Acuerdo en la "cumbre" autonómica     
 
 ABC.    01/08/1981.  Página: 2. Páginas: 1. Párrafos: 9. 

Acuerdo en la «cumbre» autonómica

Si existe un tema en la política española de estos difíciles años de la transición, del cambio, en el cual está plenamente justificado el acuerdo, el llamado «consenso, entre el partido que gobierna y los partidos que componen la oposición, este tema es el autonómico, porque, a decir verdad, el llamado Estado de las Autonomías tuvo, desde el principio, más decidida aprobación general en la Constitución que definición clara de su válido contenido, de sus lógicas limitaciones y de sus verdaderas competencias contrastadas con las competencias indeclinables del Estado común de todos los españoles.

En dos grandes confrontaciones parlamentarias, no por pasadas merecedoras de olvido, en las dos grandes polémicas que fueron dedicadas a la moción de censura y el voto de confianza, la parte de los discursos del presidente Suárez y del líder del PSOE, Felipe González, dedicada al tema de las autonomías fue igualmente confusa, divagante y elusiva. Y ya entonces, en los comentarios correspondientes, en estas mismas columnas, lo dijimos con meridiana claridad.

Y precisamente por esta confusión impremeditada, y por los desbordamientos autonómicos subsiguientes, por sus consecuencias indeseables previstas, se inició luego una serie de hechos políticos, con limpio y loable propósito de reconducir a términos de racionalidad el problema.

Hechos que van desde la solicitud de un dictamen de expertos en derecho Administrativo´, como el profesor García Enterría, hasta el proyecto de ley Orgánica de Armonización del proceso de las autonomías. Hechos, en fin, que culminan ahora en la llamada «cumbre autonómica», en la que han llegado a un acuerdo o pacto el Gobierno y el PSOE, partido principal de la oposición y única, por ahora, predecible alternativa de Poder.

Ante este acuerdo o pacto, y sin necesidad, de momento, de analizar sus puntos concretos, se puede manifestar satisfacción y aplauso. El Gobierno —todavía es válido escribir UCD— y el PSOE, han demostrado que su sentido de la responsabilidad política supera límites estrechos de partido y actúa al servicio de un bien comunitario prevalente y atento a la preservación de la unidad nacional que afirma la Constitución.

El PCE se ha retirado del acuerdo. Cualesquiera que hayan sido sus motivos, ha demostrado al retirarse que es partido dispuesto a admitir la prevalencia de superiores valores nacionales sobre sus fanatismos ideológicos. Y que tampoco está dispuesto a defender la democracia —su firme asentamiento— o la permanencia real de la Constitución, si la Constitución y la democracia no se ajustan literalmente al modelo de su particularísimo comunismo. De ese híbrido íatino-marxista que denominan, para asombro de incautos y delicia de sabidores, «eurocomunismo».

Por razones muy distintas —razones políticas, económicas y de solidaridad entre las autonomías— Alianza Popular abandonó también la «cumbre». Del análisis de esas cuestiones se deberá

calibrar la razón o sinrazón de AP a la hora de tomar decisión tan importante. Obviamente, hubiéramos deseado ver la firma de este partido en los acuerdos autonómicos.

Tiempo sobrado nos abren los próximos días para comentar, con el detenimiento que merecen, los puntos o cláusulas del acuerdo: desde las peculiaridades electorales hasta la reafirmación de las competencias que no deben negarse a las Diputaciones.

Pero hoy —insistiendo en la línea de razonable optimismo que definíamos en el editorial de ayer— volvemos a evaluar como importante y positivo acontecimiento el acuerdo, el entendimiento, logrado en la «cumbre autonómica».

Como se ha dicho estos días, con expresivo acierto, la finalidad de la política española —a la cual no puede ser ajeno ningún gran partido español— no es lograr una pluralidad de autonomías cuya fuerza sea superior a la fuerza o potencia integradora del Estado español, sino conseguir el establecimiento de un Estado que asegure, en su seno, la existencia de autonomías fuertes y auténticas. De comunidades autonómicas que sean base fiable, segura, enriquecedora del Estado, pero que no signifiquen, en ningún supuesto, ni su destrucción, ni su falsificación.

 

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