Autor: Iglesias Selgas, Carlos. 
   El restablecimiento de la libertad sindical     
 
 Pueblo.    04/04/1977.  Página: 1. Páginas: 1. Párrafos: 15. 

El restablecimiento de la libertad sindica

LA ley por la que se regula el derecho de asociación sindica] ha restablecido la libertad sindical, que se suspendió en España, con carácter general, por el . decreto de 21 de abril de 1938, que derogó determinados artículos de la ley de 8 de abril de 1932 y prohibió la constitución de nuevos sindicatos o asociaciones cuya finalidad fuera la defensa de intereses profesionales o de clase.

Los dos Gobiernos de la Monarquía han tenido que enfrentarse con el restablecimiento de la libertad sindical cuando se enfrentaron, con carácter general, con la restauración de las libertades públicas de reunión, asociación y libre emisión del pensamiento. En este orden de cosas se han seguido dos vías, una y otra acertadas en los respectivos momentos.

Rodolfo Martín Villa fue encargado de las Relaciones Sindicales —titularidad ministerial que, por razones obvias, no hubiera debido pasar al primer Gobierno de la Monarquía—, y abordó este problema desde la reforma de la Declaración XIII del Fuero del Trabajo; al efecto logró la inclusión de cinco conceptos en el borrador primero del proyecto de ley de reforma de la ley constitutiva de las Cortes y otras Leyes Fundamentales.

La aportación del ministro Rodolfo Martín Villa y de su equipo consistió en recoger sin ambages la aspiración al reconocimiento de la libertad sindical ni más ni menos que como se ha reconocido el derecho de asociación política. La fórmula,que se adoptó era lo suficientemente abierta como para permitir las más varias versiones. Seguramente éste fue el mayor acierto.

También representaron una contribución positiva los criterios en que se sintetizaba el posible futuro de las estructuras profesionales oficiales.

Al reducirse la reforma poli-tica inmediata a la convocatoria de elecciones legislativas, en dos Cámaras reclutadas por sufragio universal el ministro Enrique de la Mata Gorostizaga se creyó en el deber de proponer al Gobierno un proyecto de ley que reconoce la libertad sindical y regula su ejercicio.

Unas estructuras oficiales, por efectivas que sean —y las del Régimen lo han, sido bastante—, no pueden suplir a las organizaciones surgidas de la sociedad como manifestación del ejercicio de una libertad.

Los franquistas han reconocido las libertades públicas, y entre ellas, la libertad sindical, como han restablecido también el sufragio universal. Partiendo de este hecho, que constituye una mera constatación histórica, es innegable que merecen reconocimiento y respeto de parte de todos, incluidos los que fueron sus contradictores, los que, a lo largo de más o menos años, según los casos. lucharon porque se reconociera a los trabajadores —y también los empresarios— la posibilidad de constituir asociaciones profesionales no oficiales.

La libertad sindical, concretatada en el restablecimiento del pleno derecho de asociación

sindical, era obligada, entre otras cosas, por las siguientes razones:

El reconocimiento, con carácter general de las libertades de asociación y de reunión, en nuestro Derecho exigía, de modo imprecindible extraer las naturales consecuencias en el ámbito profesional.

Se ha dado, en los últimos tiempos, una grave contradicción entre la España oficial, que sólo se sustentaba en estructuras pro festónales de este carácter, y la que era de todo punto necesaria, taban organizaciones de hecho de carácter espontáneo.

Fracasada por la actitud reticente de los conservadores, la «operación democratización del sistema profesional oficial», que hubiera podido conducir a que las distintas corrientes ideológicas actuaran como tendencias dentro de un sistema sindical unitario, no había otro camino que restablecer en su plenitud la libertad sindical y ofrecer un cauce jurídico adecuado a las situaciones de hecho.

Aun en el caso de que la «operación democratización» hubiera tenido éxito, esto último hubiera sido necesario.

La credibilidad internacional de España y aun su propia presencia en determinadas distancias, obligaba de manera ineludible al restablecimiento de la libertad sindical.

El Gobierno de Adolfo Suárez, al someter a las Cortes el proyecto de ley por el que se regula el ejercicio del derecho de asociación sindical, adoptó una decisión que era del todo punto necesaria, y que no podía aguardar más.

Es cierto que esta materia, como las otras disposiciones relativas al restablecimiento de las libertades cívicas, hubiera podido resolverse por decreto-ley, pero no había motivos justificados que aconsejaran un tratamiento diverso.

En razón de ello la hemos venido defendiendo no sólo ahora, en que el ambiente es propicio, sino en otras circunstancias más difíciles. Lo que ocurrió en otros tiempos fue que el contexto político no era favorable al restablecimiento de las libertades, y las acciones de todos se desenvolvieron en los limites de las posibilidades de cada uno.

La ley por la que se regula el derecho de asociación sindical representa, desde el punto de vista de la liberalización de las asociaciones profesionales, un notable progreso en relación con la ley de 8 de abril de 1932, de Asociaciones de Patronos y Obreros, que fue presentada en su día por don Franciscco Largo Caballero, e incorpora, hasta literalmente, los preceptos de los convenios 87 y 98 de la O. I. T., que son los relativos a la libertad sindical. Esto es necesario subrayarlo, pues creemos necesario aclarar algunos equívocos.

Como es natural, la ley no entra, pues no era su misión, en la reforma de las estructuras y servicios profesionales oficiales, ni tampoco afecta a las Cámaras Oficiales de Industria y Comercio, que son cosa completamente distinta; el ministro Enrique de la Mata lo dijo bien claro en su intervención en las Cortes.

En lo que durante muchos años se ha denominado en España sistema sindical hay entidades y organismos de carácter profesional oficial, pero hay también servicios públicos que el Estado había delegado en una institución pública que recibió el nombre de Organización Sindical.

Todo esto habrá que reestructurarlo con los nuevos condicionantes de la libertad sindical, pero no tiene por qué destruirse o desmantelarse. En 1931 los propios republicanos respetaron inicialmente en el decreto-ley de 24 de junio las disposiciones legales de la Dictadura del General Primo de Rivera, por las que se configuraba la Organización Corporativa Nacional.

Sólo cuando meses después se aprobó la • ley de 27 de noviembre de Jurados Mixtos y se realizó el reajuste a fondo, que sustituyo los Comites Paritarios por estos últimos. Llamamos la atención al hecho de que el Gobierno provisional de la II República, pese al recelo con que se miró la otra legislación de la Dictadura, mantuvo en su vigencia, al menos en principio, las disposiciones relativas a los organismos de colaboración entre las autoridades públicas y las organizaciones profesionales, y luego los cambió de nombre sin transformaciones de gran profundidad.

Es posible —y yo así lo creo— que obraran de esa forma por el sentido de responsabilidad de los dirigentes republicanos.

PUEBLO 4 de abril de 1977

 

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