Autor: Ferrando Badía, Juan. 
   La concertación autonómica (I)     
 
 Ya.    26/08/1981.  Páginas: 1. Párrafos: 24. 

La concertación autonómica

NO quiero que el lector paciente pierda sus preciosos minutos acerca de si el término concertación existe en la lengua española, si es un galicismo, etc. El hecho es que en el mes de abril de 1981 Calvo-Sotelo y Felipe González acordaron nombrar una comisión de expertos que estudiara el tema autonómico. El golpe militar del 23 de febrero ha estado «planeando» desde entonces, y —opinarnos— no ha dejado de influir o «pesar» durante todo este proceso de la llamada «concertación» autonómica hasta su conclusión el 31 de julio de los corrientes.

Tengamos en cuenta que a finales de 1980 y principios de 1981 no se había llegado a sacar del atasco el proceso autonómico. Se hacía imprescindible un pacto autonómico especialmente entre los partidos mayoritarios. El frustrado golpe del 23 de febrero no hizo más que acelerar la instrumentalización

práctica de esta decisión que venía gestando el ambiente político. Y el 31 de julio —previa ausencia de AP y PC—, Calvo-Sotelo y Felipe González firmaron los acuerdos político-administrativos que constan de 27 capítulos.

Pero antes que nos ocupemos en otros artículos del contenido del texto en cuestión, así como del «informe de la comisión de expertos sobre autonomías», creemos oportuno indicar los puntos esenciales del programa autonómico de UCD acordado en su segundo congreso, celebrado en Palma de Mallorca los días 5-8 de febrero de 1981,-pues opinamos que éstos están subyacentes tanto en el llamado «informe Enterría» como en los acuerdos político-administrativos sobre autonomías antes aludidos. Veámoslo:

Los limites propios de un artículo periodístico nos obligan a que tan sólo señalemos las directrices fundamentales autonómicas de UCD abordadas en su segundo congreso. He aquí los puntos esenciales:

A) Declaración de principios.

1. Voluntad autonómica.— «UCD reafirma su voluntad autonómica como forma y contenido de una nueva, eficaz y más moderna concepción del Estado dentro de la unidad de España y del respeto de los principios de solidaridad y no discriminación. Su objetivo es completar el proceso autonómico con una clara distribución de competencias y de medios financieros, con la vista puesta en una mayor eficiencia y en evitar el aumento del gasto público, para que cuanto antes esté en normal funcionamiento la nueva y total estructura de la que dichas autonomías forman parte.»

2. Los tres niveles autonómicos.— La organización territorial del Estado debe fundamentarse en la autonomía de municipos, provincias y comunidades autónomas. El equilibrio de estos tres niveles autonómicos, cualitativamente distintos entre sí, articula y vertebra la unidad de España. La autonomía es solidaridad o es ruptura.

3. Las comunidades autónomas.— Suponen una mejor utilización de los recursos y una más justa y solidaria distribución de los mismos.

El Estado será único y unido, organizado en las instancias políticas plurales.

B) Principios que informan el desarrollo del proceso autonómico.

1. Generalidad.— La autonomía se reconoce a todos los territorios, es para todos y «debe» aplicarse a todos los niveles.

2. Homogeneidad.— Todas las comunidades autónomas podrán contar «con similares órganos legislativos y ejecutivos con independencia de la vía de acceso a la autonomía elegida» y del procedimiento que se haya seguido en la elaboración de sus correspondientes estatutos.

3. Igualdad.— Todas las comunidades autónomas podrán llegar a disponer de las mismas competencias.

4. Solidaridad.— No sólo no se producirán desigualdades o privilegios, sino que se corregirán los desequilibrios económicos interterritoriales actualmente existentes.

• Todo ello se traduce en el establecimiento de la autonomía más plena, con toda la capacidad de autogobierno, y la instauración de las tres instituciones que comportan la capacidad de administrar, de legislar y de juzgar.

UCD entiende que el concepto de «nación» y «nacional» es tan sólo aplicable a España.

C) La articulación autonómica.— Unidad del espacio económico en igualdad, sin privilegios.

D) Objetivos de la UCD desde el punto de vista económico-territorial.— Promover aceleradamente el desarrollo de las regiones más atrasadas, acercándolas" al nivel medio de la nación, reduciendo las desigualdades regionales presentes y sentando las bases para un crecimiento global, equilibrado y armónico de la economía española.

E) La responsabilidad de los partidos.— Una estructura autonómica exige unos «partidos políticos de implantación nacional». «Es precisa la potenciación de los partidos de ámbito estatal» y asimismo la regionalización de nuestro partido, imprescindible para una más eficaz presencia en cada región.

1. La provincia.— Determinada por la agrupación de municipios, es hoy en nuestro Derecho una realidad constitucional y una entidad necesaria: a) como división territorial del Estado; b) como circunscripción electoral; c) como ente con personalidad jurídica propia para el cumplimiento de fines específicos.

2. La autonomía de las provincias y municipios. Participación. Gobernabilidad.—

UCD reafirma ´su firme creencia en los principios de la democracia representativa como cauce de participación política, articulando los adecuados mecanismos de participación ciudadana en el marco de las Corporaciones como instrumento para canalizar la opinión pública local a través de las asociaciones, organizaciones e instituciones dentro del respeto a los principios contenidos en la Constitución y en las leyes.

UCD proclama que las Corporaciones Locales deben ser ejemplo de ejercicio democrático y de participación ciudadana. La autonomía es la gestión democrática de los propios asuntos... La elección directa de alcalde es la opción constitucional por la que UCD se decanta. Se propugna, para una mejor gobernabilidad de las Corporaciones Locales, «el abandono del sistema proporcional en su forma actual», en favor de otro que garantice la «mayoría» a la lista más votada.

3. Las Diputaciones u órganos provinciales similares.— La Diputación Provincial es el Ayuntamiento de Ayuntamientos.

Especial referencia a las competencias de los órganos provinciales.— Entre otras, «... control político directo. Economía burocrática y aprovechamiento óptimo de la organización administrativa de las Diputaciones Provinciales...»

Las Corporaciones Locales.— UCD parte del recono cimiento del hecho de la diversidad de situaciones municipales.

F) Los recursos.— Pueden, en términos generales, provenir de dos fuentes: a) transferencias y participación en los ingresos del Estado y de las comunidades autónomas, y b) imposición o tributación propia, exacciones e ingresos patrimoniales de las Corporaciones.

Un sentido profundo de la solidaridad y una concepción moderna de la política local supone incrementar sustancialmente la participación de las Corporaciones en los ingresos del Estado.

G) La responsabilidad de UCD como partido nacional.— UCD señala que los grupos de sus representantes en los órganos provinciales y municipales deben insertarse en perfecta conexión con los respectivos Comités Provinciales y Locales para un estricto cumplimiento del programa del partido y para la consecución de una linea de acción política homogénea y coherente, identifícadora de la ideología de UCD.

Por último, Unión de Centro Democrático aspira a que el proceso de constitución de las diversas comunidades autónomas se produzca de forma dinámica y eficiente, en un clima de responsable entendimiento entre las fuerzas políticas representativas.

El comentario crítico, así como una exposición más amplia que lo desarrolle, lo hemos dejado para cuando analicemos especialmente los «acuerdos autonómicos» firmados por los dos partidos mayoritarios. Ahora tan sólo afirmaremos que el programa de UCD, acordado en su II Congreso, no está muy de acuerdo con la Constitución española. Y así, los principios de «generalidad» y «homogeneidad», por ejemplo, suponen una violación del artículo 2 de la Constitución, por una parte, y, por otra, contra los artículos 143, 148, 151 y 152,

La autonomía es un derecho, no una obligación, un deber (art. 2); por tanto, no cabe imponer la «generalidad» autonómica, y tampoco cabe implantar la «homogeneidad» o «igualdad de mismo techo autonómico», porque ello implica, además de la violación de los artículos citados, un atentado contra «el principio de la voluntariedad» consagrada en el citado artículo segundo de la Constitución, que prescribe que «la Constitución... reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones» que, «integran» la indisoluble unidad de la nación española.

Juan FERRANDO BADIA

Catedrático da Ciencia Política y Derecho Constitucional. Vicerrector de la Universidad de Alcalá-Madrid

 

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