El uso de las lenguas cooficiales     
 
 Ya.    18/03/1981.  Páginas: 1. Párrafos: 4. 

El uso de las lenguas cooficiales

"El Gobierno ha enviado a las dos cámaras del Parlamento español los criterios para la elaboración y aprobación de una ley del Estado «que establezca los principios que armonicen las disposiciones normativas de las comunidades autónomas en -punto a la utilización de los términos «nación», «nacional», «nacionalidad»; a la garantía del uso y enseñanza del idioma castellano en todo el territorio nacional, junto con las lenguas propias de las comunidades autónomas, y a las reglas relativas a la adquisición, conservación y pérdida de la condición política de los ciudadanos españoles que tengan vecindad administrativa en los municipios situados en las distintas comunidades autónomas». Hace así uso del artículo 150.3 de la Constitución, por considerar (el Gobierno) que esa ley es de interés general en las actuales circunstancias, y pide a las cámaras que aprecien, por mayoría absoluta, la existencia de esa necesidad y, en consecuencia, tramiten dicha ley.

que, alli donde el castellano y otra lengua sean cooficiales, «los ciudadanos tengan derecho a elegir el idioma oficial que prefieran en sus relaciones con las autoridades y órganos de la comunidad correspondiente».

Creemos ver dos actitudes que chocan: el intento de los catalanistas de reestablecer un equilibrio entre castellano y catalán y el criterio —ahora asumido por el poder central— de que es el ciudadano el que tiene que elegir el idioma que use en sus relaciones educativas, profesionales e institucionales, Nosotros queremos dejar bien sentado que ha de estar clara la obligación de que los residentes permanentes en Cataluña aprendan el catalán, pero intentar, desde el poder autonómico, forzar la máquina del uso habitual del idioma cooficial no castellano, al margen del convencimiento y libre elección de los ciudadanos, nos parece tan antidemocrático como la conducta del régimen anterior, que ha conducido al catalán a su actual situación. El camino del convencimiento es, sin duda, más lento, pero más sólido y más democrático. La coacción institucional, además de ser muy peligrosa para la convivencia y para la democracia misma, no nos parece de relieve.

HACE días comentamos lo relativo al uso de «nación», «nacional» y «nacionalidad». Queda ahora por comentar el espinoso problema de la lengua, de candente actualidad en Cataluña por haberse lanzado a la opinión pública graves denuncias que ni la Generalidad ni los sectores nacionalistas aceptan como realidades. Ayer mismo, el Consejo Ejecutivo de la Generalidad emitía una larga nota para quejarse, una vez más, de la incomprensión hacia el problema catalán y para adarar que la lengua propia de Cataluña continúa, a consecuencia de la opresión sufrida en décadas pasadas, en situación de inferioridad de uso, tanto en los medios de comunicación social como en las escuelas, Concluye la Generalidad que, aun con todo respecto y prudencia, deben fomentar el catalán para reequilibrar la situación.

Y ahí está, a nuestro entender, la dificultad de la situación planteada, grave dificultad que el poder central parece haber apreciado al enviar al Parlamento de Madrid la citada ley, en la que, sin desconocer los mandatos legales de los estatutos autonómicos, requiere que todos los cargos de instituciones públicas, incluidas las autonómicas, hagan «expresa manifestación de acatamiento al ordena-

miento constitucional, y apunta

 

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