clara: por un lado, la República, «Estado integral», forma jurídico-política de España; por otro, las regiones (autónomas o no). La de 1978 no lo está, en cambio: por un lado, la «Nación española», una e indivisible; por otro, las (nacionalidades y regiones» que la integran. Pero, ¿cuál es la distinción entre nacionalidad y región?

En el lenguaje usual, parece clara; pero, en la Constitución, no existe. ¿Y cual es la distinción entre nación y nacionalidad? En el lenguaje usual (y no sólo en el hombre de la calle, sino también en el del político, el sociólogo, el historiador o el jurisconsulto), ninguna. En la Constitución está, sin embargo, clarísima.

No se ha planteado, por ahora, la necesidad de distinguir entre regiones y nacionalidades. Y lo probable es que tal necesidad no se plantee jamás mientras rija esta Constitución, cuyo marco carece de trascendencia jurídica y política. Mas no puede decirse lo mismo de la distinción entre nación y nacionalidad, pues, jurídica y políticamente, en el marco de la Constitución, las nacionalidades son partes integran-

tes de un todo indisoluble que es la Nación española. Esta enorme diferencia obliga a someter el vocabulario a unas reglas convencionales claras, ya que no en el lenguaje privado (el del ciudadano corriente y moliente y el de los técnicos de las distintas disciplinas), en e) cual las cosas seguirán como hasta ahora, sí al menos en el lenguaje oficial o público.

«España»

Estas reglas convencionales tienen que obedecer a la terminología del propio texto constitucional, en el cual se inspira en consecuencia el artículo segundo del proyecto de ley de Armonización: artículo con varios defectos de forma, el más llamativo de los cuales es el de decir «la patria común de todos los españoles» allí donde, breve y claramente, debiera decir «España».

Más grave es el defecto que aqueja al apartado dos del artículo primero, según el ´cual «las prescripciones de la presente ley serán también de aplicación a los actos administrativos y documentos oficiales dictados o producidos en virtud de las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas».

Pues es verdad que la Constitución autoriza al poder central solamente a dictar leyes «para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas», y nada más; pero hay que prever una situación en la que no haya tales disposiciones, y en la que sea precisamente la ausencia de ellas la que dé lugar a esa situación caótica que con la armonización se trata de evitara priorí o de remediar a posteriori.

Si una Comunidad Autónoma no dicta ninguna disposición sobre el empleo del término «nación» (y tal es actualmente el caso), sus órganos políticos y administrativos, incluso en el plano municipal, pueden ponerse a utilizarlo a troche y moche, con criterio dispar del que inspira la terminología constitucional.

El hecho de que no lo hagan «en virtud de disposiciones normativas» de la comunidad de que se trate sino en ausencia de ellas, no puede ser una razón para impedir la normalización de ese uso con arreglo a las disposiciones armonizadoras dictadas por las Cortes. Esta normalización, que es enteramente conforme con el espíritu del artículo 150, apartado tres, de la Constición, debe preceptuarse en la ley que ahora se está preparando.

 

< Volver