Autor: Peiró, Luis. 
 Si no se aprueba en junio puede llegar a no promulgarse. 
 UCD y PSOE intentan acelerar al máximo los debates sobre la LOAPA     
 
 ABC.    27/05/1982.  Páginas: 1. Párrafos: 8. 

Si no se aprueba en junio puede llegar a no promulgarse

UCD y PSOE intentan acelerar al máximo los debates sobre la LOAPA

MADRID (Luis Peiro). Por encima de sus fuertes divergencias sobre la LOAPA, los grupos vasco y catalán y el PCE mantuvieron una dura pugna con UCO y PSOE para decantar el ritmo a que han de llevarse los debates, lo que motivó numerosas discusiones procedtmentales. De momento, la Comisión Constitucional sólo pudo aprobar ayer el primero de los artículos del polémico proyecto.

Los dos grupos mayoritarios intentaron por todos tos medios, aunque ayer no lo consiguieron, acelerar al máximo las discusiones, conscientes de que el calendario es sumamente estrecho, y si la ley no queda definitivamente aprobada cuando en junio finalice el periodo de sesiones, difícilmente (legará al «Boletín Oficial del Estado». Un portavoz socialista apuntaba gráficamente que «o la LOAPA liega a) "BOE" el mes que viene o no habrá LOARA», aludiendo claramente a la incertidumbre que pesa en la Cámara sobre cuál va a ser el futuro de esta legislatura tras el verano.

Comunistas, vascos y catalanes se apoyaron en que el proyecto es anterior al nuevo Reglamento, por lo que reclamaron y consiguieron defender, a tenor del antiguo, las dos enmiendas a la totalidad con texto alternativo, presentados por el PNV y el PCE. Sus tesis fueron rechazadas. El anuncio del presidente en funciones de la Comisión, señor Vega Escandrón, de que a partir del artículo dos se procederá a una reordenacíón de los debates —socialistas y centristas han pedido que se fijen tiempos para la discusión de las enmiendas—, fue acogido con recelos por las minorías. Marcos Vizcaya, Solé Tura y Roca expresaron su no oposición a que se reordenen tos debates, siempre que cada grupo disponga del tiempo necesario para expresar sus posiciones. En palabras de Marcos Vizcaya «este proyecto es sumamente importante y la opinión pública debe conocer las razones de nuestra oposición», lo que fue contestado por el socialista Leopoldo Torres con claras muestras de desaprobación: «Sobre este proyecto ya han corrido ríos de tinta.» Argumento reiterado una y oirá vez por el PSOE y la UCO en su oposición a reproducir de nuevo el debate de totalidad.

Los dos grupos mayoritarios tuvieron también ayer la definición de una nueva oposición, que, a juzgar de muchos observadores, soto puede ser fruto de las circunstancias políticas que se derivan de las elecciones de Andalucía. El portavoz de Alianza Popular, Antonio Carro, condicionó su voto al proyecto a la aceptación de una enmienda transacional que, desde el artículo primero, pondría en cuestión todo el título VIH de la Constitución, al admitir que el proyecto servía para modificar un proceso autonómico mal concebido constitucionalmente.

Carro se quedó con su soto voto a favor y la contra de todos tos demás, salvo una no explicada abstención socialista. Quizá el PSOE evitó entrar en una confrontación centrada en AP-UCD. Él diputado centrista José Luis del Vate tuvo una dura respuesta al aKancista, acusándole de buscar excusas para no votar la LOAPA, y de decir «una cosa en la calle y otra en el Parlamento».

COMPETENCIAS DEL ESTADO Y DE LAS COMUNIDADES

Pese a que los nacionalistas y el PCE pidieron su supresión, e! artículo primero quedó

aprobado sin modificaciones y con ningún voto en contra. En él se establece que el Gobierno y las Cortes Generales, fuera de los casos previstos en la Constitución, no podrán interferir el libre ejercicio de las potestades legislativas o ejecutivas de las Comunidades autónomas en las competencias que les sean exclusivas de acuerdo con la Constitución, sus Estatutos de autonomía y la legislación del Estado.

En un segundo apartado, el proyecto considera que el ejercicio de estas competencias no será obstáculo para que el Estado actúe conforme a las que le reserva la Constitución, ni excusará a las Comunidades autónomas de tos deberes que ante el propio Estado y tos ciudadanos les impone la Constitución.

Miguel Roca quiso ser contundente. Nada dice el artículo que no se haya dicho, porque un texto que quiere interpretar la Constitución y tos Estatutos de autonomía no tiene sentido que defina las competencias exclusivas de las Comunidades autónomas, como aquellas contenidas en tos preceptos de referencia: la Constitución, los Estatutos y las leyes del Estado.

Se produjo entonces un duelo dialéctico de guante blanco entre Roca y el socialista Zapatera. Le dijo el portavoz del PSOE al de la Minoría Catalana que el texto era fruto de su participación en la Ponencia, «no sea el señor Roca tan autocrítico con sus propias obras», ironizó.

El político catalán le contestó filosóficamente: «Hay dos medios de suprimir algo que no se quiere; como el texto original de este artículo era lesivo, y no lo pudimos quitar, propugnamos en Ponencia que se dijera algo que nacía decía y es lo que prosperó.» Marcos Vizcaya explicó que el artículo era asi porque los firmantes de los pactos autonómicos no tuvieron más remedio que incorporar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, porque antes era inconstitucional lo que decía el proyecto.

El comunista Solé Tura dijo que no se aclaraba con esta fórmula cuáles son las competencias exclusivas de Estado y Comunidades autónomas, y, llevado del recelo que ya había expresado desde el principio, —«como no pueden recortar formalmente los Estatutos, pues sería ilegal, lo que hacen es vaciarlo materialmente de contenido»—, propuso una enmienda que, a su juicio, delimitaba objetivamente las competencias exclusivas y las compartidas de uno y otro. Volvió a la carga Virgilio Zapatero con pretensiones de zanjar la cuestión.

El propio Tribunal Constitucional habla de ambigüedades en la Constitución y en los Estatutos, a la hora de definir competencias exclusivas; pues bien, he aquí tos criterios para definir tales competencias. El marco no es sólo los Estatutos de autonomía, como pretenden el PNV y Minoría Catalana, son ellos y, sobre todo, la Constitución y las leyes que de ella emanan. El Estado no tiene las competencias «residuales» que derivan de tos Estatutos, sino las que emanan de la Constitución, «fíjense si dice cosas el artículo».

 

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