Los grandes temas ausentes de la campaña (I). 
 Seguridad ciudadana y terrorismo     
 
 Diario 16.    17/02/1986.  Página: 2. Páginas: 1. Párrafos: 9. 

LOS GRANDES TEMAS AUSENTES DE LA CAMPAÑA (I)

Segundad ciudadana y terrorismo

La campaña electoral está discurriendo al margen de los grandes temas pendientes que preocupan a los

españoles. En concreto, la opinión pública se pregunta, y con razón, sobre cuatro cuestiones

trascendentales que los políticos no abordan con la profundidad requerida. Por tal motivo, Diario 16 inicia

hoy una serie de cuatro editoriales, en los que se pasa revista al estado real de los problemas esenciales.

SEA cual sea el índice que se con-O temple —denuncias presentadas ante la policía y los juzgados,

procesos penales en curso, delitos realmente cometidos—, es notorio que la inseguridad ciudadana está en

aumento de manera incesante desde 1982. Como dato, aportado por la Memoria del Consejo General del

Poder Judicial, puede citarse que el número de procedimientos incoados por delitos menos graves ha

pasado de 79.410, en 1983, a 92.146, en 1984, lo que supone un incremento anual del 16,04 por 100.

La colaboración internacional en la lucha antiterrorista sí ha rendido en cambio sus frutos. En todo caso,

algunos éxitos manifiestos en la investigación policial —la liberación del secuestrado Guzmán, por

ejemplo, en enero de este año— contrastan con otros estrepitosos fracasos, como la supervivencia

inconcebible del llamado «comando Madrid», que viene actuando con total impunidad desde hace cinco

años. Constituye una burla permanente a la legalidad democrática el que una pandilla de facinerosos

amenace permanentemente la seguridad del régimen en la capital de España.

Un factor criminógeno de gran importancia es el tráfico de drogas, no sólo en incremento, sino, según

todos los indicios, en vías de que se implanten en España firmemente las grandes redes de distribución

internacional. La dimisión de Jiménez Villarejo del cargo de fiscal antidrogas, y las causas aportadas por

éste para respaldar su decisión, da cuenta de una descoordinación manifiesta en este ámbito.

Finalmente, un factor que incide en el auge de la inseguridad ciudadana es el mal estado del aparato

judicial, incapaz de afrontar la ingente misión de administrar justicia rápida y ejemplarmente. Si a ello se

añade la precariedad del sistema penitenciario español, que no sólo no rehabilita a los delincuentes

precoces, sino que los pervierte definitivamente, se comprenderá que el problema del orden público y de

la seguridad ciudadana no está resuelto.

A nadie se le escapa, pues, que existe motivo de preocupación seria en el cuerpo social ante una situación

deteriorada del orden público. Sin embargo, los políticos han rechazado entrar abiertamente en el debate

profundo al respecto, y sólo la derecha, bien que con más moderación que otras veces, ha hecho el

habitual catastrofismo en sus mítines . Los demás partidos, equivocadamente con toda seguridad, han

eludido abordar el problema, hasta el punto de que la única referencia seria al respecto ha sido el debate

mantenido en TVE entre el titular de Justicia, Ledesma, y el líder del PDP, Osear Alzaga, en el que éste

último abrumó al ministro con sus datos fehacientes, todos ellos contenidos en documentos oficiales por

añadidura. En todo caso, el espectador no obtuvo verdaderas conclusiones, puesto que la consecuencia

clara del debate fue, precisamente, que se quería hurtar desde el poder el fondo de la cuestión a la opinión

pública, como si el orden público fuera patrimonio exclusivo, o reivindicación única de la derecha más

conspicua.

En relación a todo ello, los programas de los distintos partidos políticos —escasamente difundidos y

aireados— ofrecen una lógica pluralidad de acciones, aunque en un abanico más bien estrecho. Con

relación a la delincuencia común, todas las fuerzas proponen la ampliación de la actividad policial, en una

u otra forma; el PSOE, por su parte, propugna el establecimiento de un procedimiento ágil en los delitos

que provoquen alarma social. Igualmente, en materia de lucha antidroga, la totalidad de los partidos

sugiere el endurecimiento de la represión, unido a un modelo de rehabilitación de los drogodependientes.

Probablemente sea en materia de terrorismo donde los matices son más importantes. El PSOE pretende

profundizar en la colaboración ciudadana y en las medidas de reinserción social. Los dos partidos

centristas —PRD y CDS— sugieren una combinación de medidas policiales y políticas, con particular

énfasis en estas últimas, conscientes de que el terrorismo no se erradicará. si no se atacan sus

motivaciones últimas. Coalición Popular, en cambio, apunta hacia la solución contraria: medidas

estrictamente policiales, y particularmente rigurosas. Izquierda Unida, por su parte, propone la derogación

de la Ley Antiterrorista.

En suma, todos los partidos se manifiestan especialmente sensibles a un problema, el del orden público y

la seguridad civil, que, si bien no tiene que ser innecesariamente magnificado, merece una atención

preferente, puesto que de su solución depende la normalidad democrática y el uso pleno de las libertades

ciudadanas. Frente a viejas ideas pretendidamente progresistas que parecían abundar en una inaceptable

permisividad, parece haberse implantado la convicción de que la seguridad es requisito de libertad y de

que, por ello mismo, resulta necesario luchar con todas las armas legítimas del sistema para que los

inseguros sean los delincuentes, y no los ciudadanos.

 

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