Tras un día de dura negociación. 
 Comunistas y aliancistas se fueron sin firmar     
 
 Diario 16.    01/08/1981.  Páginas: 1. Párrafos: 18. 

Tras un día de dura negociación

Comunistas y aliancistas se fueron sin firmar

Madrid - A las seis menos veinte de la tarde, los portavoces comunistas tomaron la decisión de retirarse de la «cumbre» autonómica. Según manifestó a la salida Carlos Alonso Zaldívar, «nos han echado de la «cumbre». Nos han obligado a retirarnos».

Por su parte, Enrique Curiel dijo que «nos parece un gran error lo que han hecho. Es un gran error político. Se nos ha obligado a aceptar todo, y no podíamos estar de acuerdo con todas las materias de la negociación».

La posición crítica del Partido Comunista ya había aparecido en las primeras horas de la reunión. El PCE manifestó desde el primer momento su oposición al carácter orgánico y de armonización que se quería dar a la LOAPA. Por otra parte, y en el campo económico, no estaban conformes con algunas de las cifras presentadas, en especial con el Fondo de Compensación Interterritorial.

Marginación

Ante esta situación, según indicó Carlos Alonso Zaldívar, los comunistas fueron llamados al despacho de Martín Villa, que les comunicó la decisión del Gobierno y del PSOE de que si no firmaban la LOAPA, tampoco podrían firmar los pactos políticos y económicos, ante lo cual decidieron retirarse de la negociación.

Los representantes comunistas afirmaron también que hoy o mañana el PCE dará a conocer un documento público, en el que explicarán que fueron marginados en el último momento.

A las seis de ¡a tarde, Jorge Verstrynge, secretario general de Alianza Popular, salió de la reunión.

con la intención de convencer a los representantes comunistas, pero éstos ya habían abandonado la sede del Ministerio de Administración Territorial, Verstrynge confirmó a los informadores que «la negociación es durísima, caen chuzos de punta». Los «chuzos» siguieron «cayendo de punta» y el representante de AP también abandonaría más tarde.

La reunión definitiva comenzó a las nueve de la mañana cuando María Izquierdo, la representante del PSOE en estas conversaciones, llegó a la sede del Ministerio de Administración Territorial, para ultimar el principio de acuerdo al que se había llegado en la noche de ayer.

Sobre las doce de la mañana comenzó la reunión oficial a la que asistieron el ministro Rodolfo Martín Villa y el secretario de Estado para las autonomías, Manuel Broseta, por parte del Gobierno; Juan Manuel Reol Tejada y Rafael Arias-Salgado por UCD; María Izquierdo Rojo por el PSOE; Abel Matutes,

Alvaro Lapuerta y Jorge Verstrynge en representación de Alianza Popular, y Enrique Curiel y Carlos Alonso Zaldívar por parte del PCE.

Problemas

A pesar de las previsiones optimistas, a lo largo de la reunión comenzaron a surgir problemas, por la posición comunista, lo que motivó la incorporación a la «cumbre» de varios técnicos en materia autonómica, que llegaron a la sede del Ministerio de Administración Territorial hacía las dos menos cuarto de la tarde.

Entre estos técnicos figuraban Manuel Fernández Marugán, por parte

del PSOE, y el director general de Haciendas Territoriales, Jaime Trebóllez. A las dos de la tarde llegaba el secretario de la comisión de expertos, Santiago Muñoz Machado.

Por otra parte, la firma de los acuerdos municipales, sobre los que ya existía pleno acuerdo entre UCD y PSOE, y cuya rúbrica estaba prevista para las cinco de la tarde, fue aplazada hasta que se resolvieran los problemas de la «cumbre» autonómica, con el fin de firmar ambos pactos simultáneamente.

«Los puntos fundamentales de este acuerdo sobre las Corporaciones

Locales -manifestó el negociador socialista Luis Fajardo- se refieren a la participación de los Ayuntamientos en los ingresos del Estado para 1981.»

Otro de los aspectos esenciales del acuerdo se refiere a la financiación del transporte público, tema en el que UCD y PSOE llegaron a un acuerdo sobre las aportaciones del Estado para 1980-81 y 1982.

Un segundo bloque del acuerdo afecta a temas no legislativos, como la transferencia de servicios a los Ayuntamientos, cuyo sistema será semejante al que se observa actualmente en las transferencias de servicios a las comunidades autónomas.

 

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