Autor: Villalar, Pedro. 
 los sindicatos del cambio (II). 
 Sindicalismo y función pública     
 
 Arriba.    21/05/1977.  Páginas: 2. Párrafos: 21. 

LOS SINDICATOS

Sindicalismo y la reciente instauración en nuestro país del derecho de asociación sindical, que únicamente excluye de su ámbito de aplicación a los miembros de las Fuerzas Armadas y suspende el ejercicio de este derecho a los funcionarios públicos hasta el momento en que sean publicadas normas especiales, trae a le actualidad la amplia problemática que el sindicalismo de la función pública comporta.

Tradicionalmente se han venido esgrimiendo una serie de argumentos para tratar de justificar una pretendida separación entre el sindicalismo funcionarial y el sindicalismo obrero. Básicamente se ponía el acento en las fundamentales diferencias existentes entre contrato de trabajo y la relación administrativa en que se desarrolla la función pública, con la especial dosis de poder que inevitablemente transfiere la

Administración a sus empleados.

Sin embargo, el verdadero trasfondo de la marginación del derecho sindical en la función pública, responde al deseo de que los funcionarios se vean forzados a utilizar formas de organización y representación menos combativas, menos radicalizadas en sus compromisos de lucha obrera. Como consecuencia de ello, el impulso solidario de defensa de intereses se canalizó hacia la asociación profesional en lugar de hacia un auténtico sindicato de funcionarios.

La reciente revitalización del sindicalismo en la función pública responde, evidentemente, a un proceso de homogeneización sociológica que está borrando los per files diferenciales que existen entre los funcionarios públicos y otros colectivos laborales. La permanente expansión del mundo de los servicios públicos en las modernas sociedades posindustriales, produce un inevitable proceso de liberalización o proletarización de los servicios del Estado, que los alejan progresivamente de la vieja imagen del funcionario investido de poder.

Las actividades profesionales que hoy realizan la gran mayoría de los funcionarios públicos, no se diferencian, sustancialmente, de las que se llevan a cabo en empresas privadas dedicadas a la prestación de servicios públicos y quizá por esta identidad de contenido profesional, los colectivos que en casi todos los países han mostrado más sensibilidad y tendencia a la sindicación han sido los sectores de Comunicaciones, Sanidad y Enseñanza.

Desde nuestro punto de vista, cualquier retroceso o desvirtuación en el reconocimiento del derecho sindical pare el ámbito de la función pública, supondría una mera diloción en algo que parece

irreversible la superación de la vía asociativa.

La cuestión fundamental que el ejercicio del derecho sindical en la función pública planteabes, sin duda, su contenido, que podría comportar cierta especialidad respecto de los normales medios de acción sindical vigentes en el ámbito laboral. Nos referimos concretamente a las tres cuestiones más controvertidas dentro del área de la acción sindical en la función pública:

Contratación colectiva.

Derecho de huelga.

Participación.

Convenios colectivos

La irrupción del sindicalismo en la función pública comporta la adopción de una serie de planteamientos y, sobre todo, la utilización de unos medios de acción entre los que ocupa un lugar preferente la contratación colectiva. El convenio colectivo de trabajo supone, junto con la huelga, el instrumento más característico de la dinámica sindical que vendría a establecer la frontera entre el verdadero sindicato de funciones y las asociaciones profesionales.

Los obstáculos doctrinales que tradicionalmente vienen impidiendo en la mayor parte de los países una decidida progresión en materia de contratación colectiva, derivan de ¡a dificultad de encontrar el Interlocutor válido que deba sentarse en la mesa de negociaciones, frente a la representación funcionaríal ya que el poder ejecutivo carece de facultades para decidir en materia presupuestaria y el legislativo parece inhabilitado para transigir.

Sin embargo, a nuestro juicio, estas dificultades no deben considerarse insalvables, toda vez que un primer paso podría ser propiciar fórmulas de diálogo adecuadas con la Comisión especializada del Parlamento en materia presupuestaria, que elaboraría las bases del futuro acuerdo, habilitando para negociar y suscribir el convenio a una representación especializada del* Gobierno, cuya misión sería alcanzar un pacto con los representantes de los distintos colectivos funcionariales. Deberían preverse ágiles vías de arbitraje para superar con rapidez las dificultades en la negociación.

DEL CAMBIO (II) función pública

Lo que evidentemente parece hoy inadecuado es la fijación del contenido económico de la relación funcionarial de manera prácticamente unilateral. Los actuales sistemas de consulta en materia de retribuciones, por su mínimo contenido vinculante, deben dar paso o fórmulas claras de negociación colectiva, superadoras de posibles situaciones de injusticia.

Huelga

Directamente conectado con la contratación colectiva, el derecho de huelga se presenta como un medio de presión necesario para alcanzar las reivindicaciones justas e inherentes a la genuino acción sindical.

Su ejercicio está reconocido con carácter general y con las necesarias matizaciones buen número de países desarrollados, ya que la especialidad del trabajo en la función pública no supone elemento diferencial básico de la actividad prestadora de servicios públicos en genera!.

Frente a los que pretenden ver en la huelga de funcionarios públicos un instrumento de lucha que pone en peligro el orden jurídico y el propio poder del Estado, entendemos que la cesación voluntaria y concertada de la actividad profesional con fines reivindicativos no atenta contra la institución estatal de manera más grave que la paralización de aquellos otros servicios cuyo funcionamiento es imprescindible para la vida de la comunidad, prestados normalmente por empresas privadas en régimen de concesión.

Admitido de una parte el ejercicio del derecho de huelga en las empresas prestadoras de servicios públicos y reconocido, de otra, el derecho de asociación sindical a los funcionarios públicos, parece claro que debe cubrirse la actual laguna legal que deja en la incertidumbre la posibilidad de huelga en la función pública.

Participación

La colaboración de los funcionarios con la Administración en materia tan específica como organización de las actividades de servicios, formación, aspectos asistenciales, etcétera, supone un tímido nivel de participación en la gestión pública, que debe dar paso a fórmulas más intensas que propicien el desarrollo de iniciativas y orientaciones nacidas d e I ámbito funcionarial.

Cada día se está perfilando con más nitidez la separación de la actividad política y la actividad administrativa. Incrementar el grado de autonomía en la gestión de la actividad administrativa, potenciando la presencia y la proyección de quiénes hacen realidad la prestación de los servicios públicos, habrá de redundar en un notable incremento de la eficacia administrativo.

La realidad socio-sindical de nuestro país nos muestra que el ilegal ejercicio del derecho sindical en la función pública ha venido produciendo una serie de organizaciones sindícales vinculadas a la corriente ideológica que más intensamente opera en el movimiento obrero.

Este sindicalismo fáctico viene caracterizado por su combatividad, abriendo fórmulas nuevas de relación con los poderes públicos en las áreas típicamente sindicales (negociación y huelga).

Ante la perspectiva de inmediata posibilidad de promoción de organizaciones sindicales en el ámbito de la función pública, entendemos que es urgente la publicación de las normas especiales que dan luz verdegal sindicalismo funcionarial.

La puesta en marcha de este proceso de desarrollo sindical consideramos que debe ir precedida de una amplia campaña de sensibilización y mentalíz0ción dirigidas a aquellos sectores que se encuentren más alejados del fenómeno sindical en la función pública.

Inmediatamente después se hace preciso abrir un diálogo entre las distintas organizaciones sindicales instaladas ya en la base sociológica funcionarial, sin excluir a ningún grupo o tendencia, integrando tanto a los sindicatos emanados de las centrales obreras (USTAP, FE-TAP, CC. OO. de AP, CNT, etcétera), como a las organizaciones sindicales independientes.

La primera gran cuestión que debe decidir este Congreso abierto es si se prefiere la vía sindical a la vía asociativa pura y, posteriormente establecer un camino hacia la unidad fijar las características de las secciones sindicales, de su estructura federativa, de su carácter eminentemente profesional. Definitivo establecer el estilo del nuevo sindicalismo de la función pública.

La propia dinámica del desarrollo de este peculiar sector del sindicalismo irá dando respuesta a estos y oíros muchos planteamientos en el marco de un necesario clima de libertad sindical. (El primer artículo de esta serie fue publicado el pasado día 19.)

VILLALAR

Sábado 21 mayo 1977

 

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