Encauzar lo autonómico     
 
 ABC.    25/06/1981.  Páginas: 1. Párrafos: 5. 

Encauzar lo autonómico

Habrá que hablar en lo sucesivo, quizá, más de encauzamiento del proceso autonómico que de sólo armonización de competencias entre el Estado y las entidades regionales autónomas. Habrá que referirse en medida mayor al encauzamiento constitucional de esta importante reforma del Estado. Y no por otra cosa que por la subsistencia, fuera del Gobierno de la nación, de las mezcladas aguas, del subsistente revoltijo del tiempo jurídico y el tiempo político; es decir, de la demanda y la insistencia, por parte de los partidos nacionalistas, de que el tiempo político vuelva a primar sobre la racionalidad jurídica que es propia a la creación, desarrollo y cumplimiento de todo Estado de Derecho.

Pese al taxativo reconocimiento que en la Constitución se hace de la provincia como entidad local con personalidad jurídica propia y de la atribución a las Diputaciones de funciones administradoras y de gobierno para las mismas, se sigue planteando desde los citados ámbitos nacionalistas algo así como la apología del sometimiento de la «ratio» jurídica al voluntarismo político; resultando en ellos, de esta manera, poco menos que una práctica y final aceptación a beneficio de inventario de la norma jurídica suprema. El honorable Pujol acaba de declarar, después de su última entrevista con el presidente del Gobierno, que la tradición política de Cataluña, tanto de derechas como de izquierdas, ha sido siempre en favor de la desaparición tanto de las Diputaciones como de las mancomunidades formadas desde ellas, habiendo advertido previamente, el presidente de la Generalidat, que no se puede convertir a las Diputaciones en un contrapoder de la misma, por cuanto ello podría conducir a «laminar la autonomía catalana».

Entendemos nosotros que la tradición catalana, sea como el señor Pujol afirma o sea de cualquier otra manera, no podría en ningún caso prevalecer —en tanto que costumbre de opinión supuestamente en contrario— contra la ley constitucional ni contra ninguna otra, igual por razón de coherencia jurídica que por causa, podría decirse, de «justicia política». Al fin y al cabo la Constitución vigente, desde la voluntad política que la vino a conformar, retribuye al sentimiento nacionalista y autonomista con largueza que habría sido imposible incluso en la Constitución de 1932. Claro que la largueza y la generosidad con que la Carta vigente recoge la diferencial de los diversos pueblos que componen la unidad española, han debido instrumentarse, para que fueran compatibles con una unidad nacional cierta y no solamente verbalista, con el establecimiento de equilibrios de compensación para que fuese viable la nueva naturaleza autonómica del Estado.

Ni las Diputaciones ni los Ayuntamientos se podrán definir como contrapoderes de la Generalidad ni de cualquiera otra entidad autónoma. Son, pensamos nosotros-supuestos diferentes de asignación del redistribuido poder político del Estado, que se vertebra así de otra manera, sin desaparecer ni diluirse en una formulación gaseosa de su realidad. Tampoco sin desembocar en una formulación federal o confederal.

Reducir lo autonómico a las simples competencias de las entidades regionales, olvidando a los Ayuntamientos y a las Diputaciones, o vaciándolos de contenido, podrá aproximarse a la desiderata de las aspiraciones nacionalistas, pero supondría un alejamiento ilícito de la Constitución y una falsificación cierta de la voluntad nacional.

 

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