La nueva ley sindical     
 
 ABC.    20/02/1971.  Página: 2. Páginas: 1. Párrafos: 11. 

LA NUEVA LEY SINDICAL

Eej te sesión de Cortes que aprobó, por destacadísima mayoría, la nueva ley Sindical, afirmó el ministro señor García Ramal: «El proyecto de ley Sindical, contemplado desde la realidad de 1971, responde a la necesidad planteada en el ámbito del mundo del trabajo y la producción, de protagonizar su propio destino en el seno de la comunidad nacional.»

Efectivamente, la nueva ley Sindical no puede ser enjuiciada ni fuera del tiempo en el que se produce—año 1971—ni fuera del marco institucional en el cual ve la luz; la luz, se entiende, de su promulgación legislativa.

Se trata, seguro es, del proyecto de ley más polémico, más discutido, de los que han llegado a obtener la sanción de las Cortes. Pero se trata, igualmente, de un proyecto debatido, criticado, censurado, desde posiciones que han omitido, en su censura, en su crítica, en su debate, un hecho esencial para juzgar el texto de la ley. El hecho esencial es el siguiente: la ley Sindical, la nueva ley Sindical, no se produce, ni se promocipna, en un «vacío legislativo». Al contrario, se promociona y se produce dentro de un marco constitucional, o institucional, si se quiere, en el cual es la nueva ley lo que de acuerdo con el sistema de instituciones políticas debe ser, y no es lo que medida según principios del antiguo sindicalismo debería ser.

«No es admisible—ha dicho el ministro señor García Ramal—que cierta beatería política nos señale la necesidad de tener que subordinar el resultado de nuestras experiencias sobre problemas propios a una interpretación partidista de principios y esquemas ideológicos de algunos organismos internacionales.»

De nada, o de bien poco, serviría, efectivamente, medir o calibrar el sindicalismo español a la luz de los llamados principios clásicos del sindicalismo, cuando los Sindicatos, en nuestro sistema político, tienen ya reconocimiento de entidades o instituciones naturales de la comunidad nacional. Y cuando los Sindicatos, en grados diversos, pero siempre considerables, están representados en los organismos de más alto nivel político: en las Cortes y en los Municipios; en las Mutualidades y en los Consejos de Estado, de Economía, del Movimiento, etc.; en el Consejo del Reino e incluso, con un ministro, en el Gobierno.

¿Cómo, pues, demandar a una organización sindical que ha cumplido, al menos en la letra de la ley, una tal evolución, que se ajuste o cumpla los principios doctrinales, o sea, teóricos, de las otras organizaciones sindicales, carentes de una análoga presencia política y representativa, en los estratos más populares y más elevados de un sistema?

La nueva ley Sindical podrá ser criticada, lo ha sido y lo será, desde posiciones que omiten, en su enfoque, el hecho obvio de ser esta ley Sindical una ky inscrita en el contexto político de un sis

tema definido, en el cual tienen los Sindicatos una representación social y una proyección política, decididas en otras leyes fundamentales.

El señor García Ramal ha analizado, con visión ecuánime, en su discurso ante las Cortes, los principios a los cuales se ajustará la organización sindical española e incluso los antecedentes de estos principios.

Sería muy aventurado—al menos lo sería mientras la nueva ley no tenga su período de prueba, de «rodaje»—decidir algo, con; fundamento cierto, acerca de lo que será o no esta ley en su aplicación.

Se ha dicho ya de la ley que padece «inflación reglamentaria». Es decir, qué muchas cuestiones fundamentales las remite a lo que, luego, establezcan los reglamentos. En principio, parece óptimo que todas las materias y problemas sean resueltos en la letra de la ley. Pero no es posible establecer, a la contra, y menos en campo tan complicado como el sindical, que todo aquello remitido a los reglamentos sea mal decidido en éstos o sea decidido en los mismos contra la letra de la ley. Forzoso es abrir, en este caso, un margen de crédito a lo que queda por decidir. Por otra parte, en este amplio terreno marginal, los Sindicatos podrán demostrar algo tan importante, tan decisivo, como su propia capacidad de «autogobierno».

Hemos leído últimamente, y no somos disconformes con la opinión que vamos a citar, que las leyes sindicales, en cualquier país del mundo, basan, indefectiblemente su efectividad «en una determinada estructura económica, qué el legislador contempla al definir las asociaciones profesionales, sus derechos, sus deberes, sus competencias...». Y que de esta estructura o realidad económica depende, en notable parte, el éxito de una legislación sindical.

Así, la nueva ley Sindical española va a depender, de modo inevitable, de lo que sea el futuro económico español. Pues no resulta una simple coincidencia que los Sindicatos más poderosos y mejor organizados se encuentren en los países cuya economía es, también, la mejor organizada y la más rica.

 

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