Autor: Fraile Clivellés, Manuel María (profesor de Derecho Político de la Complutense y letrado de las Cortes). 
 Debate. 
 No merma derechos     
 
 Arriba.    16/11/1976.  Página: 6. Páginas: 1. Párrafos: 4. 

U O MERMA DERECHOS

Por Manuel M.a FRAILE CLIVILLES

Profesor de Derecho Político de lo Complutense y letrado de las Cortes

L procedimiento de urgencia no merma los derechos par-C laméntanos de los Procuradores.

Este procedimiento no •• supone ninguna disminución proque ha vertido a desarrollar un proceso especial de tramitación de las leyes, que es el de urgencia, el cual sólo estaba apuntado, pero no desarrollado, en el Reglamento. En él se establecen unos meca nismos a través de los cuales cualquier Procurador puede intervenir en el Pleno con el apoyo de otros nueve miembros de la Cámara. En el procedimiento anterior sólo podían intervenir aquellos que hubieran obtenido diez votos en la Comisión, con lo que resultaba más difícil que los Procuradores que representaran posiciones minoritarias en la Comisión pudieran llegar en ningún caso al Pleno. Es decir, en realidad, el proceso lo que viene es a ampliar los derechos de los Procuradores en vez de reducirlos.

Desde luego que el sistema de debate en el Pleno puede agilizar la tramitación del proyecto sin perder en eficacia. La agiliza en la medida en que la fase de comisión se absorbe íntegramente por el debate en la Ponencia, ahorrando el tiempo que se invertía en el debate en las Comisiones, que venía a sustituir al de) Pleno, haciendo después de él un órgano ¡no perante.

Con el nuevo sistema, y más aún después de la última modificación hecha por la Presidencia, se obtiene directamente el pronunciamiento de la Cámara, permitiendo incluso que intervengan aquellos Procuradores que no habían presentado enmiendas, porque estaban de acuerdo con el texto inicial del proyecto, y que luego, al modificarse éste por la Ponencia, se encontraban sin derecho a defender ese texto inicial. En resumen, creo que realmente se combina bien el mantenimiento de un debate en el que pueden ser defendidas distintas posiciones con la eficacia de que esto tenga lugar en un breve lapso de tiempo.

En cuanto a que se establezca, o no, de hecho una diferenciación entre Procuradores pertenecientes a grupos parlamentarios y Procuradores «por libre», no sujetos a mandato imperativo, ésta es una vieja polémica en las Cortes, porque lógicamente la cuestión se plantea por la dificultad de obtener las firmas de apoyo necesarias para poder intervenir. De antiguo se establecían diferencias entre Procuradores residentes en provincias, donde en cada una de ellas había pocos, y entre los residentes en Madrid, donde se encontraba un número bastante más elevado de ellos. Esto se argumentaba cuando se recogían un número de firmas para poder presentar enmiendas.

Sin embargo, se empezó a solicitar el que los Procuradores pudieran agruparse para facilitar una acción política conjunta. Fruto de esas solicitudes, sobre las que trabajó la Comisión de Reglamento durante dos años, fue e! acuerdo de creación de los grupos parlamentarios, con cuya existencia las Cortes comenzaron a tener una fisonomía más semejante a la de los Parlamentos europeos. No existen en la normativa que los regula límites importantes para la creación de tales grupos, por lo que de hecho todos los Procuradores podrían haberse incorporado a alguno. En cualquiera de los casos, el grado de disciplina no es suficientemente riguroso como para impedir que cualquier Procurador, aunque no forme parte de ningún grupo, pueda solicitar el apoyo de los demás con independencia de que éstos formen, o no, parte de otros grup«. Creo que en definitivo, no existe más diferencias entre unos y otros que la facilidad material para recoger las firmas, que como hemos visto, no es un tema nuevo.

 

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