Autor: Angulo, Javier. 
 Los partidos mayoritarios quieren llevar la ley al Pleno antes de que termine el período de sesiones. 
 El Congreso imprime un ritmo acelerado a los debates de la LOAPA, entre las protestas de nacionalistas y comunistas     
 
 El País.    02/06/1982.  Páginas: 1. Párrafos: 24. 

Los partidos mayoritarios quieren llevar la lev al Pleno antes de que termine el período de sesiones

El Congreso imprime un ritmo acelerado a los debates de la LO APA, entre las protestas de nacionalistas y comunistas

JAVIER ÁNGULO

En medio de las reiteradas protestas de los representantes de las minorías nacionalistas y del grupo comunista por el ritmo acelerado que se imprimía al debate, a partir de la aplicación estricta del reglamento por parte de la Mesa, la Comisión

Constitucional del Congreso, en algo más de dos horas y media, dictaminó favorablemente y sin modificación alguna el texto de la ponencia referido a los artículos cinco al once, ambos inclusive, del título primero de la ley orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA).

La jornada de la mañana fue pródiga en incidentes procedimentales y en protestas de nacionalistas y comunistas, por la decisión inflexible de la Mesa de conceder un turno de diez minutos para explicación de enmiendas y un minuto para las réplicas, en abierto contraste con la elasticidad mostrada por aquélla en las dos primeras sesiones celebradas por la comisión la semana pasada.

Esta postura de la Mesa y la afirmación hecha casi al principio de la sesión por el representante de UCD Osear Alzaga en torno al interés de su partido "de evacuar el trámite de comisión a la mayor brevedad", confirmaba la impresión de que tanto centristas como socialistas —aunque estos últimos no hicieron expresa mención de ello en el debate— desean que la ley llegue al Pleno del Congreso antes de la conclusión del período de sesiones, prevista para el 30 de junio. La comisión podría terminar hoy su dictamen.

La comisión inició la sesión con el debate del texto del articulo cinco, que tiene su punto más conflictivo en el apartado primero, según el cual "la armonización normativa por razones de interés general podrá hacerse antes o después deque las comunidades autónomas hayan dictado las correspondientes disposiciones que han de ser objeto de la misma". También motiva recelos el apartado tres del mismo artículo, en el que se prevé que "los principios que en las leyes de armonización se establezcan obligan al Estado y a las comunidades autónomas a dictar las normas de adaptación, sin perjuicio de su eficacia inmediata a partir de la fecha de su entrada en vigor".

Armonización incomprensible

Las minorías nacionalistas y el grupo comunista enfocaron sus enmiendas en el sentido de resaltar que resulta incomprensible, por no estar explicitado en el artículo 150.3 de la Constitución, que se produzca una armonización normativa por parte del Estado antes de que las comunidades autónomas hayan dictado las correspondientes disposiciones legislativas, en aplicación de sus competencias.

La Minoría Catalana pidió la supresión de dichos apartados del artículo cinco, y propuso, en caso de que no prosperara esta iniciativa, una fórmula en la que se dijera que "la armonización a que se refiere el artículo 150.3 de la Constitución sólo será posible respecto de las disposiciones normativas de las comunidades autónomas, una vez aprobadas mayoritariamente".

En una línea similar de modificación y crítica al artículo se expresaron los representantes del grupo comunista y de la Minoría Vasca.

Marcos Vizcaya aprovechó la ocasión para poner en tela de juicio, una vez más, la legalidad y el alcance de las leyes de armonización. Con citas de juristas como Leguina, el representante vasco

se refirió al peligro que supone el uso indiscriminado de este tipo de leyes que, en su opinión, suponen una alteración del reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.

En ese momento le interrumpió el presidente de la comisión, Emilio Attard, para recordarle que había consumido los diez minutos que le correspondían. El representante del PNV, como harían luego el de la Minoría Catalana, el grupo comunista y Pi Suñer, de Izquierda de Cataluña, protestaron ostensiblemente ante la actitud de la Mesa.

Espera absurda

Osear Alzaga intervino a continuación para afirmar que discutir hoy si cabe o no dictar en su caso leyes de armonización antes de que las comunidades autónomas hayan dictado sus normativas es reproducir argumentos y tesis sobre las que ya se extendieron las fuerzas políticas en el debate celebrado en septiembre del año pasado, en el que se apreció interés general a la LOAPA. "Esperar", dijo, "a que las comunidades autónomas hayan dictado sus normativas para dictar leyes de armonización conduce al absurdo. Bastaría con que algunas comunidades autónomas no lo hayan hecho para convertir en inviable esta ley".

La concesión luego por parte de la Mesa de sólo un minuto para las réplicas (en el reglamento se deja a la decisión de la Mesa la posibilidad de alargarlas hasta cinco minutos) provocó la unánime protesta de catalanes, vascos y comunistas, que en voz alta comentaron por primera vez su intención de no defender sus enmiendas. "No sé qué hacemos aquí, si lo que quiere Alzaga es acabar cuanto antes con la ley. Este debate no sirve para nada", manifestó el comunista Jordi Solé Tura.

Se produjo entonces un denso diálogo entre los representantes de los grupos minoritarios y la presidencia de la Mesa, que llevó a Emilio Attard a afirmar: "Señores, no hagan más pesada la

labor de esta Mesa". Le replicó Marcos Vizcaya, quien afirmó que su grupo "no está por la labor de cumplir el expediente y vulgarizar un debate tan trascendente como el de la LOAPA", y anunció que desde ese momento sometería a votación sus enmiendas sin defenderlas. Attard, a su vez, rechazó cualquier apariencia de "actuación de guillotina" por parte de la Mesa.

En un clima-caldeado, el propio Osear Alzaga tomó la palabra para rechazar las acusaciones que se le habían hecho y matizar que "UCD asume una actividad legislativa, y por ello el momento actual del calendario legislativo nos obliga a terminar el debate de la ley en comisión cuanto antes, pero bien". Luego manifestó que los incidentes procedimentales que estaban protagonizando las minorías no eran sino triquiñuelas dilatorias y una excusa para ocultar su falta de argumentos contra el artículo quinto. Esta afirmación fue recibida con muestras ostensibles de enfado por vascos y catalanes, que la calificaron en voz alta de provocación.

Todas las enmiendas a este artículo fueron desestimadas, y tras la votación, el texto resultó dictaminado favorablemente, con los votos a favor de UCD y PSOE y en contra de las minorías catalana, vasca y andalucista, grupo comunista y Pi Suñer.

Con una casi nula defensa de sus enmiendas por parte de las minorías nacionalistas y del grupo comunista, que se abstuvieron en la votación, fueron luego aprobados sin modificaciones los textos de la ponencia de los artículos seis, siete y nueve.

Así se llegó a la discusión del artículo diez, en el que se establece que "el ejercicio dé las competencias del Estado y de las comunidades autónomas que afecten a la utilización del territorio y al aprovechamiento de los recursos naturales que sean de interés general se ajustará, en todo caso a las directrices generales que establezcan los planes aprobados conforme al artículo 131 de la Constitución". Este sería aprobado finalmente con el apoyo de UCD y PSOE. Las minorías nacionalistas, los comunistas y Coalición Democrática expresaron su abierto rechazo al artículo, que, en su opinión, mezcla dos conceptos dispares, ya que el Estado tiene plena competencia sobre el aprovechamiento de los recursos naturales de interés general, pero no en la utilización del territorio, que compete a las comunidades autónomas.

Marcos Vizcaya entregó a la Mesa, para su lectura, una enmienda transaccional en la que se afirma que "el ejercicio de las competencias del Estado y de las comunidades autónomas que afecten directamente a la actividad económica general se ajustarán a las directrices generales que en su caso establezcan los planes elaborados y aprobados de acuerdo con el artículo 131 de la Constitución".

Para el PNV, el partido más opuesto a este artículo diez de la LOAPA, este precepto extiende la posible planificación de la actividad económica general, prevista en el artículo 131 de la Constitución, a todas las competencias exclusivas de las comunidades autónomas referidas a la utilización del territorio y apunta un peligro de intervencionismo por parte del Estado.

Sesión de la tarde

Sin una sola modificación respecto al texto de la ponencia y sin debate alguno, la comisión aprobó por la tarde los 18 artículos que constituyen los títulos II, III, IV y V de la LOAPA, referidos a las relaciones entre las comunidades autónomas y diputaciones provinciales, el régimen general de las administraciones de las comunidades autónomas, las transferencias de servicios y de la función pública.

A lo largo de la sesión de tarde fueron muy escasas las intervenciones de UCD y PSOE en defensa del articulado de tres títulos no especialmente conflictivos, por lo que el trabajo de la comisión se redujo a una pura defensa, cuando existió, de enmiendas por parte de los grupos minoritarios —Marcos Vizcaya mantuvo su actitud de guardar silencio— que iban siendo sistemáticamente rechazadas.

El título III, que regula las relaciones entre las comunidades autónomas y las diputaciones provinciales, articula un sistema en virtud del cual las diputaciones provinciales se convierten en los órganos ejecutores de las competencias asumidas por cada comunidad autónoma, al margen de sus propias competencias.

El principal problema que plantea el título es que no es homogénea la consideración que las diputaciones provinciales tienen en cada comunidad autónoma. Los grupos nacionalistas se abstuvieron generalmente en este título, por creer que enfoca de modo tutelar esta relación.

En las votaciones de todo el articulado de este título II se abstuvo el grupo vasco, dado que en ponencia consiguió que se incluyera un artículo en el que se explicitara que "todo lo dispuesto en el presente título se entenderá siempre sin perjuicio del régimen propio de las diputaciones una clara referencia a las diputaciones vascas.

 

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