Acuerdo autonómico     
 
 ABC.    28/07/1981.  Páginas: 1. Párrafos: 7. 

Acuerdo autonómico

Gran parte del pueblo español está inquieto desde hace tiempo por las autonomías. Desde las regiones españolas, pasando por los medios empresariales, y llegando hasta el ciudadano medio, se contempla con temor que la construcción de las autonomías pudieran quebrar la unidad de España, pudieran fracturar la unidad económica del mercado español, o produjeran un incremento del gasto público que, a la postre, repercutiera en los bolsillos de los españoles.

A estos temores se añadía el hecho de que el ciudadano espectador de la vida política contemplaba, con un cierto grado de estupor, cómo los dirigentes de los partidos políticos habían convertido el proceso autonómico en una especie de arma arrojadiza que, lejos de componer, podía descomponer este proceso casi constituyente.

Debemos reconocer que este panorama ha cambiado. Y justo es reconocer que la iniciativa corresponde al presidente Calvo-Sotelo, que supo suscitar el sentido de responsabilidad de Felipe González, cuando ambos decidieron someter a análisis todos los puntos graves del proceso autonómico. Gracias a esta iniciativa, el Gobierno y los cuatro partidos de representación parlamentaria y de ámbito estatal están esforzándose en encontrar soluciones definitivas para todos los actuales problemas autonómicos.

En primer lugar, y apoyándose en el informe dirigido por el profesor García de Enterría, el Gobierno y los partidos políticos ya se han puesto de acuerdo, entre otros muchos, en temas tan importantes como son: fijar el mapa definitivo de las automomías; establecer un calendario pactado que afirma que todas las elecciones regionales se han de celebrar, a partir de 1983, el mismo día en toda España, para evitar el constante «circo» electoral que sería lo contrarío; que los cargos de los Consejos de los Gobiernos autonómicos deben recaer preferentemente en funcionarios públicos, para asegurar su eficacia administrativa; que los diputados regionales no percibirán sueldos y otras medidas, para evitar incrementos del gasto público. Parte muy importante del acuerdo es que las Diputaciones Provinciales —de probada eficacia— sean los órganos administrativos provinciales de las Comunidades Autónomas, pues lo contrario podría generar una grave inestabilidad funcional.

En segundo lugar, es altamente encomiable que el Gobierno y los partidos políticos nacionales estén analizando juntos los problemas fundamentales que han de plantear al Estado los aspectos económico financieros de las Comunidades Autónomas. Y no cabe negar la máxima importancia que para España poseen los dos puntos fundamentales de esta negociación: tutelar y respetar el equilibrio financiero del Estado y de las Comunidades Autónomas, para que no se dispare el gasto público en perjuicio de todos los españoles; y, en tercer lugar, que la ley de Servicios Públicos mínimos y la ley del Pondo de Compensación Interterritorial cumplan su misión fundamental, que es la de reducir la distancia socio-económica entre las regiones más desarrolladas y las menos desarrolladas.

Finalmente, el Gobierno y los cuatro partidos estatales están estudiando un anteproyecto de ley orgánica de armonización del proceso autonómico, elaborado bajo la dirección del profesor García de Enterría, que ha de establecer de forma definitiva el marco de las relaciones fundamentales entre el Estado y las Comunidades Autónomas y muy especialmente la relación entre las normas de aquél y de éstas, la necesaria reestructuración de la Administración del Estado y de la función pública, todo ello a consecuencia del proceso autonómico.

Debemos reconocer el realismo con el que el presidente del Gobierno ha tomado la iniciativa para ordenar todo el proceso autonómico y la responsabilidad con la que los cuatro partidos políticos "están dejando de lado sus disputas y sus querellas, en bien de la. definitiva conformación, del Estado de las autonomías. En este trance debemos pedir a todos que nadie rompa, por intemperancia o por interés de partido, ese acuerdo total O parcial que debe redundar en bien del Estado y de todos los españoles.

 

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