Autor: Soriano, Manuel. 
 Muchos vacíos en los escaños centristas y en el "banco azul" del Gobierno. 
 Felipe defendió más que UCD la armonización autonómica     
 
 Diario 16.    30/09/1981.  Página: 5. Páginas: 1. Párrafos: 22. 

Muchos vacíos en los escaños centristas y en el «banco azul» del Gobierno

Felipe defendió más que UCD la armonización autonómica

Felipe González, con la ayuda del ministro de Administración Territorial, Rodolfo Martín Villa, y el apoyo de Manuel Fraga, defendió ayer con firmeza, incluso más que UCD, en el Pleno del Congreso de los Diputados la necesidad de armonizar el proceso autonómico y se enfrentó con decisión a la oposición planteada por nacionalistas y el PCE.

Manuel SURIANO

Madrid - El Pleno del Congreso de los Diputados dará hoy vía libre, por amplia mayoría, a la elaboración del proyecto de-ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), primer fruto legislativo del pacto autonómico suscrito entre el Gobierno y el PSOE el pasado 31 de julio.

Todos los portavoces de los grupos parlamentarios resaltaron la importancia de esta iniciativa. Para los que se pronunciaron a favor de ella supone un elemento de racionalidad en la construcción del Estado de las autonomías y de estabilidad para la democracia.

Los que se opusieron resaltaron su importancia porque temen un recorte de los estatutos ya vigentes y del propio título VIII de la Constitución, que regula el proceso autonómico.

Sólo el Gobierno y. UCD mostraron mayor desinterés hacia el debate. Las filas centristas estuvieron en muchos momentos prácticamente vacías de diputados. Y en el «banco azul» del Gobierno solamente permaneció el ministro de la Administración Territorial, que intervino tres veces, y, en ocasiones, el ministro de Justicia, Pío Cabanillas.

El presidente del Gobierno acudió en el descanso para entrevistarse brevemente en los pasillos con Manuel Fraga para tratar el tema de la OTAN. Esta actitud de los centristas fue criticada, tanto por el nacionalista Marcos Vizcaya como por el líder socialista Felipe González.

El representante de UCD que defendió la necesidad de elaborar una ley que armonice el proceso autonómico fue José María Martín Oviedo, un diputado de segunda fila.

Necesaria

Felipe González, en una intervención adobada de firmeza, queriendo transmitir el mensaje de la responsabilidad histórica asumida por su partido, defendió el pacto autonómico entre el Gobierno y el PSOE. El líder socialista, saliendo al paso de las duras críticas formuladas por los nacionalistas y

por el PCE, resaltó que lo importante es contribuir a la estabilidad democrática de este país y no reducir el problema a quién pacta con quién. Porque Felipe González situó la cuestión autonómica ligada inequívocamente a la viabilidad del sistema democrático. Esta fue su principal argumentación al justificar su compromiso con el Gobierno, recordando que la mayoría PSOE-UCD tiene la capacidad de hasta modificar el texto constitucional.

Felipe González hizo un llamamiento a la colaboración de todas las fuerzas políticas y a la necesidad de que se haga un esfuerzo por implicar a los Gobiernos autónomos vasco y catalán en el proceso de armonización de las autonomías respecto del Estado.

El líder socialista llamó la atención sobre los peligros que supone tensionar y forzar falsamente el proceso autonómico, en el que no puede introducirse la mínima duda sobre una posible desintegración. «España será España —dijo—, con sus actuales fronteras antes y después de que termine el proceso autonómico.» Resaltó, asimismo, la importancia de la solidaridad entre los pueblos de España y el factor de no discriminación a la hora de abordar este problema.

Equilibrio y eficacia

El ministro de Administración Territorial, Rodolfo Martín Villa, abrió el debate destacando que el proyecto de ley Orgánica de Armonización trata de resolver tres grandes necesidades: superar la ambigüedad en el proceso autonómico, dotarlo de un tratamiento equilibrado y racional, y garantizar el funcionamiento administrativo del Estado.

Señaló también que es preciso «interpretar, ordenar y desarrollar los principios básicos de la Constitución, con objeto de que su vertebración sea racional y lo más homogénea, armónica y funcional posible.

Martín Villa afirmó que «no es éste un proyecto que venga a rebajar, limitar o condicionar a los estatutos de autonomía». Esta afirmación no tranquilizó ni convenció a los representantes de los grupos nacionalistas ni al del PCE, quienes lamentaron que un pacto coyuntural entre la UCD y el PSOE, a su juicio con vistas a conseguir ventajismo electoral, limite y cercene el contenido de los estatutos vigentes.

También cuestionaron la propuesta de elaborar una ley de Armonización desde un punto de vista constitucional, resaltando sus contradicciones técnicas.

El nacionalista catalán Miguel Roca aseguró que hay una reconsideración peligrosa, cuanto menos, de todo el proceso autonómico. Y, además, señaló que un modelo de sociedad basado en la libertad y el reformismo no puede compaginarse con el modelo de sociedad en el que el Estado es el especial protagonista.

La oposición

El ministro Martín Villa salió al paso de esta valoración asegurando que UCD no ha puesto en juego su modelo de sociedad por haber pactado con el PSOE, y destacó que «si no somos capaces de diseñar un modelo de Estado, difícilmente podremos hacer un modelo de sociedad».

Para el andalucista Rojas Marcos la propuesta supone «pisar el freno precipitadamente, provocadoramente al proceso autonómico» en función de los intereses de la UCD y el PSOE.

El nacionalista vasco Marcos Vizcaya hizo el mismo reproche a los dos partidos mayoritarios, planteando que el acuerdo está influenciado por las consecuencias del 23 de febrero, y anunció que el PNV se opone a todo lo que sea reducir los Estatutos de autonomía ya aprobados.

El conservador Manuel Fraga, que se mostró a favor de la ley de Armonización, insistió en la necesidad de reformar la Constitución en su título VIII.

Precisamente, el comunista Solé Tura aseguró que la propuesta que se sometía suponía ya una reforma implícita de este título de la Constitución y de los Estatutos, realizándose por unos cauces no ortodoxos. Pidió la retirada del proyecto y realizó un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que negocien la racionalización del proceso autonómico, a la que el PCE es favorable, realizándose desde posiciones de concordia y no de imposición.

 

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