Autor: Sauquillo Pérez del Arco, Francisca. 
   La insostenible situación de la asistencia sanitaria/ y 2     
 
 El País.    09/09/1978.  Páginas: 1. Párrafos: 9. 

TRIBUNA LIBRE

La insostenible situación de la asistencia sanitaria/y 2

FRANCISCA SAUQUILLO Candidato de la ORT a la alcaldía de Madrid

En el mes de julio de 1978, el INP anunció que el presupuesto de este año estaba a punto de agotarse, y por tanto se veía obligado a efectuar una serie de medidas restrictivas: no pagar las guardias a los médicos, limitar en un 30% la alimentación de los enfermos, así como la compra de material sanitario y lencería, y rescindir contratos con algunas clínicas privadas. La gravedad de esta actuación del INP ha promovido un amplio movimiento, en primer lugar, del sector médico, pero también de todos los trabajadores sanitarios, así como de los enfermos y sus familiares, en defensa de las condiciones asistenciales.

El INP ha desarrollado una campaña para hacer aparecer a los médicos como los culpables de la crisis económica sanitaria, desviando la atención de su propia responsabilidad, concretada, entre otras cosas, en una política irracional de gastos: compra-de material que luego se almacena en los sótanos, construcción de edificios que permanecen cerrados (caso de bastantes consultorios en Madrid), retraso en la terminación de obras urgentes, como la Maternidad de la Ciudad Sanitaria Primero de Octubre de Madrid, por agotamiento del presupuesto, etcétera... Es cierto que, al amparo de esta situación, algunos médicos venían obteniendo altas remuneraciones, sin que existiese ningún control sobre la . dedicación y calidad de sus trabajos. Pero no es este el aspecto principal y no debe ocultar las verdaderas causas de la situación.

¿Hacia la privatización de la sanidad?

El caos sanitario existente ha obligado hoy a* que las distintas fuerzas políticas hayan ido planteando propuestas de solución para resolver la crisis. Soluciones dispares en su mayor parte, en la medida que responden a las diferentes concepciones que de la organización de la vida social y económica tienen.

Desde finales de 1977 el Gobierno empezó a preparar su reforma sanitaria. Su proyecto pretende, por una parte, dotar a la Sanidad española de una estructura algo más racional, ampliando la asistencia de primera línea, admitiendo la participación de los trabajadores sanitarios y usuarios en la gestión de los centros, etcétera. Pero todo ello enmarcado en la perspectiva de avanzar en la privatización de la Seguridad Social, esto es, de implantar un sistema sanitario en el que el asegurado, además de su cotización mensual obligatoria, haya de pagar por acto médico. Bajo el insostenible argumento de que la competitividad mejoraría la calidad de la medicina y de que además los asegurados ya no «abusarían» de los consultorios, se esconde el intento de resolver los problemas sanitarios a costa de un doble pago por parte del enfermo. De hecho, ya se han introducido varias medidas en esta dirección por la vía del decreto ley, anticipándose a la discusión parlamentaria de la reforma: subida del pago de los medicamentos por los asegurados, régimen de gobierno de los hospitales y derechos de los usuarios.

Una sanidad popular

Resulta impensable que una medida regresiva, como es la mayor privatización de la medicina, pueda ser la panacea de los males que padece la actual asistencia sanitaria.

Y no lo es ni por razones técnicas, ni económicas, ni sociales. Los mayores medios científicos con que puede contar la medicina pública y su menor costo unitario la sitúan en clara superioridad de condiciones frente a la medicina privada. Y ello por no abundar en la consideración de los efectos que

la privatización de la sanidad tendría sobre el poder adquisitivo de las clases populares.

La conclusión sería, pues, que reforma sí, y que con urgencia también. Pero no sobre la idea de su progresiva privatización, sino sobre unas bases de racionalización y saneamiento de todo el sistema asistencial en la línea de democratizar y controlar la actual gestión de la Seguridad Social, de dar un impulso a la asistencia sanitaria de primera línea, de racionalizar la actual distribución de centros, de potenciar la medicina preventiva y la educación sanitaria de la población, de reducir el abusivo consumo de medicamentos...

No es propósito de este artículo el desarrollar lo que sería una posible alternativa a la reforma sanitaria que proyecta el Gobierno. Pero sí el indicar que en su gestión y aprobación habrán de tener participación el Parlamento, los trabajadores sanitarios y los propios usuarios.

Sólo así podrá lograrse que la indispensable reestructuración de la sanidad responda a los intereses y las demandas populares.

 

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