Autor: Cuadra Fernández, Bonifacio de la. 
 El Congreso aprueba la necesidad de una ley sobre el uso del castellano y el término nacionalidad. 
 Las minorías nacionalistas no aceptan los planes autonómicos de Martín Villa     
 
 El País.    27/03/1981.  Página: 1, 11. Páginas: 2. Párrafos: 28. 

El congreso aprueba la necesidad de una ley sobre el uso del castellano y el término nacionalidad

Las minorías nacionalistas no aceptan los planes autonómicos de Martín Villa

BONIFACIO DE LA CUADRA

El pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer, por abrumadora mayoría, la existencia de razones para dictar una ley de armonización de las disposiciones normativas de las comunidades autónomas en determinadas materias; entre ellas, el uso del castellano y la utilización de los términos nación y nacionalidad.

Aunque los votos en contra no pasaron de tres y las abstenciones de diecisiete, durante el debate se abrió un foso profundo entre los grupos parlamentarios de ámbito estatal (centristas socialistas, comunistas y Coalición Democrática), que se manifestaron —con reticencias en la izquierda— favorables a la necesidad de la ley, y los grupos nacionalistas (Minoría Catalana, PNV y andalucistas), que impugnaron con dureza la conveniencia de la futura ley, presentada por el ministro Rodolfo Martín Villa, sí bien la mayoría de sus diputados se limitaron a abstenerse.

El debate de ayer, que suspendió durante más de tres horas la discusión de la ley de Divorcio, se produjo como consecuencia de una comunicación gubernamental por la que se solicitaba del Congreso de los Diputados, como también habrá de hacerse del Senado, la apreciación de la necesidad citada, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 150. 3 de la Constitución, La comunicación gubernamental, que establecía los criterios de la futura ley de armonización de forma prolija y, según algunos grupos, contradictoria, fue reducida por la Mesa de la Cámara a una pregunta del siguiente tenor literal, que obtuvo del Pleno los votos que se indican: «¿Considera el Congreso que existen razones de interés general para dictar una ley que establezca los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las comunidades autónomas relativas a:

1 ° utilización de los términos nación, nacional y nacionalidad (276 votos favorables, uno en contra y diecisiete abstenciones); 2a, garantía del uso y enseñanza del castellano en todo el territorio nacional junto con las lenguas propias de las comunidades autónomas en sus respectivos territorios (igual votación a la anterior); 3°, regulación legal de la condición política de pertenencia a una comunidad autónoma (273 votos favorables, tres en contra y catorce abstenciones), y 4°, manifestación expresa de acatamiento del ordenamiento constitucional por parte de todas las autoridades, miembros y titulares de órganos del Estado, comunidades autónomas y demás instituciones públicas?».

La presentación que hizo el ministro de Administración Territorial, Rodolfo Martín Villa, de la comunicación gubernamental mereció duros reproches por parte de las minorías nacionalistas.

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Fraga declaró el día de ayer como "alto" y "grande" para la Cámara

Los grupos nacionalistas temen que la "ley de armonización" sea un primer paso para el frenazo autonómico

Viene de primen página Rodolfo Martín Villa defendió la futura ley de armonización y recordó que, aunque la iniciativa formal procede de la reunión del Consejo de Ministros del 13 de marzo último, la decisión inicial fue adoptada por el Gobierno el 22 de diciembre del pasado año. Con ello, el ministro de Administración Territorial pareció querer alejar del animo de la Cámara las influencias extra parlamentarias que habían inducido al Gobierno a efectuar la propuesta a las Cortes Generales.

Sin embargo, la existencia de presiones derivadas de los acontecimientos vividos por el Parlamento los días 23 y 24 de febrero quedaron de manifiesto, al menos en las intervenciones de los diputados andalucistas, nacionalistas vascos y de la Minoría Catalana.

Concertación Gobierno-o posición

En cuanto a la posición de la izquierda, en fuentes parlamentarías solventes se manifestó a EL PAÍS el disgusto por no haber concertado esta materia previamente con los grandes partidos de ámbito estatal. La actitud favorable a la pregunta gubernamental por parte de la izquierda encuentra su justificación, según fuentes nacionalistas, en los pactos en marcha entre el Gobierno y los principales partidos estatales para modificar la vigente normativa electoral, de modo drásticamente perjudicial para los partidos nacionalistas.

El ministro de Administración Territorial aseguró que el titulo VIII de la Constitución ha querido sentar las grandes bases de resolución de un problema histórico, a la vez que superar la crisis de un Estado articulado por esquemas decimonónicos, desfasados e infecundos. Sin embargo, en el proceso para pasar de un sistema político centralizado a un Estado moderno es preciso, según dijo Martin Villa, que el Estado ejerza la capacidad de homogeneización y armonización. Anunció que la ley pretendida se inscribe dentro de la confección global de nuestra política autonómica.

En cuanto a los criterios gubernamentales para la futura ley, detalló que en las disposiciones normativas, actos administrativos y documentos oficiales, el término nación sólo puede usarse cuando se refiere a la nación española, y el término nacional sólo debe referirse a situaciones, hechos, circunstancias o instituciones que afecten a dicha nación. En cambio, los términos nacionalidades y regiones sólo adquieren personalidad, según dijo, «dentro de la indisoluble unidad de España" y de la organización territorial del Estado».

Asimismo, explicó la necesidad de armonizar el uso y enseñanza del idioma castellano en todo el territorio nacional, poniendo el énfasis en la garantía del derecho que tienen los ciudadanos españoles de poder recibir enseñanza en cualesquiera de las lenguas oficiales de las comunidades autónomas.

Por último, Martin Villa se refirió a la procedencia de regular legalmente la condición política de pertenencia a una comunidad autónoma, así como la necesidad de que los poderes públicos se sometan, de forma manifiesta y expresa, a la Constitución, para lo que estimó absolutamente necesario establecer que todas tas autoridades, miembros y titulares de cargos y órganos autonómicos —«que son Estado también», apostilló juren o prometan guardar y hacer guardar la Constitución.

Dure oposición nacionalista y entusiasmo de Fraga

Las intervenciones de los grupos nacionalistas señalaron en seguida las distancias con la propuesta gubernamental. El andalucista Miguel Ángel Arredonda recordó el momento en que se producía la iniciativa del Gobierno, y manifestó u conveniencia de «no sucumbir ni mostrar debilidad ante determinadas actitudes de fuerza. Quienes piden hoy una ley como ésta, otro dia pueden querer la supresión de las autonomías». Añadió que «quienes mantienen tales actitudes DO nos van a respetar más porque cedamos en mayor medida».

Arredonda se refirió también al peligro de agrandar el problema que se pretende resolver, a que la ley en proyecto «nos meta en un avispero y en un callejón sin salida». Aseguró que, por razones de Estado, lo mas prudente seria que el Gobierno retirara su propuesta.

Por el Partido Nacionalista Vasco (PNV), Marcos Vizcaya resaltó la importancia de la materia y el precedente que significa la interpretación, por primera vez, del párrafo tercero del articulo 150 de la Constitución, para tocar o modificar dos leyes orgánicas estatutarias: los estatutos de Guernica y Sau. Vizcaya declaró que, en su opinión, la auténtica finalidad dé la ley no es el interés general, sino que la apelación a esta razón «nos parece un subterfugio no para armonizar, sino para rebajar los niveles de los estatutos»

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En nombre del PNV anunció que no sumaria su voto afirmativo, y calificó de inconstitucional la comunicación del Gobierno, ya que, de acuerdo con la letra del artículo constitucional invocado («el Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las comunidades autónomas...»), la ley armonizatoria (sic) debe referirse a normas ya existentes, y si de lo que se trata es de reformar los estatutos de autonomía ratificados por referéndum popular, el Estado debe atenerse a los procedimientos de reforma previstos en los propios estatutos.

Por la Minoría Catalana, Miguel Roca abundó en muchos de los argumentos del diputado vasco, y estimó peligrosa la pretensión de armonización solicitada por el Gobierno. Invocó la doctrina jurídica para asegurar qué la facultad constitucional de armonizar debe interpretarse restrictivamente y siempre sobre disposiciones preexistentes. En el caso de que el Gobierno pretendiera hacer una armonización preventiva, Miguel Roca denunció su posible inconstitucionalidad. Asimismo, declaró que el Gobierno, por la vía de la legislación ordinaria, puede dictar normas, como la del juramento de la Constitución, sin necesidad de recurrir a una petición a la Cámara que excede de la previsión constitucional.

Miguel Roca manifestó su extrañeza ante la urgencia solicitada precisamente ahora, y advirtió que «se puede dar la imagen de que va a echarse el frene» a todo el proceso autonómico y de que en los momentos presentes se fomenta el clima de que las autonomías son las culpables, lo que provoca irritación ante una agresión injustificada».

Finalmente apeló a su condición de ponente constitucional para recordar que, excepto Manuel Fraga, ninguno pensó en la posibilidad de esta utilización gubernamental cuando se redactó el artículo 150.3 de la Constitución.

Por Coalición Democrática, Manuel Fraga agradeció la buena memoria de Miguel Roca, y resaltó que siempre había dicho lo mismo respecto a la necesidad del fortalecimiento de España. En un tono de exaltación patriótica, Fraga declaró el día de ayer como «alto» y «grande» para la Cámara. Declaró que sólo se armonizarán las competencias actuales, ya que no se puede hacer lo mismo con los errores pasados. Afirmó la absoluta comprensión y simpatía de Coalición Democrática por la realidad regional, al mismo tiempo que su oposición a la insolidaridad, existencia de privilegios e insultos a España y a su bandera.

El "si, pero" de la izquierda

El socialista catalán Ernest Lluch se refirió a las contradicciones del documento gubernamental, y en igual sentido intervino la socialista María Izquierdo, quien insistió en la necesidad de un proyecto de armonización, pero no de dar la conformidad a los criterios expuestos por el Gobierno. Pidió que las comunidades autónomas sean oídas durante los debates de la futura ley y criticó al Gobierno por hablar de concertación. pero no concertar.

El comunista Jordi Solé Tura expresó la complejidad de la posición comunista, que simbolizó en el «sí, pero», debido a les grandes reticencias que planteaba la propuesta gubernamental. Advirtió que la opinión pública debe conocer que los comunistas están en contra de los criterios gubernamentales de la futura ley, «que, en su día, enmendaremos».

La última intervención, obviamente favorable a la propuesta del Gobierno y de tono convencional correspondió a! centrista José Marta Martín Oviedo, al parecer por haber rechazado el portavoz del grupo, Miguel Herrero, la propuesta de Martín Villa para que interviniera en representación del grupo.

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