Autor: ;Gor, Francisco. 
 Debate Constitucional. Sólo Alianza Popular votó en contra del artículo segundo. 
 La Constitución reconocerá y garantizará el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones     
 
 El País.    13/05/1978.  Página: 12-13. Páginas: 2. Párrafos: 29. 

Con la única oposición de Alianza Popular, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso de Diputados consagró ayer el término nacionalidades —al que la derecha y los llamados poderes fácticos habían expresado su rechazo antes y después de su inclusión en el anteproyecto por parte de la ponencia—, que está llamado a figurar en el texto de la próxima Constitución española. El artículo segundo del anteproyecto definitivamente aprobado ayer resultó mejorado políticamente por la Comisión, por cuanto el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones no sólo se reconoce, sino que también se garantiza constitucionalmente, así como se enriquece con la alusión a la solidaridad. Informan Soledad Gallego-Díaz, Francisco Gor y Bonifacio de la Cuadra.

{ Viene de la primera página.) El debate no hizo sino reflejar las tremendas tensiones que, en su día, originó la utilización de la palabra nacionalidades en el primer borrador de la ponencia que se filtró a la prensa. La ponencia lo mantuvo en el texto que se publicó oficialmente el 5 de enero, y a partir de entonces recrudecieron las presiones, paralelamente a las enmiendas, procedentes del ala derecha del Congreso.

Aunque el ponente señor Cisneros manifestó ayer en la Comisión

que los ponentes no habían recibido más presiones que las de su propia conciencia, la realidad es que los tres ponentes de UCD estuvieron sometidos durante semanas a las propias críticas del sector más conservador del partido, asi como a los escrúpulos procedentes de algunas instituciones y de altas personalidades del actual régimen hacia el término. Fruto de todo eso fue el texto que ofreció la ponencia y que se hizo público el 17 de abril, en el que se compensaba de forma retórica y reiterativa la alusión a las nacionalidades con la indisolubilidad e indivisibilidad de España y la unidad de la patria común.

Con todo, sólo gracias a la decidida voluntad de contribuir al consenso constitucional por parte de UCD —que, con- AP, tenía garantizada mayoría parlamentaria suficiente para oponerse al término—, figurará en la Constitución el reconocimiento y garantía de las nacionalidades y regiones. La colaboración de la Minoría Catalana a este consenso no es, asimismo, desdeñable.

El debate de ayer ofreció, además, a causa del canto franquista de los diputados de AP, acentos de revisión del régimen franquista, al que se acusó de haber contribuido a la división a través del fomento incesante del unitarismo. En el debate del articulo tercero, que se inició ayer, también el señor Trías Fargas, defendiendo la lengua catalana, recordó que al entrar las tropas de Franco en Cataluña, Serrano Súñer dijo: «Ya tenemos a Cataluña en la punta de la bayoneta.»

Amplio débale sobre la autonomía y las nacionalidades

Licinio de la Fuente (AP). Mi grupo manifiesta una conformidad fundamental con el texto de la ponencia salvo con la inclusión en el mismo del término nacionalidades, que turba y oscurece el contexto nacional de España. El contexto de nacionalidad es confuso e impreciso, pues se confunde con el de nación. Es evidente, pues, la contradicción y confusión de ambos términos. Por otra parte, nos deja en la tremenda indeterminación de conocer cuál será la interpretación que pueda prevalecer en el futuro. El término nacionalidad no puede desvincularse del de nación.

Adeniás de confuso, el término nacionalidad rompe la igualdad de los distintos territorios de España. Habrá dos clases de territorios: aquellos que sean nacionalidades y aquellos que sean regiones, y en consecuencia habrá dos tipos dfr ciudadanos. Por otra parte, la inclusión del término nacionalidades en el texto constitucional implica un riesgo de desintegración nacional, pues dará lugar a la competítividad, a la rivalidad y al enfrentamiento entre los distintos territorios para conseguir el status de nacionalidad. Nosotros pensarnos que un sano regionalismo que permita una descentralización es suficiente.

Las autonomías nacionalistas van más allá, no nos engañemos, y constituyen la punta de lanza que irá introduciéndose en la estructura unitaria de España. En consecuencia, pedimos la supresión del término nacionalidades del texto constitucional y solicitamos que el proceso autonómico sea por igual para todas las regiones. Rafael Arias Salgado (UCD). En este debate sobran las manifestaciones estériles de patriotismo local o nacional porque debemos asumir como presupuesto indiscutible que las distintas maneras de entender y concebir España como unidad política en su singularidad y en su diversidad son igualmente bien intencionadas y respetuosas. Nosotros sentimos la gran responsabilidad de encontrar una formulación constructiva que permita a todos los españoles sentirse españoles en su propia especificidad y que no engendre entre ellos, por enésima vez, insuperables divisiones.

El artículo 2 del texto de la ponencia se justifica por una cuádruple necesidad: es necesario, en primer término, para fundamentar constitucionalmente la resolución de un problema real, nada artificial, que ha sido históricamente fuente de graves conflictos, a saber, que la nación española, forjada a lo largo de siglos, tiene una perdurable y manifiesta diversidad interna que está en el origen de su propia unidad política. El precepto es necesario, en segundo lugar, para poder encauzarla presión anticentralista, antes latente y hoy expresa y potencialmente conflictíva, que se extiende por todo el país.

El artículo 2 se justifica, en tercer lugar, por la necesidad de enfrentarse con la crisis palpable del Estado centralista autoritario, resultado, en estos momentos, de la centralización inherente a la formación del Estado contemporáneo y del centralismo inherente a la concentración de poder propia del régimen dictatorial de los últimos cuarenta años.

Finalmente, el precepto sometido a debate responde particularmente a la necesidad de lograr una Constitución que sea aceptable y aceptada por una abrumadora mayoría de españoles. Un texto

Sólo Alianza Popular votó en contra del artículo secundo.

La Constitución reconocerá y garantizara el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones

constitucional que fuese rechazado o escasamente votado en el País Vasco o Cataluña, por ejemplo, nacerla con un delicado vicio de origen, aunque fuese mayoritaríamente aprobado en el resto de España.

Somos conscientes de los problemas que suscita la inserción del término nacionalidades, pero la supresión del mismo no haría desaparecer las exigencias de los que se autocalifican, con eco popular, como nacionalistas, sino que probablemente las exacerbaría. Por eso, aceptarnos el término nacionalidades; por eso también asumimos su constitucionalización y entendemos que lo que hay que hacer es interpretarlo y delimitar su alcance tanto en el plano socio-político como en el plano jurídico-constitucional para evitar sus hipotéticas o eventuales consecuencias desintegradores.

En España y a la vista de su realidad histórica y del artículo dos del texto de la ponencia que ahora nos ocupa puede y debe afirmarse que el término nacionalidad tiene una doble significación: la que le atribuye el artículo once, como estatuto o relación jurídica que une a todos los españoles con su Estado, en cuanto a organización política de la nación española, y la que se desprende del propio artículo dos como reconocimiento de una singularidad y fundamento de un derecho a la autonomía y a la autoidentificación, existente en virtud de la consagración constitucional.

Por eso, él vocablo nacionalidad del articulo dos no es ni puede ser fundamento de un proceso de independencia atentatorio a la unidad española. No es ni puede ser fundamento de un derecho a

constituirse en Estado, sino solo de un derecho a tener un régimen de autonomía. No es ni puede ser el fundamento para legitimar una autoridad soberana, porque la soberanía es patrimonio exclusivo de la nación española. Finalmente, no es ni puede ser tampoco fundamento para reclamar la aplicación del principio de las nacionalidades o del principio de autodeterminación porque se sobrepone la realidad histórica de España como unidad política nacional en la que no existen minorías o pueblos bajo dominación colonial.

José Miguel Ortí Bordas (UCD). La Constitución debe reconocer el derecho «a la autonomía de los municipios y regiones» que integran España, pero no es correcto el término nacionalidades, que responde a un momento de efervescencia del nacionalismo. Ha quedado claro en el debate que nacionalidad es igual a nación, y asi lo han ratificado los señores Roca y Solé. El único avance introducido por la ponencia es que el término no va a acabar con la «nación española», que también se reconoce.

Artículo 2.° del anteproyecto

Texto inicial de la ponencia (5-1-78):

«La Constitución se fundamenta en la unidad de España y la solidaridad entre sus pueblos y reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran.» Texto definitivo de la ponencia (17-4-78):

«La Constitución se fundamenta en la unidad de España como patria común e indivisible de todos los españoles y reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la indisoluble unidad de la nación española.» Texto aprobado ayer por la Comisión:

«La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.» .«, (Treinta votos a favor-UCD, PSOE, PCE y Minoría Catalana-, dos en contra -AP— y dos abstenciones -Arzallus, del PNV, y Gastón, del Grupo Mixto.)

Tengo la impresión de que en este artículo empieza a romperse la verdadera concordia de una carta constitucional producto del consenso, debido al muro de Berlín de una ponencia, que cuando rechaza una enmienda es imposible que ésta pueda prosperar. Por eso, algunos hablamos sólo para que nuestras opiniones tengan reflejo en el diario de sesiones. Y ya que no vamos a convencer a los ponentes ni a romper la disciplina de los grupos parlamentarios, pongo a Dios por testigo de que mi pretensión no es oponerme a que se dé autonomía a las regiones, incluso profundizándola al máximo, es decir, equiparándola a la de los estados miembros de un Estado federal. Pero al votar el artículo segundo, con el término nacionalidades, tal vez los diputados suplanten la voluntad de la nación por la suya subjetiva. Emilio Attard (UCD, presidente de la comisión).

Señor Ortí, los representantes no pueden suplantar a sus representados. José Miguel Ortí. Si no termino el razonamiento no se me puede interpretar. Lo que yo considero necesario es un referéndum específico sobre este tema. España es anterior a las regiones que surgen de los reinos medievales y, en cuanto a la situación actual, es preciso constitucionalizar las soluciones y no los problemas. Joan Reventós (Socialistas de Cataluña).

No es lo mismo decir que la Constitución se fundamenta que «la Constitución fundamenta». La redacción de la ponencia ha quedado en el lamentable estado actual después de determinadas presiones, y se ha pretendido compensar la inclusión del término nacionalidades con retóricas y reiterativas alusiones a la unidad sin precedentes en las constituciones europeas. Se acumulan expresiones como «patria común e indivisible» e «indisoluble unidad», para conjurar el peligro de secesión que no existe detrás del término nacionalidades. Es todo un cúmulo de recelos. Frente a ellos nuestra enmienda propone que «la Constitución fundamenta y garantiza la unidad de España, el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas».

Gabriel Cisneros (UCD). Mi grupo está dispuesto a reconsiderar el texto e incluir cualquier reforma formal que suponga su perfeccionamiento. Como ponente no tengo conciencia de haber sufrido ninguna de las presiones a que alude el señor Reventós, excepto las presiones de nuestra propia conciencia ante el punto crucial y más arduo del anteproyecto de Constitución. Más que cautelas o recelos yo hablaría de prudencias ante un término problemático que el propio profesor García Pelayo, más cercano a los socialistas que a UCD, reconoció como tal. Nuestro afán ha sido el de que la intromisión de la palabra nacionalidades no supusiera una bomba de efecto retardado contra la unidad nacional. Por lo demás, la unidad de España es preconstitucional y metaconstitucional. Portante, no puede ella fundamentar la Constitución, como pretende la enmienda socialista. Miguel Roca (Minoría Catalana).

Me ratifico en la enmienda formulada por mi grupo, según la cual «la Constitución se fundamenta en la unidad de España, la solidaridad entre sus pueblos y el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran ». Gregorio Peces-Barba (PSOE). Retiramos nuestro voto particular y defendemos la enmienda, idéntica a la de Socialistas de Cataluña. Damos por sentado que España es una nación antes de la Constitución, pero queremos que ésta recoja las corrientes jurídicas actuales y no las del siglo XIX. El concepto de nación española no tiene el mismo sentido para el Derecho actual que, por ejemplo, para las Leyes Fundamentales de la etapa franquista.

En definitiva, no se trata de crear ahora la nación, sino de dar una fundamentación jurídica correcta. Desde el punto de vista normativo, no hay nada por encima de la Constitución que no sea el poder constituyente o el poder de la fuerza. La interpretación conservadora de Alianza Popular ha unido la defensa de la retirada del término nacionalidades con la defensa del anterior régimen.

Miguel Herrero R. de Miñón (UCD). Nos oponemos a la eliminación del reflexivo se. La Constitución no puede echar cimientos o fundamentos a una magnitud extensiva e intensiva anterior y posterior a ella. La Constitución pasará, España no. Lo que no puede ocurrir es que la Constitución fundamente al titular del poder constituyente. No puede confundirse este poder con el constituido. El Estado cambia cuando cambia el poder constituyente y no cambia aunque cambien sus regímenes políticos. La Constitución pasará, pero Cataluña, Euskadi y los distintos pueblos de España, no pasarán. En definitiva, aceptamos el término solidaridad, pero no la supresión del se.

Gregorio Peces-Barba. Para nosotros, la nación preexiste a la Constitución, y puede ser sujeto del poder constituyente, pero eso es irrelevante. La Constitución es una norma fundamental que crea derechos y deberes, aunque se refieran a realidades anteriores. Por lo demás, la autonomía, como hecho preexistente en España, es un sarcasmo. ¿Cuál era la autonomía que tenían hace unos años gallegos, catalanes, vascos, etcétera? Miguel Herrero. No me refería a la autonomía como preexistente, sino a que es imprescriptible e irrenunciable.

Xabier Arzallus (PNV). Impugnamos el texto del proyecto de ley. La raíz del recelo hacia la palabra nacionalidades proviene de que es un término plurívoco y quiero recalcar que, por encima o debajo de las palabras, debemos atender a las realidades. Nuestra enmienda propone que «la Constitución se fundamenta en la unión, la solidaridad y el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran España». Los años pasados, en que tanto se habló de la unidad, son los que más han desunido. Perdón por relatar una anécdota personal.

Cuando mi padre luchaba en el frente de Teruel —como carlista—, un decreto de Franco suprimió el régimen económico-administrativo y declaró a Guipúzcoa y Vizcaya traidoras, desconociendo que muchos vascos luchaban en el mismo bando de Franco.

Superando el recelo del pueblo vasco por tener que venir a Madrid a hacer las leyes, hemos venido no buscando en las palabras nacionalidades ni autonomía un trampolín para la secesión. Sólo queremos salvar nuestra propia coherencia política.

José Luis Meilán (UCD). Consumo un voto en contra solo formalmente, porque UCD está abierta a una redacción más satisfactoria que la actual y a la inclusión del concepto de solidaridad. En todo caso, el texto actual no trata de desunir, sino de lograr la convivencia, el consenso y la identidad.

Jordi Solé Tura (comunista). Nosotros basamos nuestra enmienda en la unidad y solidaridad al proponer que «la Constitución se fundamenta en la unidad de España, la solidaridad entre sus pueblos y el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran».

CRÓNICAS PARLAMENTARIAS

Nación de naciones

MANUEL VICENT

Se trataba de saber si España es una esfera o un poliedro. Hubo división de opiniones. En todo caso, el concepto de patria debe de ser algo aproximadamente redondo como un bello párrafo, como una enmienda ganada o como esa pelotara en forma de bolo filosófico que los diputados de la comisión constitucional se pasaban ayer unos a otros jugando al balonvolea con las esencias. Por lo visto. Alianza Popular cree que España es una esfera y en esto coincide con Platón, que tenía de la belleza, de la unidad y del orden la idea de una bola de cristal. Algo compacto, sin fisuras, sin burbujas autonómicas. Todo lo que no sea una rosca alrededor de un eje es un caos.

Y así, mientras los diputados de Alianza Popular, alanceando el molino de las nacionalidades, defendían la sagrada unidad de la patria con unas palabras que llenan la boca, sin duda Platón jugaba complacido al tute con los Reyes Católicos en la caverna de los mitos. En cambio, el centro, la izquierda y el texto de la ponencia piensan que España es una realidad poliédrica, con tantas caras como regiones, con tantas naciones como pueblos, que se reflejan en una lágrima de lámpara. El texto de la ponencia es presocrático.

Por lo demás, la sesión de ayer tuvo el aire de unas justas jurídico-políticas alrededor de un misterio trinitario. La patria es una y plural, múltiple e indivisible, plurinacional, unívoca, multívoca y equívoca. Hubo gustos para todos. El presidente de la mesa, en gracia a la importancia del tema, excitó el celo oratorio de la reunión concediendo a pares los turnos a favor y en contra, de manera que los comisionados se lanzaron en picado sobre este articulo segundo de la Constitución que es un modelo de consenso barroco entre la izquierda y el centro. Este ha aceptado la palabra nacionalidad y aquélla ha regalado los adjetivos indivisible e indisoluble para remachar el clavo de la unidad de la patria común de todos los españoles.

Este intercambio de presentes no ha gustado al señor Letamendía, que a la mínima ocasión se empeña en explicar la historia del pueblo vasco, ni al grupo de Alianza Popular que ve en esa palabra nacionalidad una escapatoria, un principio de desintegración del Estado. Y en eso ha consistido el grueso del debate. Los de Alianza Popular se pasaban el testigo para repetir una y otra vez los mismos conceptos, con una reiteración inútil. Una lucha entre la suspicacia y los negros augurios de Licinio de la Fuente, Carro, Jarabo, Paya y Fernández de la Mora, armados con espada toledana y el discurso conciliador de Arias-Salgado, el análisis marxista de Solé-Turá, las disquisiciones sutiles de Roca Junyent. Entre la idea del terruño del señor Carro, que tiene de la nacionalidad una aspiración recreativo-cultural, y el agreste independentismo de Letamendía, ayer el concepto de España se puso a hervir en la comisión. España es una nación de naciones, esa fue la última palabra. De naciones sin esta* do, pero con derecho a autonomía. Eso fue lo que salió del homo

 

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