Autor: Foncillas Casaus, Santiago. 
   Las autonomías, desde el punto de vista empresarial     
 
 ABC.    28/10/1981.  Páginas: 1. Párrafos: 12. 

LAS AUTONOMÍAS, DESDE EL PUNTO DE VISTA EMPRESARIAL

MUY poco después de la promulgación de la vigente Constitución, el Círculo de Empresarios comenzó a prestar preocupada atención al proceso autonomico. La Constitución, en principio, consagra solamente la permisibilidad de las autonomías y un reconocimiento tácito de la singularidad de los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatutos de Autonomía, pero no postula como configuración sistemática el modelo generalizado de la división autonómica del territorio nacional.

La dinámica política, sin embargo, a partir, sobre todo, de la promulgación de los Estatutos de Cataluña y del País Vasco, ha tendido a la generalización de los Estatutos de Autonomía para toda España.

El nuevo Gobierno del señor Calvo-Sotelo se ha replanteado a fondo este proceso autonómico, tratando de salvar el peligro de que, al final, el Estado quedara simplemente como titular de una soberanía meramente residual. El proyecto de ley de Armonización Autonómica, presentado al Congreso por el Gobierno, responde a una nueva política autonomista, especialmente preocupada por precisar y aclarar los conceptos capitales de nación y nacionalidad así como el problema del uso del idioma oficial del Estado y de la ordenación del bilingüismo.

El nuevo planteamiento del proceso autonómico, que arranca del informe emitido por una Comisión de expertos presidida por el profesor Garcia Enterría, pretende dibujar las líneas de desarrollo que configuren un orden básico y positivo del denominado, a posteriori, Estado de las autonomías, optando decididamente, ante los hechos consumados, por la total generalización del sistema autonómico para concluir la primera tase de la etapa de transición, que debe finalizar con el acceso a la autonomía de la totalidad de los territorios españoles.

Ahora bien, el informe pretende corregir también, hasta donde sea posible, la iniciativa territorial para la autonomía, potenciando la participación directiva del Estado y cancelando de este modo dentro de los ¡imites constitucionales, el tópico de la igualdad de organización y de techo autonómico de todas las comunidades autónomas, que pueden conducir a un Estado fragmentario y residual.

Un tema interesantísimo, que el informe trata de una manera muy acertada, es el régimen jurídico: el debido tratamiento de este asunto supone cerrar uno de los huecos más sensibles del naciente Estado de las Autonomías, pues trata de ordenar jurídicamente las actuaciones de los órganos autonómicos y el sistema de relaciones juridicas de los mismos con el Estado.

Al propiciar el urgente desarrollo de las bases del Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas, formula su construcción interpretativa más valiosa, consistente en el intento de superación de la concepción literal de las denominadas constitucionalmente competencias exclusivas, partiendo del principio de que la autonomía no puede entenderse en nuestro tiempo como separación, sino como participación y cooperación, y de que, en caso de conflicto, hay que estar por la primacía de la norma estatal sobre la autonómica.

Hay que reconocer, sin embargo, que este planteamiento pugna con la literalidad del texto constitucional, que admite la prevalencia de las normas del Estado sobre las de las comu-

nidades autónomas, pero no solamente en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas.

Es también de primera magnitud el problema que la Organización de la Administración de Justicia plantea ante la nueva estructura autonómica, problema que, como tantos otros, si bien deriva de la imprecisión de (a propia Constitución y de la ambigüedad de los Estatutos, se ve agravado por el proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, del que van aprobados ya, en la Comisión competente del Congreso, más de 200 artículos.

Esta vez la dificultad surge en torno a la correspondencia que debe existir entre el sistema normativo y el propio orden jurisdiccional delimitado por la autonomía del territorio, principio que en nuestro esbozo de sistema aparece vagamente formulado, ya que la Constitución reconoce la existencia de «un Tribunal Superior de Justicia en las comunidades autónomas, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo», pero en el que debe culminar la organización judicial en el ámbito Territorial de la Comunidad Autónoma. Hay que llamar la atención sobre el riesgo que supone no resolver correctamente este problema, puesto que los Tribunales Superiores Autonómicos podrían llegar a agotar también las instancias al aplicarse el derecho estatal, lo que provocaría un quebrantamiento de la unidad del ordenamiento jurídico general, viniendo a resultar que cada Tribunal Superior de la respectiva Comunidad Autónoma crearía su propia jurisprudencia en la aplicación de una misma ley del Estado.

Esta es una cuestión clavo, porque la unidad jurisprudencia expresa, sencillamente, la unidad del ordenamiento jurídico, lo que a nuestro entender significa, en último término, la unidad del Estado.

El proceso autonómico es político, pero también económico, y con la mayor objetividad puede decirse que se trata de un trance histórico, que tardará décadas en encontrar su definitiva decantación. Por eso es fundamental considerar el plazo inmediato y e) medio. El inmediato —puede verse a partir de este verano— dominado por la perspectiva electoral, en la que en modo alguno debe quedar quebrantado el principio de solidaridad establecido por la Constitución entre tas diversas comunidades autonómicas, aunque sus principios tienen que ser jurídicamente articulados para que puedan ser efectivos.

A medio plazo, es necesario resolver la antinomia entre Estado y autonomías, desde el punto de vista empresarial, lo que exige aprovechar al máximo las posibilidades constitucionales que se le ofrecen al primero, para ordenar la economía. En este aspecto son varios los medios que la Constitución pone en manos del Estado para conseguirlo. En primer lugar el artículo 150 de la Constitución ofrece un instrumento de valor inapreciable, cuando dice que el Estado puede dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las comunidades autónomas, aún en el caso de materias atribuidas a las competencias de estas cuando así lo exija el interés general.

El artículo 149 propone también la plena utilización de las competencias exclusivas correspondientes al Estado en materia económica: la utilización por el Estado de estas competencias exclusivas permitiría una ordenación general de la economía, sin dar pie a anticipaciones autonómicas o a que las comunidades autónomas dieran por supuesto que al Estado habría cumplido ya su función, por existir leyes antiguas reguladoras de la materia, que fueron dictadas sin tener en cuenta la irrupción del autonomismo.

La Constitución concede además al Estado, en su artículo 148, la competencia necesaria para fijar los objetivos de la política económica nacional, y en el 149, la competencia de la planificación general de la actividad económica, Instrumentos ambos que, eficazmente utilizados, deben ser suficientes para garantizar la unidad del sistema económico.

Similares consideraciones, y por los mismos motivos, deben hacerse en el campo del Derecho Fiscal, que en las comunidades autónomas, al tiempo que instrumento de política económica de las mismas, constituirá un sistema tributario paralelo y a veces independiente del Estado, que puede ocasionar graves perturbaciones en el sistema tributario español.

Aquí también es absolutamente imprescindible articular procedimientos eficaces que mantengan a ultranza el principio de la unidad del sistema económico, ahondando en el concepto de que la potestad tributaria en las comunidades autónomas debe tener siempre un carácter delegado, puesto que la facultad originaria de establecer los impuestos debe seguir siendo siempre propia del Estado.

Con todas estas consideraciones no se pretende sino aportar ideas en IB búsqueda de la necesaria racionalización del proceso autonómico. Las autonomías son un hecho político de la máxima dimensión y deben configurarse como expresión legítima de aspiraciones y de esperanzas. Pero hay que ser conscientes de que una desviación de sus objetivos y un abandono de su carácter solidario con el resto de la nación pueden desembocar en problemas de consecuencias Imprevisibles para la vida económica de nuestro país. Hemos tratado de aportar unos puntos de vista, con el exclusivo propósito de buscar aquellos instrumentos que favorezcan y fomenten la unidad económica española desde una perspectiva autonómica, que sólo será viable y funcional en la medida en que respete los principios de unidad y solidaridad que establece la Constitución.

Santiago FONCILLAS Presidente del Círculo de Empresarios

 

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