Informe Enterría sobre aspectos económicos. 
 El proceso autonómico no debe generar más burocracia     
 
 Ya.    02/07/1981.  Página: 25. Páginas: 1. Párrafos: 10. 

Informe Enterría sobre aspectos económicos

El proceso autonómico

no debe generar más burocracia

«El esquema de descentralización publica contenido en la ley de Financiación de Comunidades Autónomas (LOFCA) resulta adecuado para desarrollar todos los mecanismos de financiación exigidos por el proceso autonómico», según pone de manifiesto el segundo informe Enterría sobre los aspectos económicos de las Comunidades Autónomas (CC. AA.) presentado el miércoles al Gobierno.

El desarrollo financiero del proceso autonómico debe comportar la negociación, que, en ningún caso, podrá ser el resultado de la habilidad o la fuerza de las partes. Constitucionalmente sólo existen dos mecanismos de financiación: el sistema de conciertos para los territorios forales y el sistema general de la LOFCA.

En todo caso, los decretos de transferencias deberán contener: servicios que se traspasan, facultades o competencias a ejercer por las CC. AA., facultades que se reserva el Estado, las competencias conjuntas, la relación de medios personales y materiales adscritos a los servicios transferidos, la valoración exacta del coste y la identificación de los créditos correspondientes a los servicios que se transfieren. Estos créditos deberán ser puestos inmediatamente a disposición de las CC. AA., dándoles simultáneamente de baja en cada sección presupuestaria.

El Estado se reserva las medidas que afectan a la unidad de mercado, así como la función re-distributiva, sin perjuicio de que los fondos correspondientes, que constituyen una carga general del Estado, puedan ser gestionados a través de las propias CC. AA. No se debe producir ningún aumento de la burocracia como consecuencia del proceso autonómico. Para ello siempre que en la valoración de los servicios transferidos se computen gastos de personal deberá transferirse el personal de la Administración del Estado correspondiente a cada transferencia. Por otra parte, este proceso es una excelente oportunidad para proceder a la reforma de la Administración del Estado.

El coste efectivo de los servicios transferidos será el que incurrió efectivamente el Estado dentro del ámbito territorial de la comunidad autónoma, durante el año inmediatamente anterior al de la efectividad de la transferencia; costes directos, costes indirectos y gastos de inversión. La valoración del coste efectivo de los servicios se hará por medio de una metodología común, elaborada por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Los procesos de transferencias deberían realizarse mediante una comisión mixta única, que acuerde los servicios transferidos y su valoración provisional y definitiva. Hasta que se produzca la valoración definitiva se transferirán provisionalmente los créditos correspondientes del presupuesto del Estado.

Fondo interterritorial

La fijación del porcentaje definitivo de participación, dada su naturaleza, hace aconsejable que se considere en un proceso de negociación entre el Estado y las CC. AA. Se considera urgente la elaboración de una ley que regule el Fondo de Compensación ínter-territorial, en la que se contemplen los criterios para su distribución, el tipo y cuantía de las inversiones, el sistema de selección de proyectos y las formas pertinentes de control. La base de cálculo para determinar la cuantía del fondo debe incluir toda la inversión real destinada a la ampliación del capital público, excluyendo los gastos de conservación, mejora y sustitución del capital.

Todas las CC. AA. tendrán acceso a los recursos provenientes del Fondo de Compensación Interterritorial, sin perjuicio de que la distribución del mismo se concentre en la comunidad menos desarrollada. Los proyectos incluidos en el fondo se articularán en programas de desarrollo regional, elaborados conjuntamente por el Estado y las CC. AA. Aunque no se disponga de la ley del Fondo de Compensación Interterritorial, los presupuestos del Estado para el próximo año deberán de incluir una dotación con análoga finalidad, con objeto de ensayar el funcionamiento de los mecanismos de coordinación.

El sistema de conciertos, en su concepción y metodología, no constituye ningún factor de discriminación dentro del panorama autonómico español. No obstante, es fundamental una correcta determinación del cupo, por lo que es recomendable que para la próxima ley del cupo 1982-1986 se preste especial atención a su determinación, que debería ser la misma para el caso de Navarra.

Se encarece la pronta constitución del Consejo de Política Fiscal y Financiera, sin el cual no cabe imaginar el funcionamiento de un esquema de financiación descentralizada. Asimismo, parece aconsejable elaborar una norma legal que facilite la delimitación de competencias en materia económica y financiera entre el Estado y las CC. AA.

Constituido el Consejo Fiscal para comunidades autónomas

A las siete de la tarde de ayer concluyó en el Ministerio de Hacienda la reunión constitutiva del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas.

A la reunión, que se prolongó por espacio de una hora, asistieron los ministros de Economía y Comercio, Hacienda y Administración Territorial, García Diez, García Añoveros y Martín Villa, respectivamente, y los siguientes consejeros de Economía y Hacienda de las diversas comunidades autónomas: Junta de Andalucía, Rafael Bellvis; Diputación Foral de Navarra, Ángel Lasunción; Junta de Canarias, Luis Hernández; Gobierno vasco, Pedro Luis Uñarte; Generalidad de Cataluña, Ramón Trías Fargas; Consejo Interinsular Balear, Francisco Javier Balaguer; Junta de Murcia, José María Llamas; Diputación General de Aragón, Manuel Tisaire; Junta Castilla-La Mancha, Agustín de Grandes; Junta Castilla-León, Jesús Hervella, y Consejo General de Asturias, Juan Bautista Fernández Hidalgo.

La reunión de ayer es la primera que celebra esta comisión, creada en el marco de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) para la adecuada coordinación entre la actividad financiera de las comunidades autónomas y de la Hacienda del Estado.

Concretamente, en el artículo tercero de la LOFCA, que hace referencia a la creación de esta comisión, establece que el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades autónomas, como órgano consultivo y de deliberación, entenderá de la coordinación de la política presupuestaria de las comunidades autónomas con las del Estado, el estudio y valoración de los criterios de distribución de los recursos del fondo de compensación, así como el estudio, elaboración y la revisión de los métodos utilizados para el cálculo de los costos de los servicios transferidos a las comunidades autónomas.

En la misma ley orgánica se contempla la posibilidad de que la Comisión de Política Fiscal y Financiera aprecie las razones que justifican en cada caso la percepción por parte de cada una de las. comunidades autónomas de las asignaciones presupuestarias.

 

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