La Ley de Policías Autónomas, aplazada     
 
 ABC.    15/05/1980.  Página: 2. Páginas: 1. Párrafos: 10. 

LA LEY DE POLICÍAS

AUTÓNOMAS,

APLAZADA

El Gobierno ha retirado del Congreso el proyecto de ley orgánica de Policías Autónomas. Dejando a un lado las posibles interpretaciones críticas de esta decisión, que puede estimarse normal en la estrategia parlamentaria, resulta evidente, una vez más, la confusión o la indeterminación, cuando menos, que domina el grande y grave tema de las autonomías, a la hora dé ponerlas en práctica. Resulta evidente, dicho de otro modo, la enorme diferencia que media entre una genérica definición de un Estado comprensivo de regímenes autonómicos y la concreta definición funcional de este Estado.

En el caso de las Policías Autónomas, se trata de lo siguiente: por ser necesario, sin duda alguna, coordinarlas, en su actuación, con las Fuerzas de Seguridad del Estado, se ha previsto la formación de unas llamadas Juntas de Seguridad en cada autonomía. Y es criterio del. Gobierno —incorporado al proyecto de ley— que la presidencia de las Juntas de Seguridad corresponda al delegado del Gobierno en cada ,Comunidad. ¿Razón? Una interpretación estricta del artículo 154 de la Constitución: «Un delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad.»

A tenor de, este artículo, el Gobierno juzga «incuestionable» en su nota explicativa de la retirada del proyecto de ley— que la presidencia de la Junta de Seguridad corresponde su delegado. A ello se oponen distintos ampos parlamentarios, entre ellos «el grupo parlamentario socialista del Congreso, segundo en importancia numérica entre los que integran la Cámara»

Ahora bien ¿se puede encontrar algún fundamento para explicar la oposición al criterio del Gobierno? Sin adentrarnos en argumentos concretos de los que se oponen, recurriendo solamente al texto del Estatuto Vasco, encontramos en el punto 4 de su artículo 17 lo siguiente:

«Para la coordinación entre la Policía Autónoma y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, existirá una Junta de Seguridad formada en número Igual por representantes del Estado y de la Comunidad Autónoma.»

Nada claro, explícito, indubitable, se dice aquí —y no era difícil decirlo— sobre la atribución de la presidencia de la Junta de Seguridad a nadie en concreto. Si a esto se añade la interpretación literal de los restantes puntos del mismo artículo 17 de Estatuto, que permite sin retorcimiento alguno entender que se reconoce la prevalencia del Gobierno vasco en la materia, no aparece tan injustificada la oposición a la tesis, del Gobierno. ;

Incluso se presenta con perspectiva más limpia, y lamentablemente atendible, la acusación que han hecho, en otras ocasiones anteriores, algunos líderes políticos vascos al Gobierno de que les niega en las leyes orgánicas, de desarrollo constitucional, facultades o atribuciones reconocidas en el Estatuto.

El problema tiene pravedad indudable. El Estatuto Vasco, cuya legítima vigencia no es discutible, reconoce a la comunidad autónoma, y a sus correspondientes órganos de Gobierno, una tan amplia serie de competencias, facultades y atribuciones, que no es fácil armonizarlas con las atribuciones, facultades y competencias del Estado español sin superar tensiones muy fuertes.

Este es, en definitiva, y por cuanto tiene de precedente para otras autonomías, uno de los retos más decisivos que deberán afrontar UCD y el Gobierno para conseguir que se mantenga el principio constitucional de la «indisoluble unidad de la nación española» en un Estado de comunidades autónomas.

Ahora se ha planteado el problema en el área de las Policías Autónomas, Pero mañana, si no cerramos insensatamente los ojos a la realidad, resurgirá el mismo problema en otros ámbitos: en la legislación laboral, en el orden penal, en la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, en la ordenación del crédito y de la Banca, etc.

No consideramos insolubles estos problemas. Pero sí nos parece, con enjuiciamiento normal de los confictos previsibles, que el Gobierno y UCD por lo tanto— tendrán, sin remedio, que preparar y desarrollar, en la medida de su, capacidad, un completo y congruente programa de acción política que permita, sin quiebra, sin fracaso de la unidad nacional, establecer el sistema del Estado de las autonomías.

Esto requerirá, por supuesto, enormes dosis de estudio, esfuerzos tremendos, capacidad de maniobra sin límite, sacrificio y desgaste... En suma, todo cuanto significa de servicio y de servidumbre la política. Pero ya no existe otra salida. El proyecto de ley orgánica de Policías Autónomas tendrá que volver —en una u otra fecha— a Congreso. Y entonces, el Gobierno deberá lograr la prevalencia de sus criterios o aceptar la derrota, en pura y simple batalla parlamentaria.

 

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