Autor: C. D.. 
 Dura crítica a la ley de Régimen Local. 
 Calvo-Sotelo no despejó las reticencias de Pujol     
 
 ABC.    16/04/1981.  Página: 13-14. Páginas: 2. Párrafos: 9. 

Dura crítica a la ley de Régimen Local

CALVO-SOTELO NO DESPEJO

LAS RETICENCIAS DE PUJOL

MADRID (Crónica C. D.). La tención sigue aumentando, por primera vez en años, Jordi Pujol no se preocupa de disimular su disgusto. A la salida de la Moncloa, el honorable presidente de la Generalidad hizo las más reticentes declaraciones que se le recuerdan. La entrevista con Leopoldo Calvo-Sotelo, lejos de suponer un sedante para los temores catalanes, ha aumentado las reservas que desde la Investidura presidencial vienen manteniendo los políticos de Convergencia I Unió. A lo más que ha legado el presidente del Gobierno es a asegurar que no habrá recortes para la autonomia catalana. Jordi Pujol ha hecho como si se lo creyera, pero no ha querido ocultar su decepción por las escasas garantías que le ha podido transmitir el jefe del Ejecutivo español.

Y es que Leopoldo Calvo-Sotelo se ha ceñido, según informes de la Moncloa, al papel de la Constitución y del Estatuto, y no ha querido ofrecer ni una sola seguridad más. Pujol, por su parte, ha dicho a los cuatro vientos que la ley de Régimen Loca, un amplio mamotreto elaborado por el equipo de Martín Villa, significa, ni más ni menos, «que la desírucción de la Generalidad». Para ser justos, algo de esto hay.

La historia tiene ya dos años; data de 1978, cuando gracias a los oficios de Tarradellas las competencias de las Díputaciones catalanas quedaron, de hecho, transferidas a la Generalidad. Hace unos meses, el órgano ejecutivo catalán consagró legalmente esta situación, y promulgó una ley que —ya se sabe— el Estado, y más concretamente el presidente del gobierno, ha creído inconstitucional. Ahora el alto Tribunal que entiende de estos asuntos tiene en su mesa el correspondiente recurso, un recurso que, a decir de casi todos los expertos, tienen prácticamente perdido los catalanes. Por eso han querido negociar. Lo han deseado y ello hubiera sido posible si las costumbres chalaneadoras de los anteriores Gobiernos de UCD no se hubieran roto, merced a la presencia de Calvo-Sotelo y, muy fundamentalmente, a las consecuencias del golpe militar del pasado febrero.

DEVOLVER COMPETENCIAS

Por esto digo que si el recurso prospera y prospera también la ley de Régimen Local, el poder administrativo de la Generalidad quedará evidentemente recortado. Por esto se queja Pujol. Su tesis. a fin de cuentas, es que no son precisas estas leyes que se anuncian; que ni era necesaria la de Armonización —no lo hubiera sido sin golpe de Estado— ni lo es tampoco la de Régimen Local. La teoría es más que discutible. No se arreglan las cosas con transferencias y competencias, no; el Estado tiene que tener su propio esqueleto legal en qué apoyarse y que es superior, en rango, al de las comunidades autónomas. Tan sencillo es esto de comprender, que por serio asusta y disgusta profundamente a los catalanes.

El punto clave del conflicto de comprensión abíerto entre madrid y barcelona, entre Pujol y Martin Villa, por ejemplo, es la distinta concepción de la estructura autonómica. Es evidente, que si la ley de Régimen Local recibe el visto bueno parlamentario {lo que es posible siempre y cuando UCD y el PSOÉ acuer-

(pasa a la pag. 14}

(Viene de la pág. 13)

den algunos matices diferenciales) la Generalidad tendrá que devolver competencias a las cuatro Diputaciones catalanas que, paradójicamente, no quieren, en estos momentos, recibir lo que un día entregaron voluntariamente. La Ley consagra la figura constitucional de la provincia y de la Diputación como entidad ejecutiva de ella, y rechaza, por tanto, la asunción de competencias por parte de las comunidades autónomas. Los catalanes saben que el recurso de inconstitucionalidad va a favorecer muy posiblemente a la Administración central. Tienen, por tanto, casi todo en contra.

NECESIDADES MUTUAS

Otra cosa, desde luego, es la ley de Armonización, que parece dirigida contra ciertas actitudes de la Generalidad y que no reconoce —una ley no puede hacerlo— la mucha colaboración que los catalanes han prestado a la gobernabilidad del Estado. Y otra cosa es también la formación de la Comisión de expertos, que al señor Pujol le parece sencillamente innecesaria. En esto le asiste la razón a medias.

Lo cierto es que Leopoldo Calvo-Sotelo le ha dicho que tal Comité tiene «un mero carácter consultivo y técnico», lo cual es verdad, pero no sirve para tranquilizar el futuro de las aspiraciones catalanas.

Este Comité de expertos es el cuarto contencioso que alimenta las deterioradas relaciones entre e! Gobierno centrista y el regional de Convergencia i Unió. Los otros tres: la ley de Armonización, la de Régimen Local y el recurso de inconstitucionalidad de las Diputaciones han hecho ya su efecto.

Sin embargo, hay que recordar que Pujol y su Gobierno minoritario precisan de UCD tanto como el partido mayoritario estatal necesita de Convergencia. Por eso, ambas partes están condenadas a entenderse. No es previsible que Roca niegue sus votos a Calvo-Sotelo en el Congreso de los Diputados, como tampoco lo es que los centristas catalanes hurten su apoyo al partido de Pujol: si ello sucediera, el Gabinete monocolor de Pujol no podría sostenerse mucho tiempo.

Pujol dice, pues: «Vamos a colaborar, a hablar y a discutir», y su frase hay que entenderla como un síntoma de que por fuertes que sean las discrepancias, y por extensos los recelos, los catalanes no plantearán problemas de gravedad irremediable.

 

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