Autor: Sáenz-Díez, Juan Ignacio. 
 El patrimonio histórico y su protección legal. 
 La disfunción autonómica     
 
 ABC.    06/01/1982.  Página: 29. Páginas: 1. Párrafos: 7. 

El patrimonio histórico y su protección legal

la disfunción autonómica

Los distintos modelos de estatutos de autonomía introducen peligrosos precedentes cuyas consecuencias, en parte imprevisibles, pueden suponer un grave fenómeno de disfuncionalidad en la. defensa del patrimonio histórico-artístico, aparte del consiguiente agravio comparativo entre regiones y nacionalidades. Más delicado aún es el tema de posibles roces constitucionales puesto que para asegurar la igualdad de todos los españoles afectados por las normas relativas a conservación y defensa del patrimonio histórico-artistico, el artículo 149-1.1 de la Constitución establece que la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en cumplimiento de los deberes constitucionales son de competencia exclusiva del Estado. Igual gravedad reviste el hecrio de que el artículo 149-1.28 de la Constitución establece que el Estado tiene competencia exclusiva en materia de defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la exposición, añadiendo: museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por las comunidades autónomas. El Estatuto vasco confiere todas las competencias a la Comunidad autónoma, inclusive el ejercicio de la que dicho artículo 149-1.28 reserva al Estado. El Estatuto catalán por su parte confiere todas las competencias a la Comunidad autónoma, con la salvedad de las que quedan atribuidas al Estado por el citado artículo.

Parece, pues, claro que la gestión y los actos administrativos pueden pasar de forma más o menos generalizada a las Comunidades autónomas. Pero en contraste con los Estatutos vasco y catalán el resto de los estatutos de las Comunidades autónomas tienden a reservar unas competencias muy amplias a favor del Estado, lo que contrasta con el espíritu de que todas las autonomías alcancen un techo similar.

En la práctica, la transferencia, de constitucionalidad difícilmente defendible, de la facultad normativa (caso vasco) y de la gestión en materia de exportación que llegaría incluso a la autorización o denegación de licencias cuando se trate de objetos propios del patrimonio histórico-artístico de interés para Cataluña (caso catalán) se traduce en un posible caos normativo que rompería el propósito del actual proyecto de ley de Patrimonio Histérico-Artístico que, en su origen apuntaría a refundir en una norma ordenada y esencial la profusa gama de disposiciones emanadas desde el año 1933 en desarrollo de la ley vigente.

Por otra parte, esto llevaría a la contradicción al menos aparente, de los párrafos segundo y tercero del artículo 5.° del actual proyecto de ley en los que, si por una parte se mantiene que fe ley que resulte de! proyecto es directamente aplicable en todo el territorio español, por otra se establece que dicha ley se aplicará en defecto del derecho propio de las Comunidades autónomas, del que, en todo caso, constituirá derecho supletorio.

No es difícil prever que al quedar abierta la posibilidad en el propio proyecto de que las Comunidades autónomas asuman el desarrollo y ejecución de dicha ley de acuerdo con lo que dispongan sus respectivos estatutos y, dada la diversidad de los mismos, se desemboque en un profuso, complicado y aun contradictorio conglomerado de normas dispares que sitien al ciudadano español ante una situación que haga difícil mantener la garantía constitucional del artículo 149.1.1 antes mencionado, según la cual 1a regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles, son de competencia exclusiva del Estado. Afortunadamente, el apartado 3 del artículo 3.a del proyecto de ley, sí no para paliar lo antedicho, sí al menos para aminorar sus posibles consecuencias negativas, establece que «La Administración del Estado podrá actuar subsidiariamente en defensa del patrimonio histórico-artístico español, previo requerimiento a la Comunidad autónoma

En el nivel de la normativa general del Estado existe una dicotomía entre la legislación específica del patrimonio histórico-artístico y la ley del Suelo. Ambas no son suficientes para asegurar la protección efectiva del patrimonio histórico-artístico por tener un carácter defensivo y prohibitivo, pero realmente poco atractivo en cuanto a motivaciones socioeconómicas que, en definitiva, son una de las causas que estimulan a los ciudadanos a la conservación de su patrimonio.

En el panorama que podríamos llamar futurista de nuestro ordenamiento jurídico hace ya años que se vienen anunciando medidas que, ciertamente, vendrían a remediar o a compensar las deficiencias de la legislación a

la que acabamos de referirnos. Dichas medidas son la anunciada ley de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico y los proyectos relativos a los arrendamientos urbanos con una actualización racional de las rentas congeladas que permitieran a propietarios y arrendatarios disponer de medios y estímulos suficientes para las tareas de conservación; se ha esbozado también la posibilidad de extender los beneficios de protección oficial a la restauración de viviendas de los centros histórico-artísticos que hoy en dia se aplican sólo a viviendas de nueva construcción; aunque en realidad el real decreto de 26 de septiembre de 1980 contempla esta posibilidad, en la práctica siguen sin existir cauces para que las instituciones crediticias, públicas y privadas, concedan de forma oficial estos beneficios a quienes quieran mejorar sus viviendas en tos cascos históricos.

Actualmente se tramita también el proyecto de ley de Protección Pública a la Vivienda. Sería, además, necesario mejorar los criterios de aplicación de ayudas con, cargo a los no pequeños presupuestos de los Patronatos para la mejora de la vivienda rural regulados por el real decreto 2.683/1980, de 21 de noviembre, quizá haciendo intervenir a las Comisiones Provinciales de Patrimonio Artístico. Estas mismas deberían intervenir en la concesión de créditos a través del Banco de Crédito Agrícola y del IRYDA para mejoras de viviendas o instalaciones de explotaciones agrícolas que contempla la ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973, ya que la aplicación de estas ayudas más bien ha contribuido a degradar el patrimonio artístico rural que a potenciarlo.

Por lo que se refiere a bienes muebles de carácter histórico-artístico, es evidente que la ley de 13 de mayo de 1933, hoy vigente, era menos completa y progresiva en relación con los bienes muebles.

El régimen de los bienes muebles que contempla el actual proyecto de ley no es del todo suficiente, en primer lugar porque su efectiva virtualidad queda, en cierto modo, a merced de la interpretación práctica que se haga de su articulado. Además, y por el hecho de que, al ser necesario que dichos bienes sean incluidos en un «catálogo» o en un «inventario» para asegurar su protección específica, está en clara contradicción con la realidad operante que demuestra que después de casi cincuenta años desde que fue promulgada la ley de 1933 apenas se han realizado catálogos científicos

La anterior enumeración esquemática señala alguna de las vertientes esenciales de la protección de nuestras raíces físicas culturales. —Juan Ignacio SAENZ-DIEZ.

 

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