El proyecto de libertad sindical     
 
 Pueblo.    11/01/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 6. 

El PROYECTO DE LIBERTAD SINDICAL

COMIENZA hoy en las Cortes el debate parlamentario sobre el proyecto de ley para regular el derecho de asociación sindical. Debate de extraordinaria significación, ya que se trata de incorporar al Derecho Positivo Sindical un criterio expresamente democrático en la interpretación de la Declaración XIII del Fuero del Trabajo. Se pretende así hacer realidad un avance legislativo tan importante como ineludible, al asumir la legalización del pluralismo asociativo obrero y empresarial, otorgando carta de naturaleza a las diversas corrientes sindicales que ya existen o que puedan surgir en el futuro. Es evidente que, cubierto el primer trámite para la reforma institucional a través del referéndum, el paso inmediato, como ya se había anunciado, tenía que ser necesariamente el reconocimiento por vía jurídica, y no por mera tolerancia o discrecionalidad gubernamental, de las libertades sindicales.

Y de esto se trata: de reconocer a la clase trabajadora —y también a la empresarial igualmente— el derecho de libertad sindical, más exactamente de libertad de asociación sindical, para la defensa de sus intereses y reivindicaciones. Se trata, con otras palabras, de establecer, como en las demás naciones de Europa occidental, el sistema preciso de garantías jurídicas que haga posible, desde la libertad tutelada por los órganos judiciales, un Sindicalismo democrático.

Toda consideración objetiva del proyecto que ahora estudian las Cortes, debe llevar a percibir sin esfuerzo la sincera voluntad democratizadora que ha inspirado su elaboración. Puede afirmarse por ello que si el proyecto introduce modificaciones sustantivas en el contexto de nuestra vigente legislación sindical, de hecho no supone más que una lógica aceptación y cumplimiento del status de libertades en materia sindical aprobado por la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en 1948.

Como es bien sabido, el reconocimiento y homologación del Sindicalismo español en el marco de la

O. I. T., con las prerrogativas inherentes al ejercicio y tutela de la libertad sindical, lleva consigo la ratificación y aplicación de los convenios 87 y 98. Ambos convenios afectan de manera expresa a la libertad sindical, protección del derecho de sindicación y negociación colectiva. Y estos son precisamente los derechos que reconoce y regula en su articulado el proyecto de ley de Asociación Sindical.

Cabe destacar en este sentido, que el artículo primero del proyecto de ley, a te nor casi literal del convenio 87, reconoce el derecho de trabajadores y empresarios a constituir las organizaciones (no asociaciones como señala el Fuero del Trabajo) que estimen pertinentes para la defensa de sus intereses profesionales y sindicales, el de establecer sus propios estatutos y gobernarlas con plena autonomía y protección legal.

Lo mismo puede decirse en relación con el artículo segundo, en virtud del cual, obreros y empresarios gozarán de protección legal contra todo acto de discriminación tendente a menos cabar la libertad sindical. Igualmente, la posibilidad contemplada en el artículo cuarto del proyecto, de acuerdo con el convenio 87, de que tales organizaciones lleguen a -federarse si lo desean.

Por último, es necesario poner de relieve el contenido del artículo quinto del mencionado proyecto de Asociación Sindical, en cuanto éste recoge el aspecto más fundamental del convenio 87 al afirmar que «las referidas organizaciones sólo podrán ser suspendidas o disueltas mediante resolución del órgano judicial competente, basada en la realización de actividades determinantes de la licitud o en otras causas previstas en las leyes o en los estatutos».

Esto, y nada menos que esto, complementario de la reforma política, es lo que hoy llega a las Cortes Españolas, y va a ser allí presentado y defendido por el ministro De la Mata Gorostizaga. Es la hora de las grandes y difíciles decisiones sobre la libertad. Las Cortes, y tras ellas el pueblo, tienen la palabra.

EL PROYECTO DE LIBERTAD SINDICAL

COMIENZA hoy en las Cortes el debate parlamentario sobre el proyecto de ley para regular el derecho de asociación sindical. Debate de extraordinaria significación, ya que se trata de incorporar al Derecho Positivo Sindical un criterio expresamente democrático en la interpretación de la Declaración XIII del Fuero del Trabajo. Se pretende así hacer realidad un avance legislativo tan importante como ineludible, al asumir la legalización del pluralismo asociativo obrero y empresarial, otorgando carta de naturaleza a las diversas corrientes sindicales que ya existen o que puedan surgir en el futuro. Es evidente que, cubierto el primer trámite para la reforma institucional a través del referéndum, el paso inmediato, como ya se había anunciado, tenía que ser necesariamente el reconocimiento por vía jurídica, y no por mera tolerancia o discrecionalidad gubernamental, de las libertades sindicales. Y de esto se trata de reconocer a la clase trabajadora —y también a la empresarial igualmente— el derecho de libertad sindical, más exactamente de libertad de asociación sindical, para la defensa de sus intereses y reivindicaciones. Se trata, con otras palabras, de establecer, como en las demás naciones de Europa occidental, el sistema preciso de garantías jurídicas que haga posible, desde la libertad tutelada por los órganos judiciales, un Sindicalismo democrático.

Toda consideración objetiva del proyecto que ahora estudian las Cortes, debe llevar a percibir sin esfuerzo la sincera voluntad democratizadora que ha inspirado su elaboración. Puede afirmarse por ello que si el proyecto introduce modificaciones sustantivas en el contexto de nuestra vigente legislación sindical, de hecho no supone más que una lógica aceptación y cumplimiento del status de libertades en materia sindical aprobado por la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en 1948.

Como es bien sabido, el reconocimiento y homologación del Sindicalismo español en el marco de la

O. I. T., con las prerrogativas inherentes al ejercicio y tutela de la libertad sindical, lleva consigo la ratificación y aplicación de los convenios 87 y 98. Ambos coavenios afectan de manera expresa a la libertad sindical, protección del derecho de sindicación y negociación colectiva. Y estos son precisamente los derechos que reconoce y regula en su articulado el proyecto de ley de Asociación Sindical.

Cabe destacar en este sentido, que el artículo primero del proyecto de ley, a tenor casi literal del convenio 87, reconoce el derecho de trabajadores y empresarios a constituir las organizaciones (no asociaciones como señala el Fuero del Trabajo) que estimen pertinentes para la defensa de sus intereses profesionales y sindicales, el de establecer sus propios estatutos y gobernarlas con plena autonomía y protección legal.

Lo mismo puede decirse en relación con el artículo segundo, en virtud del cual, obreros y empresarios gozarán de protección legal contra todo acto de discriminación tendente a menoscabar la libertad sindical. Igualmente, la posibilidad contemplada en e! artículo cuarto del proyecto, de acuerdo con el convenio 87, de que tales organizaciones lleguen a federarse si lo desean.

Por último, es necesario poner de relieve el contenido del artículo quinto del mencionado proyecto de Asociación Sindical, en cuanto éste recoge el aspecto más fundamental del convenio 87 al afirmar que «las referidas organizaciones sólo podrán ser suspendidas o disueltas mediante resolución d e 1 órgano judicial competente, basada en la realización de actividades determinantes de la licitud o en otras causas previstas en las leyes o en los estatutos».

Esto, y nada menos que esto, complementario de la reforma política, es lo que hoy llega a las Cortes Españolas, y va a ser allí presentado y defendido por el ministro De la Mata Gorostizaga. Es la hora de las grandes y difíciles decisiones sobre la libertad. Las Cortes, y tras ellas el pueblo, tienen la palabra.

 

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