Autonomías y orden económico     
 
 ABC.    14/04/1982.  Página: 17. Páginas: 1. Párrafos: 7. 

Autonomías y orden económico

En un Estado pluralista, desde la dimensión política, existe frecuentemente una tendencia innata a la descentralización. Sin embargo, en las experiencias europeas de las últimas décadas se observa, asimismo, que los argumentos económicos pesan seriamente, inclinando la balanza hacia la centralización de las funciones económicas. Esta tendencia a la centralización se contrapone a la orientación descentralizadora política, lo que nace necesaria una búsqueda de nuevas formas de cooperación entre el Estado y las comunidades a los distintos niveles, regionales y municipales.

Toda organización descentralizada implica, necesariamente, un gran esfuerzo de coordinación. Cuanto mayor sea la descentralización, mayores costes y dificultades implica la coordinación entre las distintas instituciones. Solamente una coordinación eficaz en las organizaciones descentralizadas será capaz de presentar resultados positivos en cuanto a las ventajas de un esquema descentralizado. En otro caso, los costes serán muy elevados, con todas las consecuencias que se derivan con respecto a la incidencia política.

Desde criterios económicos y organizativos en el análisis de la determinación del grado de centralización-descentralización no se puede afirmar a priori que una forma organizativa es siempre superior a la otra.

La eficacia organizativa depende de muy diversos componentes, por lo que sería de desear la existencia de flexibilidad suficiente para dar con aquella organización más eficiente tanto económico como societariamente para las diferentes tareas a realizar.

La idea básica de la descentralización es la de integrar, de hacer participativo al hombre, de acercar los problemas a los protagonistas, pero ello tanto en sus costes como en sus utilidades, poniendo a salvo la necesaria solidaridad entre los hombres y las propias instituciones. Esta es la base de una sociedad abierta y pluralista, ya que facilita la organización de la vida societaria democrática.

Cuando se analiza la capacidad de descentralización de las funciones económicas en un Estado moderno deben considerarse tres aspectos fundamentales. En primer lugar, los criterios de la mejor asignación posible de los recursos disponibles, de manera que se logre el máximo resultado y se considere las preferencias de los individuos. Si bien en una descentralización, adecuadamente organizada, la consideración de los deseos de los individuos debiera se más eficaz, se plantean serias dudas en cuanto a la eficacia con la que se logra satisfacer esas exigencias. En muchos casos, sin embargo, esta producción de bienes y servicios descentralizada puede ser mejorada.

En segundo lugar, las funciones de redistribución de rentas y patrimonios, como tarea estatal a través del sistema fiscal y de otros instrumentos de política económica, no puede descentralizarse de forma eficaz. La asignación de las funciones de redistribución debe de caracterizarse por el criterio de unidad centralizada. Esto es, no se puede introducir elementos distorsionadores y privilegios entre los ciudadanos, por lo que la unidad debe ser en la política re-distributiva el criterio dominante.

Ello no obsta para que en la ejecución de tales funciones se consoliden formas cooperativas entre las diferentes instituciones, de manera que una descentralización en la realización de las tareas ya definidas contribuya al éxito económico y social.

En tercer lugar, una de las tareas económicas clave es la política económica en la que el Estado debe asumir la responsabilidad de precios, del empleo y del crecimiento económico. Las actividades necesarias para realizar estas funciones económicas deben ser necesariamente competencia del Estado Central, ya que solamente a este nivel institucional se dispone del instrumental necesario y solamente a este nivel puede darse una respuesta positiva a la exigencia de coordinación.

Por tanto, en materia económica debe quedar garantizada a niveles de instituciones centralizadas las competencias en esta área, debiendo, sin embargo, considerarse también el que para determinadas funciones de fomento de la actividad regional pueden delegarse, dentro de un marco definido y previamente coordinado, la realización de programas específicos. Pero en cualquiera de los casos, la unidad a nivel de Estado de la política económica debe quedar asegurada como condición ineludible para el funcionamiento de una economía.

La unidad de los mercados y de toda la normativa que los regula, la unidad de todas las instituciones que configuran la vida económica y la condición necesaria de ofrecer a todos los ciudadanos una igualdad en las condiciones de vida son criterios decisivos para reafirmar la unidad económica.

Todo intento de socavarla creando parcelas regionales o locales es incompatible con un orden de economía de mercado, ya que distorsionará su funcionamiento y llevará a una menor eficacia económica. Pero además, tal proceso implicará consecuencias sociales que pueden desestabilizar y dificultar las tareas de coordinación en una organización descentralizada.

Existe hoy en la Europa federal una clara reafirmación de esta doctrina centralizadora en materia de economía y de sus instrumentación. La libre circulación de bienes, personas y capital bajo idénticas normas de funcionamiento es la exigencia ineludible del funcionamiento económico y político.

 

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