Autor: QUIJANO. 
   ¿Es posible la disolución de las Cortes ?     
 
 Informaciones.    09/10/1976.  Páginas: 1. Párrafos: 18. 

¿ES POSIBLE LA DISOLUCIÓN DE LAS CORTES?

Por QUIJANO

CE ha comentado recientemente en algunos círculos políticos que la disolución de las Cortes es considerada en altas instancias como una posibilidad real en caso de que nuestra Asam´blea legislativa haga inviable la reforma política. La pregunta inmediata es: ¿Tal medida es admisible desde la legalidad constitucional vigente?

Las asambleas legislativas tienen normalmente un período de vida limitado y fijado por ley (llamado «legislatura»), al término del cual se procede a su renovación interna, mediante los procesos electorales.

Sin embargo, en algunas Constituciones, el Poder Ejecutivo (formalmente el Jefe del Estado) tiene la facultad de anticipar el término del mandato de una Cámara. Es lo que se denomina derecho de disolución del Parlamento. Tal técnica ha sido largo tiempo considerada por la doctrina como un elemento típico de las formas de Gobierno llama das «parlamentarias», que las diferencia de las llamadas presidencialistas».

La doctrina española más autorizada ha venido tradlcionalmente afirmando que la disolución de las Crtes carece de apoyo constitucional. En nuestra opinión, las razones en que se ha fundamentado tal tesis son insuficientes.

Se ha dicho que ningún precepto de las Leyes Fundamentales contempla expresamente tal posibilidad;...íííiise esto no autoriza, creerse», a-negar su admMMrMad Jurídica, sin más.

También se ha señalado —y esta es la razón de fondo— que el régimen español, al no hacer depender al Gobierno de la confianza d elas Cortes, no tiene carácter parlamentario; luego, el derecho de´ disolución no tendría sentido constitucional. Tampoco es válido este argumento, puesto que hay regímenes parlamentarios en los que no existe tal facultad gubernamental (ejemplo: Noruega), y otros no parlamentarios, en los que sí la hay (países africanos).

Así, pues, sólo un examen sistemático de las Leyes Fundamentales podrá solucionar la cuestión objeto de nuestro estudio, y este examen •de conjunto lleva a la conclusión de que aquéllas no son contrarias a la disolución de las Cortes; simplemente,, la consideran innecesaria, y por eso no la contemplan expresamente.

En efecto, el significado del derecho de disolución es hacer al cuerpo electoral arbitro de los eventuales conflictos entre Gobierno y Parlamento, o entre Poder y opinión- pública. Esta clase de conflictos pueden darse en cualquier régimen, siempre que éste sea pluralista y democrático, pero son impensables en un sistema monocrá-tico, como el español. Así se explica que quien hizo las Leyes Fundamentales no regulase como posibilidad normal la disolución de las Cortes, ya que nuestra estructura constitucional está pensada para un monolitismo político que hace casi imposible un conflicto Gobierno-Cortés.

Pero si, a pesar de todo, este conflicto sé produ J e s e, tendría un significado tan excepcional, que obligaría a tomar medidas también excepcionales. • Entre ellas cabría, sin duda, la disolución ´del órgano más débil: las Cortes, si ello fuese la única salida´a la crisis.

Ello tiene un perfecto encaje legal en esa «última ratio» que es el artículo 10, d), de la Ley Orgánica del Estado, el cual autoriza al Jefe del Estado a adoptar «medidas excepcionales)) en los casos tasados que el citado precepto enumera.

EL BOICOT A LA REFORMA, COMO CAUSA DE DISOLUCIÓN D~ LAS CORTES

Una vez considerada admisible jurídicamente la disolución de las Cortes —aunque sea con carácter excepcional—, la inmediata cuestión que se plantea es saber si una .posible desvirtuación del proyecto Suárez por las Cortes entra en algunos de los cuatro supuestos, que, según el articulo 10, d), de la Ley Orgánica del Estado, permitirían- al Rey adoptar esa medida excepcional.

Tales supuestos son: «Cuando la seguridad exterior, la independencia de la nación, la integridad de

su territorio o el sistema institucional del Reino estén amenazados de modo grave e inmediato.» Si

descartarnos los tres primeros casos, por evidente inadecuación a nuestra hipótesis, el problema queda reducido a dilucidar si ese posible boicot de las Cortes a la reforma sería una amenaza grave e inmediata al «sistema institucional del Reino».

Ahora bien, ¿cuál ef ese «sistema institucional»?

En un comentario anterior (INFORMACIONES, 3 julio 76) le definíamos como «una dictadura constitucional flel Gobierno y su presidente, en tácita alianza con el Consejo del Reino». Y así es. Todo gira en torno al Gobierno, que se apoya, a su vez, en el Consejo del Reino y el Jefe del Estado. Es la consecuencia lógica del principio expresado en el artículo 2.° de la Ley Orgánica del Estado: «El sistema institucional del Estado español responde al principio de unidad de poder y coordinación de funciones.»

Su Gobierno «determina la política nacional» (artículo 13, Ley Orgánica del Estado). Las Cortes sólo tienen una función puramente técnica, de «aprobación de las leyes» (artículo I.», ley de Cortes); la función de control al Gobierno, típicamente parlament arla, está premeditadamente ausente de nuestro esquema político.

Las Cortes están configuradas en el «sistema institucional del Reino» como Un órgano ciegamente obediente a las directrices gubernamentales. Por eso, no pueden censurar al Gobierno, que es indepen líente de la Cámara, desde su nací niento hasta su muerte; ni pueden •ontrolar la facultad omnímoda que íl ejecutivo posee de legislar por decreto-ley, o de suspender las garantías constitucionales. Por eso, igualmente, necesitan la autorización del Gobierno para redactar su Reglamento, lo mismo que para discutir -sobre cualquier cuestión (no son dueñas de su orden del día). Por eso no eligen a su presidente, etcétera.

De todo lo anterior se deduce que si en una tarea de la envergadura de la reforma política que se proyecta, las Cortes se salen del papel secundario y meramente aprobatorio que les está constitucionalmente encomendado, intentando desvirtuar la línea marcada por el Gobierno, originaría una crisis constitucional, que evidentemente supondría una amenaza «grave e inmediata» al «sistema institucional del Reino»

Esto crearía las condiciones exigidas por el artículo 10, d), de la Ley Orgánica del Estado para que el Rey, con el refrendo del presidente del Gobierno, pudiese adoptar la «medida excepcional» consistente en disolver la Cámara, y proceder a convocar elecciones a unas nuevas Cortes, que, en este caso, sí serían irremediablemente constituyentes.

9 de octubre de 1976

 

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