Las razones nacionales     
 
 ABC.    28/10/1981.  Página: 3. Páginas: 1. Párrafos: 5. 

Las razones nacionales

Mientras la llamada ETA militar ratificaba, algo por demás obvio, que los dos terroristas muertos recientemente por la Guardia Civil eran militantes suyos, anunciando al mismo tiempo «duras represalias», un colega de la mañana en funciones de «boutique» ideológica para cualquier moda de izquierda, cerraba su defensa editorial del «abertzalismo» con protestas menos que airadas por «esas intempestivas visitas de madrugada que están haciendo, sin invitación previa, funcionarios de la Policía a la Redacción del diario «Egin». El diario «Egin», en ésta como en las mas demás ocasiones, ha sido el vocero del comunicado de los etarras.

En el mismo texto se omite la calificación de terroristas para Gogor y Josechu, y se otorga la consideración de plausibles a los argumentos de los nacionalistas vascos contra la «versión actual de la LOAPA». ¿A qué juega nuestro colega con este novísimo registro? Admitimos la posibilidad de que juristas vascos —sintónicos, por un interés o por otro, con los propósitos del PNV— hayan conseguido detectar en la LOAPA fallos, insuficiencias o contradicciones jurídicas con la Constitución, que dejarían en entredicho la autoridad científica del colectivo de administrativistas y constitucionalistas autor del llamado «dictamen Enterría», y que, por consecuencia, pondrían en entredicho, también, la forma expresa con que este grupo endosó, dándola por ajustada al dictamen, la concreta hechura y el entero contenido de la LOAPA. Tal hipótesis, tan legítima en su planteamiento como posible en su acierto, es, en nuestra opinión, escasísimamente verosímil.

Pero si se nos apura podemos decir que en el fondo ése no es el problema más importante, ni desde el punto de vista jurídico ni desde la perspectiva política. Admitida la posibilidad de que

la LOAPA esté mal hecha o que se encuentre en discordancias capitales con el texto constitucional, habría que plantearse dos cosas: una, si existe algún otro modo de armonizar la política y los procesos autonómicos; otra, que si no existe tal posibilidad, habría que concluir que el Título VIII de la Constitución está mal hecho y que, por consecuencia, no quedaría otro remedio que rehacerlo. No restaría otra alternativa que reformar la Constitución. ¿Y admitirían los partidos nacionalistas que las clarificaciones y armonizaciones se operaran en el nivel constitucional en lugar de hacerse a través de una ley orgánica? ¿Sería, además, conveniente a la .estabilidad y consolidación de nuestra democracia que la rectificación se realizara en el supremo escalón normativo en lugar de hacerlo en el segundo, tal como se pretende, en los pactos autonómicos?

´ Nos resistimos a admitir que para echar el freno a la segregación nacionalista debamos pasar por el reconocimiento de que el cambio político se hizo mal en aquellos de sus contenidos que más directamente afectan a la unidad de España. Nos negamos a reconocer —ya en otro nivel de cuestiones— la compatibilidad entre la condición nacional de un periódico y su apología de las pretensiones y renuencias del separatismo. Nos sorprende asimismo de infinita manera los aspavientos antipoliciales y en favor de un rotativo que es portavoz de la vía terrorista a la ruptura de la unidad de España.

Ni sabemos ni nos importa a qué juegan algunos de nuestros colegas tenidos como serios e independientes. Nos da igual. Sólo nos interesa señalar una vez más que jamás se nos encontrará en la oferta ni en la profesión de ninguna moda que suponga la más mínima sombra de transigencia o debilidad en la defensa de las supremas razones nacionales.

 

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