Gobierno y PSOE recibieron ayer formalmente el documento sobre la Financiación de las Comunidades Autónomas. 
 El informe de los expertos económicos propugna una autonomía sin privilegios ni aumentos del gasto     
 
 El País.    01/07/1981.  Páginas: 2. Párrafos: 22. 

Gobierno y PSOE recibieron ayer formalmente el documento sobre la Financiación de las Comunidades Autónomas

El informe de los expertos económicos propugna una autonomía sin privilegios ni aumentos del gasto

Viene de primera página

La presión del PSOE se podría centrar en los próximos días en tratar de elevar el porcentaje destinado al Fondo de Solidaridad hasta el 40-50%, con lo que las inversiones públicas se acercarían a la cifra de 200.000 millones de pesetas. Por su parte, el informe, redactado con el mayor sigilo, no fija ningún criterio de política económica, sino que articula los mecanismos técnicos de financiación de las autonomías. En este sentido, el Fondo de Compensación Interterritorial no es considerado ni pequeño ni grande, ya que la decisión de su tamaño estará en manos de las Cortes y del Gobierno, cuando aprueben la próxima ley del Fondo de Compensación Interterritorial, con una validez de cinco años.

Con el fin de evitar o mitigar los conflictos entre el Estado y cada comunidad autónoma y los agravios comparativos de las comunidades entre sí, los expertos económicos proponen la discusión de una ley de Ordenación de la Economía que salvaguarde la unidad económica de España y el equilibrio financiero interregional. Los recursos y las competencias de cada comunidad deben estar en equilibrio, y cada uno de los temas del informe ha tenido que superar esta prueba de coherencia financiera. Entre los criterios generales del informe destaca lo anterior como una consideración previa:

«Que el proceso de autonomías pueda llevarse a cabo sin tensiones, quedando garantizados en todo momento los equilibrios financieros básicos. Por ello, en los planteamientos y análisis mantenidos en el presente informe —señalan los autores— se ha cuidado especialmente que toda propuesta realizada superase previamente la prueba.de coherencia financiera, esto es, que no fuese susceptible de introducir distorsiones en los dos equilibrios básicos que deben mantenerse a lo largo de todo el proceso de transferencias: primero, el equilibrio entre el Estado y las comunidades autónomas, de forma que el proceso de transferencias no implique ni dificultades para el Estado ni presiones sobre los gastos públicos totales, y, en segundo lugar, el equilibrio a nivel de cada comunidad autónoma, de manera que los recursos puestos a su disposición resulten suficientes, como ordena la ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas (LOFCA), para cubrir el coste de los servicios transferidos en el ámbito de sus competencias».

La unidad económica de España

A lo largo del informe se aprecia la influencia de los principios de la LOFCA, dos de cuyos autores forman parte del grupo de expertos, Francisco Fernández Marugán, inspector financiero y tributario, y José V. Sevilla, coordinador del informe y ex director general de Tributos durante la redacción de la reforma fiscal. Completan el grupo Jaime Trébol, director general de Haciendas Territoriales del Ministerio de Hacienda, y Miguel Ángel Fernández Ordóñez, del Ministerio de Economía. La participación del profesor García de Enterría, presidente de la comisión en la elaboración de este informe, ha sido sólo honorífica, ya que no es un tema de su especialidad.

Uno de los aspectos en que insiste el informe es en la consideración de una única política

económica para toda España, decidida por el Gobierno e instrumentada a través del sector público y una coordinación y negociación con los entes autónomos para evitar contradicciones al incentivar o desalentar actividades contrarias en los diversos territorios entre sí y alguno de ellos con el Estado.

Mantiene, por tanto, el principio de la unidad económica de la nación, para que la política económica común actúe a nivel de un sólo mercado nacional. El sector público adquiere, por ello, un papel preponderante en la ejecución de esa política económica única, aunque el Gobierno central deberá presentar planes regionales ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera, cuya constitución rápida encarecen los autores al ministro de Hacienda. Esta pieza de coordinación interterritorial será la primera institución española de federalismo cooperativo y responde al esquema habitual de los Estados federales modernos.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera podría ser convocado hoy mismo, por el ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros, después de haber recibido oficialmente el informe encareciendo su formación. Lo componen los ministros de Hacienda, Economía y Administración territorial, por el Gobierno central, y los consejeros de Hacienda o Economía de los Gobiernos autónomos.

Primera institución federal

El reglamento obliga a aprobar los temas con dos tercios, en primera vuelta, y mayoría simple en segunda. Los miembros del Gobierno de la nación tendrán juntos tantos votos como el resto de los demás

consejeros. De esta manera, una de las partes está obligada siempre a negociar y a convencer a la otra y, en todo caso, la minoría discrepante tiene derecho a que se recoja su posición en el dictamen final del Consejo.

. A última hora de ayer podrían haber sido convocados para esta tarde, a las seis, los miembros de este futuro consejo, el primero de carácter federal cooperativo.

Otra de las propuestas contenidas en el informe es la de instrumentar bien el cupo y valorar los servicios mediante una metodología común, por lo que insiste en la ley del cupo, y el de la ley de asignación de servicios mínimos.

Los técnicos del Gobierno vasco, que dicen haber conocido el borrador del informe, lo han calificado de «malo», aunque los expertos de la comisión han manifestado que el documento, por su coherencia, aguanta cualquier discusión pública. Podría ser controvertido al haber planteado alternativas distintas de las del actual ministro de Hacienda y al pedir también la revisión para el año próximo del cupo vasco, atendiendo a una nueva valoración de las cargas y los costes con una metodología igual para todos.

Los redactores incluyen, quizá para ganar tiempo, una serie de recomendaciones sobre la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 1982, en relación con el Fondo de Compensación Interterritorial, para atender las necesidades de redistribución y también para ensayar, desde el próximo año, los mecanismos de coordinación dentro del Estado de las autonomías.

«No habiéndose constituido el Consejo de Política Fiscal y Financiera», señala el informe en su página 92, «será muy difícil que cuando el Gobierno presente los Presupuestos Generales del Estado para 1982, esté aprobada la ley de Criterios de Distribución que prevé la LOFCA. No obstante, y a pesar de que no se pueda cumplir estrictamente lo dispuesto en la LOFCA y en la propia ley de Presupuestos para 1981, parece aconsejable que los Presupuestos para 1982 incluyan un Fondo de Compensación Interterritorial».

En cuanto al volumen de este Fondo, recomiendan aplicar los criterios del informe, y en cuanto a su

distribución regional, sugieren una propuesta provisional. La determinación de los proyectos y la responsabilidad de ejecución de los mismos recaería sobre el Gobierno. El informe admite que un fondo provisional de este tipo, mientras se aprueban las leyes correspondientes, se limitaría a un puro ejercicio de reasignación de las partidas presupuestarias, pero ayudaría, según los autores, a introducir en la Administración unos nuevos métodos de trabajo que tengan en cuenta las consideraciones regionales.

El documento dedica un capítulo a los programas de desarrollo regional. «En primer lugar», dicen los expertos, «porque el Fondo de Compensación Interterritorial no contempla la totalidad de las inversiones públicas en un territorio determinado, quedando fuera las que las comunidades autónomas realizan con sus propios recursos y las que realiza el Estado en función de las competencias que se reserva. Sería absurdo», según el informe, «desaprovechar la ocasión de este diálogo entre comunidades autónomas y Estado y reducirlo exclusivamente a la determinación de proyectos del Fondo, ignorando el conjunto de las inversiones públicas para cuya distribución territorial existe también el mandato de la LOFCA, que se inspire en el principio de solidaridad».

«En segundo lugar, la inversión

pública es sólo una entre muchas de las políticas destinadas a estimular el desarrollo regional. Por ello, parece razonable que el programa de inversiones públicas de una región (que incluiría el Fondo y las otras inversiones del Estado y comunidades autónomas) esté incluido en un programa de desarrollo regional. Además, como es sabido, la Comunidad Económica Europea exige la elaboración de estos programas para tener acceso a sus fondos de desarrollo regional, .por lo que sería también recomendable que la metodología de los mismos se ajustase a las normas de la Comunidad Europea al respecto».

Recomiendan

la planificación economía regional y general

Los expertos piden que esta programación no esté contenida en la ley del Fondo, que no se alterará en cinco años, y recomienda que «la forma más adecuada de acometer una planificación regional es en el

marco de una planificación general de la economía, prevista en el artículo 131 de la Constitución».

El documento incluye un resumen de conclusiones y recomendaciones que reproducimos textualmente en estas páginas, y contiene, además, cuatro grandes capítulos. El primero se refiere al : propósito y contenido global del informe.

El segundo fija los criterios generales, consideraciones previas, principios inherentes al esquema financiero (acotación de competencias, distribución sucesiva de las mismas, autonomía financiera e internacionalización de costes y la necesidad de una coordinación creciente) y criterios para el desarrollo del proceso de transferencias, tales como economicidad, compromiso de consistencia interna y continuidad del proceso.

El tercer capitulo trata de los mecanismos de financiación de las comunidades autónomas. Destacan en él los distintos sistemas de financiación, según sea por concierto o convenio o por la LOFCA y los elementos de contacto que hay entre arribos sistemas. Se detiene con especial detalle en el sistema LOFCA, con su estructura general de financiación, la cobertura del coste de los servicios transferidos, el periodo transitorio y el definitivo, los mecanismos re-distributivos, la garantía de un nivel mínimo de prestación de servicios públicos, el Fondo de Compensación, los programas de desarrollo regional y las necesidades de información económico financiera.

En este capítulo, los expertos aclaran minuciosamente la base de cálculo utilizada para contar con la inversión pública nueva. Un apartado particular dé este capítulo tercero va dedicado al sistema de concierto económico con el País Vasco, con la elaboración del proyecto de ley de cupo para el quinquenio 1982-1986 y el convenio económico con Navarra.

El cuarto capítulo analiza la coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas en materia económico-financiera.

 

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