Reforma administrativa y gasto público     
 
 Ya.    16/10/1976.  Páginas: 1. Párrafos: 4. 

Reforma administrativa y gasto público

Don Fernando Garrido Falla escribe en "A B C": "Acaba el Gobierno de adoptar una serie de medidas de política ¿económica fwndáwtewtal´mente encaminadas a controlar lo inflación. Entre ellas se encuentran las destinadas a restringir el gasto público, consistentes, según se nos anuncia, en la posible supresión, refundición o reestructuración de los departamentos ministeriales, y de loa organismos y servicios de Adminisnistración del Estado e institucional.

; Creo que ^debemos felicitarnos de que, por fin, este jwo-grama de austeridad Haya sido acordado1. En el concreto terreno de la Administración pública, la inflación ha sido tan galopante en los últimos tiempos que lo que más sorprende es que a nadie se le haya ocurrido proponer, cuando menos, la moCesta meta del "crecimiento cero". Pero 16 que nos ocurre a los administra, tivistas es que cuando oímos hablar de "reforma administrativa," no podemos ^evitar una cierta sensación de escepticismo; un escepticismo que, claro está, no es patrimonio,exclusivo de g»ie-ne» hemos vivido los intentos reformistas de las dos últimas décadas. En una primera etapa la reforma se ha querido hacer bajo el curioso lema de qué "hay que huir del fantasma de kw economías" (pues la reforma, en si misma considerada, es una inversión rentable); en una segunda etapa, la reforma se >Kri-ge, cabalmente, a.economizar el gasto público, por entender que la Administración pública crece en forma inflacionaria, es decir, por delante de las necesidades que la justifican. Esto último, que constituye el meollo de la "ley de Parkinson", es, por lo demás, obvio para cualquiera que conózcala Administración pública. A esta´segunda etapa se refieren las medidas de política económica contempladas en el decreto-ley 8/1966, de SO de octubre, qué ordena la reducción, del gasto público en 6.000.000.000 fseis mil "millones) de pesetas, y los decretos dictados para su ejecución: el dé 19 de agosto de 1967, que suprimió 28 organismos autónomos, y el de 27 de noviembre de 1967, qve, en relación con la Administración centralizada, adopta una serie de medidas de´felis recuerdo, pero inmediato olvido: supresión de las´llamadas "Subsecretarías segundas"; dé Direcciones Generales superfinas´ í/ de "asimilaciones"; de escalones intermedios entre^ Dirección General y sección: de unificación de servicios auxiliares, etc. ¿Qué ha pasado, sin embargo, después? Pues que todos los organismos suprimidos, como en el mit-o del "Ave Fénix", han renacido de suS propias cenizas.

Sin intención de establecer comparaciones, me limitaré a recordar que en tiempos del almirante Carrero la Presidencia del Gobierno "en sentido estricto" fes decir, los servicios de Castellana, S) estaba constituida por un ministro-subsecretario, su escasa secretaría particular y la. Secretaría General Técnica. En un trabajo aún inédito de mi colaborador en la cátedra Alvares Rico se nos ofrece un alucinante cuadro sobre la inflación orgánica de la Administración española en los últimos «Sos. De él tomo las siguientes cifras:

entre los, años, 1968 a ÍSti, el número de entidades orgánicas de los departamentos civiles ha aumentado así: áe IB subsecretarías se ha pasado a í8; de 88 direcciones generales, a. 97; de 1S7 subdirecciones generales, a 986; de 84 "servicios", o S00, y de 873 secciones, a 3 439.

Asi, pues, tela cortada hay para una reforma administrativa de tipo antiinflacionario. «Será ésta la hora de la verdad f"

 

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