Autor: Dávila, Carlos. 
 Calvo-Sotelo recibió a Felipe González y a Garaicoechea. 
 "Cumbre" autonómica en la Moncloa     
 
 ABC.    08/04/1981.  Página: 5. Páginas: 1. Párrafos: 7. 

Calvo-Sotelo recibió a Felipe González y a Garaicoechea

«Cumbre» autonómica en la Moncloa

MADRID (Carlos Dávila). Autonomías para todos en el año 2000, Este parece ser el resultado más espectacular de los primeros escarceos entre Gobierno y oposición. Un resultado, dicho sea de paso, al que todos deseaban llegar, y no ahora, que es más urgente la reflexión, sino mucho antes de que la fiebre autonomista llevara a los partidos una paranoia política, difícilmente repetible. Así que, como Felipe González dijo hace algunos años (muchos antes, desde luego, del «agravio andaluz»), en España nos podemos dar con un canto en los dientes si para fin de siglo está totalmente construido el Estado de las autonomías.

Este es el sosiego, que no frenazo, al que ha venido refiriéndose Martín Villa; este es el nuevo ritmo que se quiere utilizar en el despliegue y desarrollo de la organización regional española. Y en principio parece adecuado. Calvo-Sotelo ha llamado al rigor, a la racionalidad que ha estado siempre ausente de este tema, con unos u otros ministros, con mayores o menores urgencias. El rigor explica la llamada de los expertos, que, en comisión, van a elaborar estudios y propuestas para que luego los políticos los conviertan en letra práctica.

Los seis profesores de Derecho Público, junto con su presidente, Eduardo García de Enterría, tienen ante sí el gran reto de poner orden en el inmenso galimatías que se ha formado después de cinco años de bandazos, despropósitos y presiones partidistas. Los seis nombres, propuestos por García de Enterría y consensuados por los dos grandes partidos, tienen más relevancia profesoral que política, aunque alguno de ellos, Luis Coscuetluela concretamente, tiene una biografía ligada, en cierto modo a Manuel Clavero, uno de los autores máximos del desaguisado que ahora se intenta, con prisas, corregir. Los cinco restantes expertos son: T. Ramón Fernández, Francisco Sosa, Tomás Cuadra, Santiago Muñoz y Miguel Sánchez.

De este primer «round» de la concertación han quedado ausentes por unas horas los partidos minoritarios del Parlamento y los .nacionalistas. Pero sólo por unas horas. La intención de Calvo-Sotelo no es, desde luego, excluyente. Buena prueba de ello es la visita que ayer recibió en la Moncloa: ni mas ni menos que el «lendakari» Garaicoechea en persona, llamado para comunicarle los primeros resultados y, al tiempo, para darle seguridad de que no existe frenazo alguno, ni idea de congelar el Estatuto de Guernica tal y como, deplorablemente, se hizo tras su aprobación en noviembre del 79.

Carlos Garaicoechea, que ha realizado unas desafortunadísimas declaraciones sobre el documento político de los obispos vascos, vino ayer de Vitoria en automóvil y por la noche, tras la entrevista con el presidente del Gobierno, se reunió con el ministro de Industria para tratar casi exclusivamente el tema de Lemóniz, tema en el que el Gobierno vasco se ha comprometido positivamente si nos fiamos de las manifestaciones personales del propio «lendakari».

Es muy difícil, desde luego, en esta nueva época convencer a los interlocutores nacionalistas de que aquí no ha pasado nada. El único argumento que tiene e! Gobierno central para hacerlo es insistir en el funcionamiento de las comisiones de transferencias, comisiones definidas en los Estatutos ya aprobados. Otra de las razones que esgrime Calvo-Sotelo es la de la solidaridad interterritorial, solidaridad proclamada en mil ocasiones, pero que aún no ha podido probarse eficientemente. Como este tema no puede quedarse en una buena intención, por generalizada que sea, es oportuna la anunciada constitución de un órgano que vigile la redistribución territorial de la riqueza.

Este órgano, estrechamente ligado al desarrollo de la controvertida ley de Financiación de las Comunidades Autónomas, fue ayer, según parece, acordado sin demasiados problemas por los máximos representantes del Gobierno y de la oposición. Esta ya es otra buena noticia autonómica.

Ya he dicho cómo el presidente no quiere dejar al margen a ningún partido. Los grupos minoritarios, por otra parte, no lo consentirían. Carrillo, que está viendo con gozo cómo se resucitan —salvando, claro está, las distancias— los anhelados tiempos de los Pactos de la Moncloa, tiene las ideas muy claras sobre esto.

Cree él, y cree también el Partido Comunista, que la "«concertación debe ser plural y clara», lo que significa, a fin de cuentas, una repulsa de los sistemas de negociación bilaterales. Fraga también teme el consenso y quiere vela en el entierro de las antiguas formas autonómicas y en el alumbramiento de las nuevas. Ambos, Carrillo y Fraga, están en su derecho, y nadie les niega su virtud como interlocutores válidos.

La opinión más generalizada es, en cualquier caso y como dice Felipe González, «asociar al proceso de solución de los problemas autonómicos a las fuerzas políticas dispuestas a ello». Las autonomías no se construyen sólo con una descentralización controlada de competencias y servicios. Hay grandes temas globales, como la reforma de la Administración Central (que no puede esperar un solo minuto más) o de la Local, cuya ley está ya prácticamente vista para la sentencia parlamentaria, que están directamente relacionados con la evolución autonómica y que, por tanto, precisan una doble atención.

Después de estos primeros vaivenes de concertación, las impresiones son más optimistas y es que por primera vez se tiene un objetivo conjunto: dibujar un mapa, un diseño final de Estado autonómico. Ya se sabe, por increíble que ello pueda parecer a estas alturas, que tal fin ni siquiera se había planteado hace solamente unos meses. El diseño debe quedar terminado antes de las próximas elecciones; corre por ello prisa.

En el mejor de los casos y se agotara la actual legislatura, los comicios deberán celebrarse en 1983, pero a poco que se complique el panorama político, o a mucho que le interese al partido gubernamental, las elecciones serán anticipadas. El mapa terminal es imprescindible, sea cual fuera la fecha elegida. Martín Villa asegura que dentro de dos años todas las incógnitas de la elaboración estatutaria estarán definitivamente despejadas. Si ello es así, lo que ahora parece posible, la aspiración conjunta de culminar el proceso en el año 2000, será una meta razonable.

 

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