Sociedad y Seguridad Social     
 
 ABC.    28/11/1978.  Página: 2. Páginas: 1. Párrafos: 9. 

ABC. MARTES. 28 DE NOVIEMBRE DE 1978. PAG. 2.

SOCIEDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

Por reciente real decreto se ha dado nueva estructura a la gestión institucional de la Seguridad Social, la

salud y el empleo. Desaparece un complicado organigrama extendido sobre las áreas laborales, con

múltiples ramificaciones mu-tualistas, y desaparece, también, pese a su dilatada cronología, e! clásico

Instituto Nacional de Previsión. Pero como las funciones que se atendían a través de estos organismos no

pueden desaparecer, se establecen otros nuevos institutos nacionales, con denominaciones diversas, que

proseguirán el cumplimiento de los mismos servicios.

Es muy pronto aún, naturalmente, para Juzgar la eficiencia mayor que pueda lograrse con el nuevo o

renovado esquema. Por lo general, en estos cambios siempre se suelen corregir defectos de

funcionamiento. Pero tampoco quedan siempre exentos de motivaciones políticas muy concretas, que no

van más allá de la negación del pasado, tiempo sobre el cual nunca es difícil cargar una cuenta de errores

y de fallos, sin asumir compromiso directo de hacerlo mejor en el futuro.

Sobre la Seguridad Social —y, por lo tanto, sobre el I. N. P.— se han multiplicado las críticas, en los

últimos tiempos. Con muy agudos acentos acusatorios; con muy desenfadadas afirmaciones de

corrupción, de fraude, de Irregularidades; que si en algunos casos eran ciertas —y han sido admitidas y

denunciadas por los mismos directivos de los organismos— no parece justo convertir en conducta común.

Y no es posible aceptar como genérico modo de operar.

En la campaña de desprestigio —pues que ha tenido amplitud de campaña— se ha omitido siempre un

dato importante: se ha hablado hasta la saciedad de los fraudes «en» la Seguridad Social y nada se ha

dicho de los fraudes «a» la Seguridad Social. Sus defectos se han subrayado con el trazo más negro y

grueso, y se han silenciado las faltas cometidas prácticamente por todos contra la misma.

Se defrauda a la Seguridad Social cuando no se ingresan las cuotas establecidas para su normal

funcionamiento; se defrauda cuando se perciben indebidamente seguros de paro y cuando se fuerzan bajas

laborales y recetas de complacencia; se defrauda a la Seguridad Social cuando se consumen

inmoderadamente productos farmacéuticos o se utilizan cartillas ajenas... Incluso podría Incluirse en el

capítulo de las faltas a la Seguridad Social, la falta de apoyo económico suficiente desde la

Administración pública.

Contemplado el problema desde este otro lado del tapiz, el juicio sobre los defectos de la Seguridad

Social resulta mucho más equilibrado. Si se dice, por ejemplo, que la Hacienda somos todos, igual puede

decirse, y con no menos certeza, que todos somos la Seguridad Social.

Es claro, entonces, que eí comportamiento comunitario influye en la calidad y en la eficacia de las

prestaciones de la Seguridad Social. Y si en este comportamiento es grande ¡a dosis de incumplimiento y

de picaresca, no habrá que esperar un servicio impecable, de gran eficacia y plenamente satisfactorio.

Por supuesto, los controles más perfectos —línea en la que avanza la reforma iniciada ya— favorecerán

una mejor administración en todos los aspectos: en los gastos y las prestaciones. Del mismo modo, la

descentralización interna, que se apunta en la reforma, puede facilitar también el perfeccionamiento del

sistema en su conjunto. Pero, en definitiva, es decisivo un cambio de mentalidad colectiva: usar de la

Seguridad Social, no abusar de ella.

Solamente desde posturas parciales, decididas por prejuicios o por hostilidades políticas, se puede intentar

la negación de cuanto ha sido positivo —que es muchísimo— en la gestión pasada da la Seguridad Social.

Si ahora ha llegado, porque era tiempo oportuno y ocasión debida, el momento de su reforma, hágase el

replanteamiento con ponderación, sin ceguera crítica, con auténtica preocupación de mejora. Y con clara

conciencia, en los estamentos sociales y en los poderes públicos, de que las exigencias de eficacia a la

Seguridad Social no son independientes de las obligaciones de cumplimiento que sus beneficiarios

asumen.

 

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