Autor: Hernández Domínguez, Abel. 
   Un solo estatuto     
 
 Informaciones.    13/03/1978.  Página: 3. Páginas: 1. Párrafos: 4. 

UN SOLO ESTATUTO

Por Abel HERNÁNDEZ

LA V. C. D. (ministros y parlamentarios), en una decisiva reunión este fin de semana, ha establecido su posición sobre las autonomías en la Constitución. El debate fue a tumba abierta. Oradores determinantes fueron: Fernández Ordóñez, que puso a todos los pelos de punta con la proyección económica de la nueva ordenación del territorio; Landelino Lavilla, que usó de toda su capacidad dialéctica para sembrar prudencia, y el profesor Clavero, que se niega a que haya regiones de primera y regiones de segunda categoría.

De acuerdo con fuentes fidedignas, la conclusión de la reunión en síntesis ha sido: Un solo Estatuto de autonomía para todos, establecido en el título octavo del texto constitucional, y un gradualismo en el procedimiento para acceder a la autonomía plena, establecido en disposiciones transitorias. En la reunión no se aceptó como documento de U. C. D. el presentado al final en la ponencia constitucional, que dio pie a la salida de la misma del socialista Peces-Barba. Esto facilita el camino para su reintegración a los trabajos constitucionales.

U.C.D. oficialmente, por tanto, rechaza la tentación de limitar la autonomía

en la mayor parte de las regiones españolas a una simple Mancomunidad de Diputaciones. Ahora bien, podría estar dispuesto a primer, en el procedimiento de acceso al autogobierno, a Cataluña y el País Vasco (quizá también a Galicia). De acuerdo con esta hipótesis negociable, los vascos y catalanes podrían establecer inmediatamente su Estatuto de autonomía plena, si renuncian al término nacionalidades, una vez aprobada la Constitución.

Para el resto se establecerían dos fases para alcanzar el mismo techo autonómico (igual en principio, insistimos, para todos). La primera fase sería de autonomía limitada —que nunca equivaldría a la simple mancomunidad— y duraría unos cuántos años, hasta que por voluntad popular se llegara a la segunda fase de autonomía plena.

En resumidas cuentas, se deslinda, en el procedimiento, el caso de Cataluña y el País Vasco —y tal vez Galicia— y la nueva ordenación del Estado nacional, que comporta problemas impresionantes de todo tipo, sobre todo problemas económicos. Esta diferencia de ritmo parece razonable e imprescindible si no se quiere llegar al caos total del Estado, pero va a fomentar previsiblemente la animosidad contra vascos y catalanes en el resto de las regiones y quién sabe si no será una prima a las tentaciones centrífugas en estas singulares regiones españolas.

 

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