Autor: Azaola, José Miguel de. 
   El "informe Enterría"     
 
 Diario 16.    24/06/1981.  Páginas: 1. Párrafos: 19. 

JOSÉ MIGUEL DE AZAOLA

El «informe Enterría»

Los informes sobre la política autonómica dirigidos por el profesor García de Enterría comienzan ya a perfilar la recta final. En esta tesitura, Azaola enjuicia el primero y fundamental de estos informes, con un balance para él que resulta positivo. Y afirma: «No sé si contribuirá mucho o poco a mejorar la forma en que los políticos están llevándola a la práctica.»

He podido, por fin, leer con reposo y en su integridad el Informe dé la Comisión de Expertos sobre Autonomías elaborado por los profesores presididos por García de Enterria y fechado el 19 de mayo ultimo. Habrá otro, como es sabido, relativo a los aspectos económicos y financieros.

Esa suma de reflexiones sobre la aplicación del texto constitucional, y en especial de su título VIII, no sé si contribuirá mucho o poco a mejorar la forma en que los políticos están llevándola a la práctica; pero puede tener su utilidad.

También puede ocurrir lo contrario: es decir, que los políticos hagan mal uso del informe, en cuyo caso contribuirá éste a empeorar la situación. Como los doctores del «Rey que rabió», hay que suspender el juicio ante la evidencia de que lo mismo puede pasar una cosa que otra..., o, sencillamente, no pasar nada. Eso, en cuanto a las consecuencias prácticas, que son las que, en definitiva, interesan al conjunto de los ciudadanos.

Coherencia

En cuanto al valor del informe en sí mismo, contiene varias observaciones interesantes formuladas desde un punto de vista no centralista, pero sí central, dando primacía a la coherencia, la estabilidad y la funcionalidad del Estado en su conjunto.

Desde el punto de vista de una comunidad autónoma, las cosas suelen verse de otro modo; pero hay algo indiscutible: y es que si el Estado carece de coherencia, estabilidad y funcionalidad, las comunidades no serán viables. Los expertos se alarman, y con razón, ante el desorden que está introduciéndose en la estructura misma del Estado.

En vista de ello, proponen en su trabajo un esbozo de plan para racionalizar las operaciones que están convirtiendo el Estado supercentralizádo que España ha sido hasta hace un par de años, en un Estado amplísimamente descentralizado.

¿Podrán ponerse en práctica algunas de sus propuestas que no encajan en la realidad política surgida al amparo de un texto constitucional cuyos gravísimos defectos eran patentes desde los días mismos en que ese texto fue redactado (a pesar de lo cual, éramos muy pocos los que entonces denunciábamos su irracionalidad y advertíamos de su peligrosidad)?

Hay actualmente dos Estatutos que están ya aplicándose, y será inevitable que los regímenes que, en virtud de sus disposiciones, están siendo instaurados en Cataluña y en las vascongates en lo accidental por las entidades autonomas que ahora nacen o qué están por nacer.

Generalización

La única manera de racionalizar el proceso descentralizados es, en consecuencia, generalizar los modelos vasco y catalán en aquello en que su generalización resulta inevitable (que es, esencialmente, la amplitud de la esfera de competencias que se trasfiere a las comunidades autónomas); e innovar para ello hondamente (aún más a fondo que lo que los expertos proponen, llegando hasta la reforma constitucional, que la gravedad de la cuestión justifica ampliamente) en dos puntos:

1. Elaboración de un estatuto de autonomía único para todas las comunidades que todavia no han presentado el suyo (dejando, si quiere, en blanco lo relativo a la composición y elección del ejecutivo y el legislativo de cada una de ellas, pero con un modelo institucional común que se impondría en el caso de que, en un plazo razonable, los parlamentarios y las Diputaciones de la propia comunidad no se pusieran de acuerdo sobre ese particular), de manera que estuviese asegurada su aprobación dentro del año 1982, para que las elecciones pudieran tener lugar en el 63.

2. Sustituir los acuerdos particulares de transferencias comunidad por comunidad, como hasta ahora, por acuerdos generales materia por materia, tal y como lo proponen los expertos; mas para que esto no retrase las transferencias a las comunidades ya existentes, crear para cada materia una comisión en la que estén representadas tanto las entidades autónomas como las «preautónomas», y ponerla a trabajar inmediatamente. Esta comisión establecería las reglas generales, y las comisiones ya existentes para Cataluña y las Vascongadas se limitarían a dictar normas para resolver los problemas que plantease la aplicación de tales reglas.

Número

Con ese mismo fin se crearían en su día tantas comisiones mixtas como

comunidades autónomas a medida que éstas fueran surgiendo.

En cuanto al número y a

las dimensiones de las comunidades, las reservas de los expertos ante el hecho de que pueda haber cinco o seis comunidades uniprovinciales, no están suficientemente justificadas. Y no hay derecho a incluir una provincia en una comunidad de la que no desea formar parte. En cambio, estan, están justificadísimas sus llamadas de atención ante el peligro de que las comunidades autótomas se doten de unas superestructuras institucionales tan frondosas, y de unos aparatos burocráticos tan recargados,; que encarezcan unos, costos de gobierno y administración que las autonomías, deben, justamente, abaratar.

Estrechamente relacionado con el problema de los costos, está el de la transferencia de funcionarios; pero éste merece capítulo aparte. Como lo merecen otros puntos del informe, rico en sugerencias —aunque sea para contradecirlo en algunos extremos—; pero, ¿inspirará su texto la imaginación de nuestros políticos? ¿O habremos de llegar a 1990 con varios Estatutos pendientes todavía de aprobación, las transferencias hechas un caos, y millones de horas/funcionario despilfarradas en interminables negociaciones repetitivas? Sólo una idea del Estado clara, servida por una voluntad firme, podrá evitarlo. Pero, ¿quién las tiene?

 

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