Autor: Zorrilla Ruiz, Manuel María. 
   La ley de Asociación Sindical frente a la doctrina de la OIT     
 
 Ya.    05/05/1977.  Página: 35. Páginas: 1. Párrafos: 26. 

LA LEY DE ASOCIACIÓN SINDICAL FRENTE A LA DOCTRINA DE LA OIT

La ley de 1 de abril de 1977 se aleja, en algunos puntos, de los objetivos internacionalisables de libertad sindical, auspiciados por los convenios 87 y 98. Tales convenios superan a la ley, dejando sin efecto todos los contenidos que no cumplan las exigencias de internacionalizacíón en materia de libertad sindical

EL convenio número 87 de la Organización Internacional de Trabajo (acerca de la libertad sindical y tutela del derecho de sindicación) ha fijado las garantías que los poderes estatales de corte democrático deben conceder a las organizaciones constituibles para salvaguardar los intereses colectivos de trabajadores o empresarios. Un examen, normalmente reflexivo, de su texto (no harto frondoso, pues el convenio número 87 consta solamente de once artículos) conduce a las conclusiones siguientes:

1 Tales organizaciones, como su denominación indica, pueden constituirse con o sin personalidad jurídica y no es imprescindible que revistan la forma de asociaciones.

2 No cabe, pues, prohibir toda suerte de participación sindical en las relaciones colectivas de trabajo a las organizaciones que, por un motivo u otro, se abstuvieren de adquirir y ostentar cualidad asociativa, prefiriendo no gozar de los beneficios de la personalidad jurídica.

3 Es inaceptable toda fórmula que limite el ejercicio de esas relaciones colectivas de trabajo a las organizaciones estructuradas asociativamente.

4 Es, en cambio, admisible la fórmula que confiere contenidos más extensos e Intensos de capacidad sindical a las organizaciones erigidas en asociación, aminorando (sin, por supuesto, suprimirla) la capacidad de las que carezcan de personalidad y se reduzcan a uniones de afiliados.

5 Supeditar el reconocimiento de una organización sindical la adquisición de personalidad jurídica y, a la vez, condicionar la crítica fiscalizadora de la adquisición a una sugerencia gubernativa, equivale a introducir indirectamente un sistema de previa autorización.

6 El derecho a formar organizaciones sindicales jamás puede depender de una autorización previo.

7 La decisión del poder ejecutivo que, sugiriendo la ilegalidad de una organización sindical determinada, transfiere al poder judicial la especificación de si existe semejante ilegalidad es un acto político en el caso de que la resolución adoptable dependa tajantemente la posibilidad de ser o no ser para la organización censurada, porque, en fin de cuentas, se da un pronunciamiento sobre la convivencia o incompatibilidad de dos fuerzas sociales tan influyentes (en los sectores y a los niveles respectivos) como el sindicato y el Estado.

8 La supervisión judicial no se difunde al control de los actos políticos, por más que desde el ejecutivo así se pretendiere.

9 Los tribunales son, natural-mente competentes para disolver las organizaciones sindicales de naturaleza asociativa o interrumpir el funcionamiento de las organizaciones sin personalidad cuando se impregne de ilegalidad «u intervención en las relaciones colectivas.

No todo esto recogido en lo nueva ley

No todos estos postulados se han Incorporado a la reciente ley reguladora del Derecho de Asociación Sindical de 1 de abril de 1877, puesto que:

1 Allí sólo se aceptan las organizaciones sindicales dotadas de personalidad jurídica y erigídas en asociaciones.

2 Los reparos del poder ejecutivo a la presencia pública o actividad de una concreta organización asociativa no se traducen en una negativa formal o un acta de descalificación terminante, lo que prima facie causa la impresión de que aquél no es rotundamente adverso a la legalización de la misma.

O La aparición de dichas objeciones daría lugar a que el mismo ejecutivo instara de los Tribunales la calificación de ilegalidad de la asociación.

A A través de un mecanismo sobremanera paralelo al ensayado para legalizar los partidos políticos, los Tribunales producirán decisiones que no restringen su rol a graduar (como en otras legislaciones sucede) la participación en las relaciones colectivas de sindicatos admisibles a ellas por el mero hecho de existir (y, naturalmente, hallarse nerviados por un interés igualmente colectivo), sino que introducen en el universo sindical o expulsan inapelablemente del mismo a las organizaciones así fiscalizadas.

5 Todo el énfasis, del texto legal propende a presentar al poder judicial como eminente responsable del veredicto de muerte sindical.

La subsistencia de la ley

Este juicio ha sufrido, no obstante, el impacto de otros acaecimientos posteriores, que, según seguidamente se señala, contestan la subsistencia de la ley de Asociaciones Sindicales.

Su exposición de motivos había pretendido innovar una interpretación valedera de la declaración

XIII del Fuero del Trabajo. Afirmación, por cierto, inexacta y superabundante. ,

Le faltaba exactitud, porque cualquier lector minimámente atento del prefacio a la ley repararía en el Imposible maridaje de la estructura sindical que había trazado la declaración XIII y el régimen de libertad organizativa de los convenios 87 y 98 (relativo este ultimo al derecho de sindicación y a la negociación colectiva), que la ley quiso tomar en consideración también.

Era superabundante, ya que el artículo 2.2 del Código, Civil cuida de advertir que toda ley posterior deroga a la anterior en lo que ambas ofrezcan de contenido incompatible. Fuera de duda casi queda que la ley de Reforma Política de 15 de diciembre de 1976 marcó unas directrices tan en pugna con la declaración XIII del Fuero del Trabajo que desde entonces nada quedó en pie de esta última.

De todos modos—como se ha subrayado (y no pocas opiniones discrepantes ponen de relieve)— la ley de 1 de abril de 1977 se aleja, en algunos puntos, de los objetivos internacionalizables de libertad sindical, auspiciados por los convenios 87 y 98. Ahora bien, la suscripción de los instrumentos de ratificación de los convenios por el Gobierno español debe acortar esa distancia, puesto que van a producirse idénticos efectos que si las Cortes hubiesen votado y aprobado una ley que copiara literalmente el texto de ambos.

Los convenios 87 y 98 se adoptaron en su día por el consenso de los países miembros de la OIT. Una adhesión, como la que el Gobierno español acaba de proferir, equivale a un tratado internacional concertado con todos y cada uno de los Estados que anteriormente se hallasen vinculados por los mencionados acuerdos.

Es de esperar que antes de dislocarse las Cortes actuales el Rey apruebe y ratifique los convenios 87 y 98, oyendo a la Comisión de Tratados, condición necesaria y suficiente para que la doctrina de la OIT tenga valor coincidente con el de una ley aprobada en el Pleno.

La conclusión se completa con la regla del artículo 1.5 del Código Civil, al prescribir que las normas jurídicas contenidas en los Tratados Internacionales, como es el caso de los convenios 87 y 98, se aplicarán directamente cuando hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".

Exigencias internacionales

Se trata de pasos conducentes a que—dentro de poco tiempo (antes de que expire el corto hilo

de vida que queda a las Cortes)— los convenios 87 y 98 gocen del mismo carácter que cualquier ley fabricada por el procedimiento parlamentario regular.

Y, de nuevo, el artículo 2.2 del Código Civil pondrá de manifiesto cómo tales convenios, en su calidad de leyes posteriores a la ley de Asociación Sindical de 1 de abril da 1971, la superan desde ya, dejando sin efecto todos los contenidos que no cumplan las exigencias de internacionalización en materia da libertad sindical. La jovencísima ley resultará abolida en los aspectos que discrepen de los convenios ratificados.

¿No deberían ser las disposiciones de desenvolvimiento un desarrollo, ya directo, de los convenios 37 y 98 a la vista de su inminente conversión en reglas escritas con fuerza de ley? ¿Desarrollar la ley de 1 de abril-de 1977 no es acaso un arbitrio insuficiente e inútil?

Los convenios 87 y 98 se imponen a las Cámaras legislativas que provinieren de las elecciones de 15 de junio de 1977, obligándolas a garantizar la inserción, en el texto constitucional que elabáraren, de los principios de libre sindicación y negociación colectiva.

Es el caso, finalmente, preguntarse si la ratificación de los convenios 87 y 98 no hiere de muerta los residuos intervencionistas que, pese a las aspiraciones liberalizadoras del último real decreto-ley de 4 de marzo de 1977, todavía perduran en la ley de Convenios Colectivos de 19 de diciembre da 1973.

Manuel María ZORRILLA RUIZ

(Profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Deusto-Bilbao).

 

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