El sistema para elegir el nuevo presidente deberá tener en cuenta las características de nuestro sindicalismo  :   
 Las asociaciones previstas por el proyecto corresponden a lo que se conoce en Europa como sindicatos. La Organización total puede identificarse a una confederación de sindicatos que deben gozar en su esfera de una amplia autonomía. 
 ABC.    07/10/1969.  Página: 29-30. Páginas: 2. Párrafos: 5. 

A B C. MARTES 7 DE OCTUBRE DE 1969. EDICIÓN DE LA MAÑANA. PAG. 29

EL SISTEMA PARA ELEGIR EL NUEVO PRESIDENTE DEBERÁ TENER EN CUENTA LAS

CARACTERÍSTICAS DE NUESTRO

SINDICALISMO

Las asociaciones previstas por el proyecto corresponden a lo que se conoce en Europa como Sindicatos

LA ORGANIZACIÓN TOTAL PUEDE IDENTIFICARSE A UNA

CONFEDERACIÓN DE SINDICATOS QUE DEBEN GOZAR EN SU

ESFERA DE UNA AMPLIA AUTONOMÍA

Madrid. (De nuestra Redacción.) En franca üiscordancía con lo apuntado por el Congreso de Tarragona, el proyecto enviado a las Cortes propone que el nombramiento del presidente de la futura Organización Sindical se realice por el Jefe del Estado, a propuesta del presidente del Gobierno y después de haber sido oído a título puramente consultivo el Comité Ejecutivo Sindical. La fórmula de Tarragona fue la designación por el Congreso de una terna entre los nombres elegidos por el Comité Ejecutivo, correspondiendo después al Jefe del Estado designar al presidente entre los miembros que la compusiesen. La iniciativa de la operación, por lo tanto, partía del supremo órgano sindical, y el Jefe del Estado escogía entre una selección de hombres hecha al exterior de su esfera, que es lo contrario de lo que se propone ahora. Pero en esta discordancia hay algo mucho más profundo que una simple disputa sobre determinadas sutilezas electorales.

Los dos principios de base del sindicalismo español son los de unidad y de generalidad, gracias a los cuales, y según los datos oficiales de la Organización Sindical, se encuadran en ella actualmente 11.983.401 puestos de trabajo, sobre algr más de trece millones que existen en Es paña. La cifra y la consecuencia del carác ter obligatorio de la sindicación fijadas pt las Leyes Fundamentales, resultan tan ür portantes que cualquier consideración s> bre la estructura sindical debe partir de s recuerdo porque ciertamente aclararíamc muy poco las cuestiones mezclando cosa que son por naturaleza inconciliables.

La autonomía y la representatividad to tales y en todos los escalones del universi-sindical, resultan conciliables en régimen de pluralidad sindical y de sindicación voluntaria, como sucede en la mayoría de lo; países occidentales, fórmula que podría igualmente imaginarse entre nosotros, pe re que nos obliga a reconocer que dentro de una determinada estructura las cosas deben ordenarse con un mínimo de coherencia para que-resulten factibles. Si se quiere la autonomía total y la representativi-dad en todos los escalones, que es una fórmula como otra cualquiera, perfectamente compatible con la vida española, hay que empezar por desmontar el Fuero del Trabajo con su precepto de sindicación obligatoria y de unidad sindical, que ademas de ser otra fórmula concebible, es, ademas, la que ordena el mundo del trabajo Y de la producción en España. La cuestión no puede limitarse a elegir de una manera o de otra a un presidente, sino de saber exactamente qué clase de sindicalismo vamos a tener. Si el que establecen las leyes actuales, o el que se podría establecer después de su modificación, hipótesis, que dicho sea entre paréntesis, resulta admisible dentro del marco constitucional vigente, tras el consiguiente referéndum. Pero entonces hay que denunciar la Constitución y no su ley sindical subordinada.

La cuestión se plantea de esta manera en dos órdenes diferentes y escalonados: Por un lado tenemos la revisión de la totalidad de nuestro sistema sindical y, por otro, los límites realistas de una situación que. mientras presente sus actuales características, deberá, reconocer cuáles son sus límites posibles, 7 todas las invocaciones de la O. I. T. y de la Conferencia Episcopal deben entenderse después de una cierta clarificación sobre el alcance y el contenido de las palabras empleadas en nuestra legislación sindical, porque manejando la ambigüedad no conseguiremos jamás recoger en caída opinión lo que tenga de valiosa ni, desde luego, servir a la sociedad. En buena práctica y dentro del marco dibujado por el proyecto de ley, lo que en Europa se entiende por Sindicato es lo que nuestra ley define como asociaciones, puesto que en ellas es donde se agruparán los obreros, los patronos y los técnicos de cada actividad. El profesor Fernández Carvajal, en su excelente obra sobre la Constitución española, ha apuntado ya esta realidad que puede considerarse fundamental. En cambio, y dentro del nuevo esquema, la Organización es como una enorme confederación de células sindicales cuya imipor» tancia en la vida nacional justifican sobradamente que se las regule por un arbitro independiente de la lucha laboral entre patronos y obreros y en contacto con un Gobierno que ni aquí, ni en ninguna parte del mundo donde existiese una organización semejante, aceptaría descuidar la vigilancia de ese verdadero gigante socioeconómico. Que la ley ainada en sus textos determinadas precisiones sobre la manera cómo el presidente, nombrado por el jefe del Estado, debe ejercer su complicada tarea», y que se reglamenten las limitaciones de su poder, según se trate de asuntos estrictamente sindicales o públicas, es otra cosa muy distinta, cuya ausencia cabe criticarle con razón al proyecto y que las Cortes podrán remediar durante los debates. Pero en ningún caso este sistema de nombramiento del presidente de una confederación sindical de obreros y patronos, que es entidad gigantesca muy superior a un simple sindicato y no tiene precedentes occidentales, puede considerarse contrario al espíritu de la Conferencia Episcopal ni de las resoluciones de la O. I. T., siempre que efectivamente la Asociación-Sindicato conserve dentro de

ella sn representatividad en todos Jas escalones y su autonomía, que es lo que ambos documentos preconizan atinadamente. La Organización Sindical no puede convertirse en un "Estado dentro del Estado", como sucedería si conservamos el actual montaje, aplicándole fórmulas ajenas a su naturaleza, ni debe tampoco entenderse como un cuerpo de control para impedir que la vida sindical en sus niveles reales no goce de libertad y de autenticidad. Para evitar estos dos peligros, las dos únicas fórmulas racionales parecen ser: o bien la modificación radical del sistema sindicalista dictado por la Constitución después de un referéndum, y en ese sentido las protestas de las Comisiones Obreras son coherentes consigo mismas; o bien, aplicar la fórmula avanzada por el proyecto de ley, añadiéndole los correctivos necesarios de aplicación, que pueden y deben perfeccionar un asunto de importancia capital.

 

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