El informe de la O.I.T. La situación laboral y sindical en España. 
 Actividades sindicales y legislación     
 
   27/09/1969.  Páginas: 1. Párrafos: 18. 

ACTIVIDADES SINDICALES Y LEGISLACIÓN

• LAS DISPOSICIONES LEGALES SON A VECES APLICADAS DE MANERA MUY ESTRICTA

• PARECERÍA QUE ALGUNOS MOVIMIENTOS NO PODRÍAN FORMARSE AL AMPARO DEL CAUCE SINDICAL EN VIGOR

Ai referirse a la legislación penal relacionada con las actividades sindicales en España, el Grupo de Estudio considera que no sería útil examinar en detalle los casos registrados en épocas ya algo lejanas. Sí, en cambio, considera interesante el examen de la aplicación del Código Penal a miembros de movimientos sindicales que se desenvuelven al margen de la Organización Sindical, por las repercusiones que esta aplicación tiene dentro y fuera de España.

En algunos casos, como el de las penas impuestas a diversos miembros de la Alianza Sindical de Euzkadi y de la A. S. O., de 1966, los motivos de la condena residen en el hecho de que organizaciones que siguen estando fuera de la Ley participan en la constatación d« la Asociación .considerada ilícita Además, el Tribunal hace referencia también a la finalidad tíe esta última al considerar probado que la A. S. O. tiende a la destrucción del sistema es-tatal vigente, abogando por una orientación revolucionaria de la lucha de clases y la creación de Sindicatos libres.

En otros casos, las condenas se fundan más bien en el in-cumiplimiento de requisitos, de forma que, conforme a la legislación sobre las Asociaciones, deben cumplir estas ultimas para, ser autorizadas a funcionar legalmente. Por ejemplo, .cinco miembros de la llamada Comisión Obrera de Vizcaya, fueron condenados por el Tribunal de Orden Público el 20 de octubre de 1964, indicándose en los fundamentos de la sentencia que, sin inscripción en el Gobierno Civil ni reconocimiento por la Organización Sindical, estas personas dirigieron escritos y peticiones a las jerarquías nacionales, ministros, autoridades provinciales y personalidades extranjeras... El recurso de casación contra esta sentencia fue rechazado por el Tribunal Supremo, el cual consideró que la unión de esas personas con fines previamente determinados integra ana verdadera Asociación, AI margen del cauce sindical

La información disponible sobre decisiones judiciales más recientes indica que los Tribunales españoles han llegado a la conclusión de que las llamadas Comisiones Obreras son entes asociativos o agrupaciones ilícitas de personas unidas con la finalidad de arrogarse la representación de los trabajadores para organizar y dirigir la lucha por pretensiones económicas, sociales y políticas, al margen del idóneo cauce sindical legalmente establecido.

La conclusión generalmente aceptada es que, cualquiera que sea la tendencia de un movimiento sindical que se organice o pretenda organizarse al margen de la O. S., sus miembros están sujetos a penas previstas en el Código Penal. Cabría señalar que, aunque las sentencias pedales se fundan a veces en la omisión de requisitos de forma, parece que los movimientos de que se trata no podrían formarse al amparo de la legislación general rigente en materia de Asociaciones, habida cuenta, por otra parte, de la legislación sindical en vigor.

Propaganda e impresos

Por propaganda ilegal, delito que se castiga con penas de arresto o prisión y multa de 10.000 a 500.000 pesetas, se entiende en el Código Penal la impresión de toda clase de libros, folletos, hojas sueltas, carteles, periódicos y todo género de publicaciones tipográficas o de otra especie, así como su distribución o tenencia para ser repartidos, los discursos, la radiodifusión y cualquier otro procedimiento que facilite la publicidad. En ocasiones. Inclusive en proceros recientes, tales hechos han Éon-sistíSo en la posesión o dtstrttHi-ción de ejemplares de manifiestos u octavillas lanzados por diversos movimientos de trabajadores que son ilícitos conforme a la legislación española, en los cuales dichas agrupaciones- hacían llamamientos a huelgas o manifestaciones, o formulaban reivindicaciones laborales no exentas en algunos casos de alusiones a la situación económica o política.

Actividades «indícales

Se ha indicado al Grupo de Estudio, en relación con la propaganda de tipo sindical, que las disposiciones legales vigentes eran a veces aplicadas de manera muy estricta, como, por ejemplo, en el casó de un, candidato en las elecciones convocadas por la Organización Sindical en 1966, que fue procesado por haber confeccionado y mandar imprimir y repartir hojas que contenían su programa sin haber cumplido los requisitos de la ley de Prensa e Imprenta.

En virtud del artículo 166 del Código.Penal, no son manifestaciones o reuniones pacíficas aquellas a las que concurrieren un número considerable de personas con armas de cualquier clase y, además, las que se celebren con infracción de las disposiciones de policía establecidas con carácter general en el lugar en que la reunión" o manifestación tenga efecto, y las reuniones o manifestaciones que se celebren para cometer algún delito, o en el curso de las cuales se infringieren las disposiciones.del Código Penal relativas a la seguridad Interior del Estado, inclusive las que versan sobre la asociación ilícita y la propaganda ilegal.

Diversos r e p regentantes del movimiento sindical internacional han señalado al Grupo de Estudio su profunda preocupación por la inclusión en el decreto de 21 de septiembre de 1960, que trata sobre rebelión militar y bandidaje y terrorismo, de disposiciones que, según suponían, eran aplicables para reprimir ciertas actividades de tipo sindical.

En base al artículo segundo de la ley de Orden Público, que trata sobre "actos contrarios al orden público", el Grupo de Estudio ha tenido conocimiento de que las autoridades gubernativas han impuesto multas de 25.000 a 37.500 pesetas a trabajadores bajo la imputación de haber sido promotores de conflictos laborales, haber participado activamente en los mismos y haber ejercido presión sobre sus compañeros.

Trato a los presos y detenidos

Conforme al Reglamento del personal de los servicios penitenciaros de 1956, la detención y la prisión provisional deben efectuarse de modo que perjudiquen lo menos posible a la persona y reputación del inculpado. El mismo Reglamento prohibe y considera como falta muy grave los malos tratos a los reclusos. El Reglamento de Policía gubernativa de 1930 considera como falta leve de servicio el tratar al público sin la debida consideración. El Código Penal castiga como reo del delito de lesiones al que hiere, golpeare o maltratale de obra a otro, produciéndole ciertos daños físicos graves, enfermedad o incapacidad de más de quince días para el trabajo, y como reo de falta a quien causare otras lesiones menores.

Constituye una creencia difundida y sincera de todos los sectores del movimiento sindical internacional que determinadas personas detenidas en España por motivos que en otros países y bajo otras legislaciones serían consideradas como actividades sindícales legitimas, conforme a, los principios de la O. I. T., pero que son ilegales conforme a la legislación española, reciben malos tratos. Sindicalistas procedentes de España, que acompañaban a los repreesntantes del movimiento sindical internacional, oídos por el Grupo de Estudio en Ginebra expresaron esta creencia y consideraron la cuestión como esencial; como prueba de la difusión que esta creencia parece haber alcanzado en España, se refirieron a documentos suscritos por Intelectuales y personalidades religiosas en los que se expresa una grave inquietud acerca de este asunto.

El ministro de Justicia dejó claramente establecido que cualquier mal trato de personas detenidas es enteramente contrario a la posición oficial. Indico que está plenamente dispuesto a recibir pruebas precisas sobre casos específicos.

En la declaración hecha por el vicepresidente del Gobierno ante las Cortes el 22 de abril de 1969 se indicó que en relación con el estado de excepción el Gobierno deseaba dejar establecido:

— Que cualquier extralimita-ción que hubiera podido producirse estaría sancionada penal y administrativamente.

— Que la autoridad judicial es la única competente para depurar responsabilidades.

— Que en los muy contados casos de denuncias se había promovido la acción judicial y están en curso los procedimientos iniciados, sin que hasta la fecha se hubiera dictado ninguna resolución.

 

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