Reacciones al dictamen de las autonomías. Los grupos parlamentarios de UCD y PSOE, informados del dictamen autonómico. 
 Comunistas y nacionalistas rechazan el documento de los técnicos     
 
 El País.    20/05/1981.  Página: 14. Páginas: 1. Párrafos: 12. 

Los grupos parlamentarios de UCD y PSOE, informados del dictamen autonómico

Comunistas y nacionalistas rechazan el documento de los técnicos

El presidente del Gobierno se reunió ayer por espacio de más de cuatro horas con el secretario general del PSOE, Felipe González, para negociar decisiones políticas en torno a la ordenación de las autonomías en base al dictamen elaborado por la comisión de expertos. También asistieron los ministros Martín Villa y Cabanillas, junto con los dirigentes socialistas Alfonso Guerra y María Izquierdo, y el presidente de la comisión técnica, Eduardo García de Enterría. Anteriormente, los grupos parlamentarios de UCD y PSOE habían tratado acerca del contenido de este informe.

Los grupos parlamentarios Centrista y Socialista tuvieron ayer una primera información sobre el documento de los expertos en relación con las autonomías y, por el momento, mantuvieron una actitud cautelosa sobre su contenido. El Grupo Parlamentario Comunista y los nacionalistas, que aseguraron desconocer el documento, expresaron su rechazo de los aspectos por el momento revelados.

El Grupo Parlamentario Centrista obtuvo la información de las líneas generales del documento del propio presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo. Algunos diputados hicieron sugerencias, y se les prometió una próxima distribución del contenido íntegro del dictamen, asi como la participación de tos diputados en la decisión final sobre la materia.

El centrista Emilio Attard recordó la coincidencia de sus opiniones expresadas desde hace tres años con el contenido del documento. Aseguró que, para evitar el «desguace de la nación» y efectuar un desarrollo adecuado del título octavo de la Constitución, era preciso lo que ahora, tardíamente, los técnicos han indicado. «Es el momento de que los partidos políticos sincronicen los procesos autonómicos sin que se produzcan frustraciones ni frenazos», añadió.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista celebró también una reunión, a la que no asistió el secretario general del partido, Felipe González. El presidente del grupo, Alfonso Guerra, manifestó las líneas generales del documento y se negó a facilitar copias del texto, requeridas por algunos diputados. Manifestó la conveniencia de cumplir el compromiso político de no revelar el documento hasta que sea público, a través del Centro de Estudios Constitucionales o cuando se haya adoptado una decisión política sobre el mismo.

A la espera de la información

sobre la negociación iniciada ayer en el palacio de la Moncloa por Felipe González y Calvo Sotelo, el secretario de política municipal del PSOE, Luis Fajardo, manifestó a EL PAÍS que no era personalmente contrario al protagonismo político de las diputaciones provinciales, aunque a veces se expresen opiniones en contra de ellas, a causa del sistema electoral de elección de sus miembros.

Estimó conveniente que las diputaciones colaboren con la Administración central y las comunidades autónomas, si bien se negó a «instrumentalizar la autonomía local frente a la comunidad autónoma; por el contrario, debe complementarla». Fajardo aseguró que no conocía todavía el proyecto de ley de Régimen Local, pero que lo importante es su inserción en el conjunto de la temática de la estructura del Estado, sin obviar la ley electoral, aunque no es necesario que figure en una misma ley.

Sobre la posibilidad de que los alcaldes sean elegidos directamente por los electores, Fajardo expresó la posición favorable del PSOE al sistema actual, contenido en la ley electoral municipal, de 1978, pero sin negarse a realizar algunas modificaciones, siempre que respondan a los principios de no deformar el resultado electoral de forma exagerada y permitir la gobernabilidad de los municipios.

Inquietud comunista

El portavoz del Grupo Parlamentario Comunista, Enrique Curiel, tras asegurar que su grupo no conoce el documento ni ha sido consultado sobre la elaboración del mismo, y advertir sobre el peligro de favorecer la imagen de que existe un vacío parlamentario e institucional que llenan los llamados expertos, expresó la opinión de que «lo que se sabe del documento

es inquietante. Significa una reforma, de hecho, del Título VIII de la Constitución».

Enrique Curiel manifestó sus reservas sobre el dictamen en lo que se refiere a las competencias legislativas que conducen a un modelo autonómico distinto del diseñado en la Constitución y crean el peligro de generalizar la polémica disposición transitoria del Estatuto gallego a todas las comunidades autónomas. Estimó que el tratamiento de las diputaciones constituye un tema delicado, sobre todo si subsiste como base de la Diputación provincial el partido judicial. Recordó que Martín Villa insistió siempre en la equiparación competencial de todas las comunidades autónomas, al final del proceso autonómico, mientras que las diferencias entre unos y otros procesos, según el dictamen citado, y la diferencia dentro de la vía del 143 entre las comunidades autónomas que contarán con Tribunal Superior de Justicia y las que no, distorsionan aquella promesa gubernamental.

El diputado del Partido Nacionalista Vasco Marcos Vizcaya declaró que en el documento existen cosas «que nos gustan y cosas que no, pero la mayoría no nos gustan». Criticó también el método que se ha seguido para el replanteamiento de los procesos autonómicos.

Por la Minoría Catalana, Josep Trías de Bes manifestó que si la nueva política autonómica supone que la paralización de los procesos uniprovinciales lleve consigo un freno para los demás, su grupo no estará de acuerdo. Estimó no aceptable armonizar las autonomías ya en vigor e iniciar una regulación diferenciada de los procesos que seguirán la vía del artículo 143. Consideró innecesario, en todo caso, el informe de los expertos y la ley de desarrollo del Título VIII de la Constitución, por entender que corresponde al Gobierno y a las instituciones parlamentarias conducir los procesos autonómicos y la interpretación de los preceptos constitucionales al Tribunal Constitucional.

Más tarde el diputado del mismo grupo, Miguel Roca, ratificó en términos generales la declaración de su compañero de grupo y manifestó interés en que su respuesta a la pregunta sobre el documento de los expertos quedara materializada con la siguiente pregunta irónica: «¿Qué expertos?».

 

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